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2008-06-11 08:00:00
La legislación de inteligencia y contrainteligencia había sido duramente cuestionada por la oposición y -entre otros aspectos- obligaba a realizar este tipo de acciones a cualquier ciudadano cuando lo requiriera la autoridad.
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Escrito por Claudio Rojas Araya
El presidente venezolano, Hugo Chávez, determinó derogar una polémica ley de inteligencia y contrainteligencia luego de admitir que el instrumento tenía artículos contrarios a la Constitución, pese a que había sido aprobado por el Gabinete.
La ley, que fue tildada por opositores como "ley sapo," contenía en su texto la obligación de cualquier persona a cumplir labores de inteligencia si así lo solicitaban las autoridades o ser enjuiciados por la Fiscalía en caso de negarse.
"Por eso la decisión que tomo es derogar toda la ley y dejarle a la Asamblea Nacional una ley que ordene (...), articule los distintos cuerpos de inteligencia que existen en el país," explicó en un acto con trabajadores siderúrgicos.
La ley fue aprobada por Chávez como parte de los poderes especiales que le otorgó el año pasado el Parlamento para legislar en una amplia gama de materias.
Algunos analistas han calificado la rectificación como una estrategia del mandatario para recobrar la confianza de los venezolanos ante unas elecciones regionales a fines del año.
El fin de semana, el mandatario había anunciado que la ley sería modificada por tener errores, pero explicó que decidió anularla por considerar "desastroso" parte del articulado.
"Es en verdad contrario al espíritu que a nosotros nos mueve. Es contrario a la Constitución, no tengo duda en decirlo," comentó en una acto en el palacio presidencial.
Adversarios al militar retirado, que dice conducir al país hacia el socialismo, le habían pedido revocar la ley, mientras que grupos defensores de los derechos humanos alertaron que se crearía una sociedad de espías, lo que fue desestimado por funcionarios del Gobierno.
Chávez había explicado que la ley buscaba crear un sistema nacional de inteligencia y terminar con la autonomía de algunos cuerpos policiales.
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