Proyecto Hipógeno desata "Guerra del Agua"

Se podría decir, que en parte, es el origen del actual conflicto que se desata entre Minera Carmen de Andacollo y los agricultores de la zona de Pan de Azúcar en la IV región, Coquimbo. Por: Karla Ferreira.
Imagen de Karla Ferreira Rodríguez
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13 de Marzo, 2009 14:03
La guerra del agua ya se ha desatado, mientras en otros confines del orbe las personas sobreviven con menos de un litro diario, en nuestro país ya se encuentra en plena marchar el imperativo de nacionalizar el agua, que en la actualidad pertenece en un 82% a Endesa. El resto está distribuida entre agricultores y regantes, principalmente.
Y como ningún hecho está aislado, el ejercicio que muchos dueños de derechos de agua han venido haciendo en los últimos años, está pasando “la cuenta del agua”. Esto, significa que muchos agricultores, especialmente en el norte de nuestro país, han optado por vender sus derechos de agua a grandes mineras.
Se podría decir, que en parte, es el origen del actual conflicto que se desata entre Minera Carmen de Andacollo y los agricultores de la zona de Pan de Azúcar en la IV región, Coquimbo. Desde el acuífero, El Culebrón, la empresa extraería el recurso hídrico para la ejecución de su proyecto hipógeno., (428 litros por segundo), que en palabras simples, representa la ampliación de las faenas mineras, llevándola a cuadruplicar su producción, hasta unas 80 mil toneladas de concentrado de cobre y oro al año y extendiendo la vida útil del yacimiento en 23 años, que de otro modo dejaría de extraer mineral entre 2009 a 2010.
El proyecto, considera una inversión de US$ 350 millones en la zona de Pan de Azúcar en la IV Región. La iniciativa permitirá a esta cuprera de propiedad de la canadiense Teck Cominco -el Estado chileno a través de Enami tiene un 10%-.
En medio de gran revuelo, sobre todo por parte de numerosos agricultores descendientes de italianos y habitantes del sector de Pan de Azúcar, el Proyecto Hipógeno ya fue aprobado por la Comisión Regional de Medio Ambiente (COREMA) y su puesta en marcha se prevé para el término del presente año.
Llama la atención que, durante la consulta ciudadana, se indicara a la Quebrada de Talca, como punto de extracción y que una vez finalizada esa instancia de participación, se cambiara unilateralmente por el acuífero El Culebrón.
Si bien los reclamos no vienen por el lado de los derechos de agua en el acuífero, que fueron comprados por la minera, pero si por un tema de “abuso de derechos”, según estiman los agricultores y habitantes del sector, (7.500 aprox), quienes de acuerdo a estimaciones, creen que de concretarse el volumen de agua que extraería la minera, se duplicaría la demanda, por lo que si se piensa que la fuente de agua podría tener una duración de 21 años, esta se reduciría a no más de tres, lo que implicaría poner una lápida sobre el valle agrícola.
La CONAMA recibió gran parte de los dardos, los afectados, solicitaron que la comisión, anulara el permiso y procedería a solicitar información más acabada a través de estudios especializados.
Frente a las críticas, el Director Regional de la CONAMA, Marcelo Gamboa, defiende y acota responsabilidades. “El SIA no entra en materia de las propiedades de las aguas, ni del ejercicio de los derechos constituidos, más bien, se analizan temas relativos a la contaminación, la salinización de las aguas. En ese sentido, sí se ha verificado un aumento en los niveles de sulfato, cloruro y nitrato, en algunos pozos”, informó.
Explicó, más adelante, que, lo que está en discusión, en este caso, es el balance hidrogeológico, es decir, cuan sustentable sería la explotación del acuífero, considerando la disponibilidad de aguas subterráneas.
El otorgamiento de los Derechos de Agua, así como, el cambio en los puntos de captación del recurso hídrico, es materia que está regulada en el Código de Agua y el ente estatal, con poder ejecutivo, a cargo de las gestión de las aguas, es la DGA:
“Y esa dirección, a la luz de los estudios realizados, manifestó su conformidad con el proyecto. Señaló Gamboa. Y agregó que: “La discusión que se está dando es que la DGA hubiera “sobre” otorgado derechos de agua”.
Con respecto a los puntos evaluados por la Comisión, en el tema de las aguas, Gamboa, indicó que: “Nos corresponde medir el impacto en la cantidad de recursos naturales renovables. A través del SIA, junto a la seremi de agricultura, planteamos una serie de condiciones y solicitamos información detallada de cuánta agua se va extraer de los pozos; pedimos un detalle de los niveles estáticos de las aguas subterráneas; información sobre la calidad físico química y química del agua, para ir evaluando la calidad del agua que se va bombeando, y pedimos que actualicen los estudios de balance hidrogeológico, estudios que se está elaborando”.
En cuanto al tema de que la extracción se haría en un solo punto, a través de siete pozos, Gamboa, señaló que existe un vacío en el Código de Agua, “Este no hace distinción entre derechos de aprovechamiento de carácter permanente y consuntivo de aguas subterráneas, y pasa de que la minería ha ido comprando derechos de aprovechamiento al sector agrícola y estos derechos tienen tazas de uso, reales. La discusión que se está dando es que la DGA hubiera sobre otorgado derechos de agua.
SEREMI AGRICULTURA
Por su parte, Cristian Saéz, Seremi de Agricultura de la IV región, uno de los opositores al proyecto, fue enfático al indicar que: “Vamos a agotar todas las instancias para velar porque el recurso que pudiese ser extraído por la minera, resulte sustentable. Creo que no es posible poner en riesgo una fuente de agua, fundamental para la comunidad de Pan de Azúcar, además hay que considerar el tema de la contaminación de las napas subterráneas, tengo mis reservas con relación a la sustentabilidad del proyecto. Se extraerá agua en el corto plazo y los propios informes avalan el impacto que tendrá”, enfatizó Saéz.
El seremi, en todo caso, opinó que no se trata de rechazar el proyecto sin más, ya que dejo: “Queremos que se realice el proyecto porque implica una importante fuente de trabajo para gente del sector, como de Tierras Blancas y las ciudades aledañas, estamos hablando de US$ 400 millones, pero, velaremos porque las comunidades del sector agrícolas y sus fuentes de trabajo no se vean afectadas, por lo que queremos un proyecto sustentable.
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