Comunas con casinos buscan retener recursos provenientes de salas de juegos
Ley 19.995 podría caducar las licencias que tienen los municipios para operar los casinos, y de paso, quitarles importantes recursos provenientes de estos recintos
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Escrito por Corresponsales El Observatodo
Materializar estrategias legislativas y jurisdiccionales, en orden a que los organismos competentes deroguen los artículos 2º y 3º transitorios de la Ley 19.995, que caducan las licencias otorgadas a los municipios para explotar y operar casinos en las comunas en funcionan, fue el principal acuerdo sostenido en Coquimbo entre el Alcalde de esta última ciudad, Oscar Pereira y los ediles Virginia Reginato, Alcaldesa de Viña del Mar, Myrta Dubost de Iquique, Edita Mansilla, Alcaldesa de Pucón, y Ramón Bahamonde, Alcalde de Puerto Varas.
Las alcaldesas y alcaldes se reunieron en la comuna porteña, para continuar el estudio de lo que ha sido el trabajo elaborado tras las conclusiones establecidas hace aproximadamente tres meses en Viña del Mar, ciudad en que estas autoridades, convocadas por la Alcaldesa Virginia Reginato, declararon como inconstitucionales los mencionados artículos, puesto que “atentan contra las normas y garantías establecidas en la Constitución Política, sobre todo en el hecho de ser una expropiación a los derechos, sin compensación alguna” declararon en esa oportunidad
La puesta en marcha de la normativa discutida significa que a partir de 2016, las comunas afectadas perderían recursos que representan entre 10 y 38% de sus presupuestos comunales. Esta regla estipula además que los municipios - junto con competir con otros proyectos privados - podrán seguir operando casinos si diseñan propuestas iguales o mejores a las existentes, sin embargo, y a juicio de las autoridades comunales, las utilidades, junto con compartirlas con el gobierno regional, igual disminuirían considerablemente.
El Alcalde de la ciudad puerto, Oscar Pereira, señaló que “continuaremos fortaleciendo acciones conjuntas para mantener el patrimonio comunal de nuestras ciudades tenemos plena convicción que el Congreso se equivocó y aprobó una norma inconstitucional, como es privar de un derecho adquirido, a través de la pérdida de la concesión del casino municipal” dijo el edil.
Pereira reafirmó que “el casino de juegos es municipal, los ingresos que percibimos por su funcionamiento permiten desarrollar obras de adelanto social cultural y deportivo, además de ser palancas promotoras de turismo. En este sentido, estamos esperanzados que por la vía judicial se revierta esta medida” añadió. En el caso de Coquimbo, el aporte estimativo del casino a la fecha, es de $ 2700 millones. Bajo la Ley de Casinos, esta cifra se reduciría a $ 1500 millones.
La Alcaldesa de Viña del Mar, Virginia Reginato junto con reiterar que esa ley constituye una expropiación de bienes municipales, agregó que “continuaremos en la labor que se traduzca en que las autoridades pertinentes comprendan que estas disposiciones provocan perjuicios irreparables a las ciudades antes referidas, al privárselas de importantes recursos destinados a su desarrollo” aseveró.
Ley de casinos
En su artículos 3º transitorio señala: “las leyes actualmente vigentes, a través de las cuales se ha autorizado el funcionamiento la instalación y funcionamiento de casinos de juego en las comunas de Arica, Iquique, Coquimbo, Viña del Mar, Pucón, Puerto Varas y Puerto Natales se entenderán derogadas desde la fecha en que las concesiones amparadas por dichas leyes se extingan definitivamente por cualquier causa, y en todo caso, a partir del 1 de enero del 2016. Con posterioridad a dicha fecha las comunas señaladas tendrán derecho preferentemente a ser sede de un casino de juego, cuando el proyecto postulado para alguna de ellas, al menos iguale el mejor puntaje ponderado de otro proyecto propuesto para una comuna distinta de aquellas.
La ofensiva para cambiar las disposiciones legales que regulan los casinos, se efectuarían porque ellas provocarán una pérdida de ingresos para las 7 ciudades que cuentan con locales de este tipo, a contar de siete años más. A contar de 2016, no hay ninguna garantía que las ciudades continúen teniendo un casino, pues se competa el periodo de concesión y deberán competir con las propuestas que se presenten en otras ciudades de la región.
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