Buenas conversaciones, buenos futuros
Las trampas del impuesto a la minería
21 Julio 2010
Cada uno de los cambios tributarios lleva su propia trampa una especie de “cazabobos” que permitirá, que las grandes empresas que explotan nuestro cobre terminen tributando, en dos años, lo mismo o menos que actualmente. Por Marco Enríquez O.
Marco Enríquez ... >
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El sistema impositivo chileno es asimétrico y completamente injusto: en el fondo, quienes llevan el peso de la carga pública son los pobres, la clase media y las empresas familiares, pequeñas y medianas. El impuesto a la primera categoría, que se supone dirigido a las ganancias de las grandes empresas, constituye apenas un exiguo 17%, y el royalty minero, en la actualidad, es de un 3%, uno de los más bajos del mundo. Tanto la Concertación, como la Coalición por el Cambio han sido renuentes a enfrentar un cambio en el sistema impositivo, que hoy se hace imprescindible.
En nuestro programa presidencial planteamos una serie de cambios radicales en el sistema impositivo que permitirían financiar la necesaria revolución en el campo educacional, en la salud, en seguridad y en la vivienda, que el Chile del Bicentenario requiere. Mis contendores, Eduardo Frei y el actual presidente, Sebastián Piñera plantearon, en diferentes foros, que no era necesaria una gran reforma del sistema impositivo; según el candidato de la Coalición por el Cambio, con un solo punto más de crecimiento se podrían financiar las reformas, que el candidato creía necesarias sin recurrir a una recaudación extraordinaria, vía tributación.
El terremoto y maremoto obligó al ahora Presidente a reconsiderar su dogmática posición respecto a mantener incólume el impuesto a la primera categoría y el que grava a la gran minería, especialmente del cobre. No puedo sino aplaudir la decisión de subir ambos impuestos, pues yo lo consideré, en forma mucho más radical e integral, en mis propuestas programáticas.
Cada uno de estos cambios tributarios lleva su propia trampa – una especie de “cazabobos” que permitirá, que las grandes empresas y las multinacionales, que explotan nuestro cobre terminen tributando, en un período muy corto, dos años, lo mismo o menos que actualmente. En el fondo, lo que define el aumento al impuesto de primera categoría es su transitoriedad: el Presidente de la República termina creyendo en el mismo mito que sostenía cuando era candidato – el crecimiento de un punto del PIB hace innecesario un cambio tributario que haga pagar a las empresas más ricas y favorezca a los ciudadanos de clase media y a la pequeña y mediana empresa.
El presidente Ricardo Lagos, para conseguir la aprobación de un escuálido 3% del royalty tuvo que empeñar la palabra del gobierno y del país, respecto a un compromiso de invariabilidad tributaria, hasta el año 2017. El gobierno actual pretende conseguir un royalty opcional, en base a un compromiso, por parte del Estado chileno, de mantener la invariabilidad, ahora, hasta el año 2027.
Las materias primas, en especial el cobre, abarcan un alto porcentaje de nuestras exportaciones y, por consiguiente, del ingreso de divisas, razón por la cual me parece discutible que un gobierno y un parlamento, elegidos ambos por un período de cuatro años, tengan el poder y se atribuyan una representación que les permite enajenar el derecho soberano de la ciudadanía, para decidir una materia tan importante como enajenar por un largo período, el derecho de modificar la tributación de empresas extranjeras, que explotan materias primas no renovables. Todas las democracias modernas tienen mecanismos plebiscitarios para resolver sobre aquellas materias que inciden, esencialmente, en la vida del país – lamentablemente, en Chile no se ha enfrentado una reforma política que permita la expresión de la soberanía popular en base a métodos de democracia directa.
No sólo el cobre, sino también otros minerales y, sobretodo, la conservación de derechos de agua, debieran ser materia de consulta plebiscitaria, pues constituyen elementos estratégicos para el desarrollo de la nación chilena.
Gobiernos como el de Australia no han tenido ningún problema para imponer un impuesto a la minería, aproximadamente de un 50%; ninguna empresa minera de ese país se ha atrevido a cuestionar su derecho soberano a decidir sobre las cargas públicas, especialmente de sus recursos naturales.
Es tal la desproporción entre lo que las empresas extranjeras repatrían a su país y los miserables impuestos que el gobierno chileno recaudaría para enfrentar una catástrofe, como el terremoto y maremoto, del pasado 27 de febrero. Con un precio del cobre, en la actualidad superior a tres dólares, cualquier impuesto a la minería resulta totalmente sostenible; el 3% de royalty que actualmente se recauda es la expresión de nuestro fracaso como sociedad, y el nuevo pacto respecto del mismo que pretende llevar a cabo este gobierno con las mineras es no solo un mal negocio sino que además condena a millones de familias a la sala de espera del desarrollo.
La pobreza es un terremoto permanente, que se ha agravado por el reciente cataclismo de la zona centro-sur; una reforma tributaria debiera dirigirse, fundamentalmente, a combatirla de raíz y, para lograrlo, hay que cambiar, radicalmente y sin contemplaciones, nuestro sistema impositivo y no simular, como lo estamos viendo actualmente, con aumentos tributarios transitorios que, al fin terminan favoreciendo a las grandes empresas monopólicas y bipolícas.
En nuestro programa presidencial planteamos una serie de cambios radicales en el sistema impositivo que permitirían financiar la necesaria revolución en el campo educacional, en la salud, en seguridad y en la vivienda, que el Chile del Bicentenario requiere. Mis contendores, Eduardo Frei y el actual presidente, Sebastián Piñera plantearon, en diferentes foros, que no era necesaria una gran reforma del sistema impositivo; según el candidato de la Coalición por el Cambio, con un solo punto más de crecimiento se podrían financiar las reformas, que el candidato creía necesarias sin recurrir a una recaudación extraordinaria, vía tributación.
El terremoto y maremoto obligó al ahora Presidente a reconsiderar su dogmática posición respecto a mantener incólume el impuesto a la primera categoría y el que grava a la gran minería, especialmente del cobre. No puedo sino aplaudir la decisión de subir ambos impuestos, pues yo lo consideré, en forma mucho más radical e integral, en mis propuestas programáticas.
Cada uno de estos cambios tributarios lleva su propia trampa – una especie de “cazabobos” que permitirá, que las grandes empresas y las multinacionales, que explotan nuestro cobre terminen tributando, en un período muy corto, dos años, lo mismo o menos que actualmente. En el fondo, lo que define el aumento al impuesto de primera categoría es su transitoriedad: el Presidente de la República termina creyendo en el mismo mito que sostenía cuando era candidato – el crecimiento de un punto del PIB hace innecesario un cambio tributario que haga pagar a las empresas más ricas y favorezca a los ciudadanos de clase media y a la pequeña y mediana empresa.
El presidente Ricardo Lagos, para conseguir la aprobación de un escuálido 3% del royalty tuvo que empeñar la palabra del gobierno y del país, respecto a un compromiso de invariabilidad tributaria, hasta el año 2017. El gobierno actual pretende conseguir un royalty opcional, en base a un compromiso, por parte del Estado chileno, de mantener la invariabilidad, ahora, hasta el año 2027.
Las materias primas, en especial el cobre, abarcan un alto porcentaje de nuestras exportaciones y, por consiguiente, del ingreso de divisas, razón por la cual me parece discutible que un gobierno y un parlamento, elegidos ambos por un período de cuatro años, tengan el poder y se atribuyan una representación que les permite enajenar el derecho soberano de la ciudadanía, para decidir una materia tan importante como enajenar por un largo período, el derecho de modificar la tributación de empresas extranjeras, que explotan materias primas no renovables. Todas las democracias modernas tienen mecanismos plebiscitarios para resolver sobre aquellas materias que inciden, esencialmente, en la vida del país – lamentablemente, en Chile no se ha enfrentado una reforma política que permita la expresión de la soberanía popular en base a métodos de democracia directa.
No sólo el cobre, sino también otros minerales y, sobretodo, la conservación de derechos de agua, debieran ser materia de consulta plebiscitaria, pues constituyen elementos estratégicos para el desarrollo de la nación chilena.
Gobiernos como el de Australia no han tenido ningún problema para imponer un impuesto a la minería, aproximadamente de un 50%; ninguna empresa minera de ese país se ha atrevido a cuestionar su derecho soberano a decidir sobre las cargas públicas, especialmente de sus recursos naturales.
Es tal la desproporción entre lo que las empresas extranjeras repatrían a su país y los miserables impuestos que el gobierno chileno recaudaría para enfrentar una catástrofe, como el terremoto y maremoto, del pasado 27 de febrero. Con un precio del cobre, en la actualidad superior a tres dólares, cualquier impuesto a la minería resulta totalmente sostenible; el 3% de royalty que actualmente se recauda es la expresión de nuestro fracaso como sociedad, y el nuevo pacto respecto del mismo que pretende llevar a cabo este gobierno con las mineras es no solo un mal negocio sino que además condena a millones de familias a la sala de espera del desarrollo.
La pobreza es un terremoto permanente, que se ha agravado por el reciente cataclismo de la zona centro-sur; una reforma tributaria debiera dirigirse, fundamentalmente, a combatirla de raíz y, para lograrlo, hay que cambiar, radicalmente y sin contemplaciones, nuestro sistema impositivo y no simular, como lo estamos viendo actualmente, con aumentos tributarios transitorios que, al fin terminan favoreciendo a las grandes empresas monopólicas y bipolícas.
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Comentarios
39 años del día en que se
39 años del día en que se promulgó la Nacionalización de la Gran Minería del Cobre, con la aprobación de la unanimidad del Congreso nacional, es decir con el voto favorable de la totalidad de los diputados y senadores de derecha.
Precisamente, el senador de derecha, Francisco Bulnes Sanfuentes, a nombre de su partido declaró que: ?Ser partidario de la propiedad privada no signifi ca oponerse en principio a que determinadas actividades económicas pertenezcan al Estado por razones excepcionales?Nunca nos hemos opuesto conceptualmente a que el Estado chileno se haga dueño de la gran minería del cobre, que provee la mayor parte de las divisas con que cuenta el país, que es además una fuente considerable de recursos para el erario Nacional y cuya permanencia en manos extranjeras signifi ca, obviamente, que el producto de una riqueza natural imposible de reponer no queda totalmente en Chile sino que se va en parte al exterior? En oportunidades anteriores, sobre todo porque las empresas exigían condiciones excesivamente favorables para ampliar sus explotaciones, estuvimos muy cerca de decidirnos por la expropiación de la gran minería del cobre. En 1965, uno de nuestros parlamentarios, el Honorable Senador señor Julio von Mühlenbrock, presentó un cuerpo de indicaciones que disponían la expropiación? En el momento presente estamos de acuerdo en que la nacionalización se lleve a efecto de una vez por todas y mediante decisión soberana del Estado de Chile.?.
Que patriota era esta derecha en relación a la derecha actual. Aquella derecha se situaba incluso a la izquierda de la Concertación actual, que legisló expresamente para permitir la desnacionalización de nuestro cobre y en general de nuestras riquezas, al favorecer el ingreso de la inversión extranjera, desnacionalización que comenzó con la Dictadura, ya que las mineras extranjeras pasaron del 10% de la producción nacional de cobre, al 17% en 1989, pero que después de 20 años de Concertación ese porcentaje sobrepasa el 70%. El actual gobierno de derecha quiere ir aún más lejos en esta desnacionalización al querer prorrogar la invariabilidad tributaria hasta el año 2025.
Sin embargo, la nacionalización de la gran minería del cobre realizada por el Presidente Allende, constituye el éxito económico más espectacular de toda nuestra historia republicana, como lo demuestran las siguientes cifras. Desde 1971 hasta el año 2009, CODELCO le ha entregado más de sesenta mil millones de dólares al erario nacional, lo que representa mucho más que el impuesto a la renta de primera categoría que han pagado absolutamente todas las empresas privadas de todo tipo que existen o han existido en Chile en este mismo período de tiempo, incluyendo los bancos, compañías de seguros, AFP, empresas mineras, forestales, industriales, pesqueras, etcétera.
Es cierto que estamos comparando el cien por ciento de las utilidades de CODELCO, con el impuesto de primera categoría de las empresas privadas, que es sólo de 17 % en la actualidad, pero a la vez, es comparar los aportes de una sola empresa del Estado, CODELCO, con el aporte de decenas de miles de empresas privadas de todo tipo. Esa es la magnitud del éxito, del acierto de la nacionalización.
Cuando el precio del cobre era bajo, la diferencia entre los aportes de las mineras privadas y la estatal no era muy evidente, puesto que los aportes de CODELCO eran poco significativos y los aportes de las mineras extranjeras inexistentes. Comparar lo poco con la nada no resultaba ilustrativo, pero ahora, con el elevado precio del cobre, las diferencias entre los aportes de CODELCO y la minería extranjera son colosales.
Según un informe del SII al Senado, desde 1995 hasta el año 2003 incluido, sólo una empresa minera privada había pagado impuesto a la renta, el resto habían declarado sólo pérdidas. El año 2006, los aportes de CODELCO alcanzaron a los 9.215 millones de dólares, mientras que las mineras extranjeras durante ese mismo año, pagaron solamente alrededor de 3 mil millones de dólares, sumando el impuesto a la renta y el llamado ?royalty 2?. Es decir, las empresas transnacionales, pese a que producen el doble que CODELCO aportaron al erario nacional tres veces menos que la empresa estatal.
A pesar de los altos precios del cobre, la tributación de las mineras extranjeras es muy inferior a los aportes de CODELCO. Chile pierde esta riqueza no renovable cuando es explotada por empresas extranjeras. Esto es así por los diferentes mecanismos que la ley permite a las empresas extranjeras para que éstas evadan impuestos y aporten prácticamente nada al desarrollo del país.
Precios de venta arbitrariamente bajos por el cobre no refinado que exportan las empresas extranjeras, precios de venta menores a los precios de compra en las operaciones a futuro, altos pagos de interés por los créditos que estas empresas extranjeras piden a sus filiales para hacer sus inversiones en Chile, explican montos irrisorios y ridículos de los retornos que demuestran estas empresas al exportar más del 70% del cobre chileno. Es así como en el año 2008, por cada tonelada exportada, CODELCO percibió 7.870 dólares, mientras que las mineras privadas percibieron 6.343 solamente por tonelada exportada, 24% menos que CODELCO, lo que significa cerca de 5 mil millones de pérdidas para el país en retornos de exportación de cobre y cerca de dos millones de dólares de menor tributación, y esas son pérdidas que se producen año a año.
Esta comparación entre los aportes casi inexistentes de la minería privada con los considerables aportes de la minera estatal, nos lleva a una conclusión ineludible: La nacionalización es el mayor éxito económico del bicentenario, lo cual constituye la primera razón para volver a nacionalizar las empresas extranjeras de la gran minería.
Una segunda razón para renacionalizar nuestro cobre, está dado por la fabulosa dimensión de esta riqueza, puesto que Chile posee cerca del 50 % de las reservas mundiales de este metal, que tiene un valor estratégico y económico de extrema importancia para la humanidad, que sólo es superado por el petróleo. El valor presente de estas reservas de cobre supera ampliamente la colosal cifra de 3 billones de dólares, es decir más de 3 millones de millones de dólares. No es admisible que una tal extraordinaria riqueza quede en manos de empresas extranjeras que poco o nada aportan al país.
Pero existe una razón jurídica y política que tiene un mayor peso al pensar en la renacionalización, puesto que para ello no se necesita cambiar la Constitución y ni siquiera es necesario aprobar una ley, basta con un simple decreto presidencial. En efecto, el artículo tercero transitorio de la Constitución de 1980, dejó vigente la Reforma Constitucional del Presidente Allende que permitió la Nacionalización, reforma que no solo permite que el Presidente de la República, pueda nacionalizar cualquier empresa de la gran minería por un simple decreto supremo. Es más, permite que no se indemnice la nacionalización de los yacimientos mineros, puesto que pertenecen al Estado. Se debe indemnizar sólo las instalaciones. ¿Entonces que es lo que falta para renacionalizar? Quizás lo más difícil: que elijamos un Presidente de la República, que tenga la inteligencia y la voluntad política para hacerlo.
Hola Por qué siguen viendo
Hola
Por qué siguen viendo a Chile como una gran empresa o peor un estado administrador de riquezas ajenas?
Nacionalizar los recursos, significa:
Evitar el daño irresponsable de la avaricia extranjera y privada nacional que destruye nuestra madre tierra y el medioambiente en que vivimos las y los chilensis
Distribuir la riqueza en chile, obviamente a las empresas extranjeras no les va a gustar tampoco a los estados que reciben sus impuestos.
Cambiar la constitución mediante asamblea constituyente, nos obliga como sociedad a tomar roles activos en la vida nacional y a sacar a esos políticos que tanto se venden,
Es hacer revolución ciudadana sin que nada explote
atentamente
Iván
Estoy de acuerdo que la
Estoy de acuerdo que la carga impositiva a las empresas mineras es muy baja, esto es un problema que cruza todo el espectro politico, lamentablemente nuestros politicos se vendeb facilmente y entregan los recursos chilenos a diestra y siniestra por unos pesos. Responsabilidad clara de los electores que aun se dejan llevar por el cuento de pinochet y el cuento de la izquierda o derecha. Hay que votar mirando el bien del pais.
kili.