Seremis de Corema: Las secuelas tras Barrancones

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¿Última intervención presidencial?: la democratización pendiente

Por un lado el Gobierno, el que a comienzos de semana pasada se esmeró en ordenar a todos sus funcionarios de confianza de la Corema de Coquimbo para que votaran a favor del fatídico proyecto, sacrificando zonas de gran valor ecológico. No importó pasar por encima de informes técnicos de los servicios públicos que se pronunciaban fundadamente por el rechazo, como el de la Autoridad Marítima. La mano de La Moneda en la votación resultó inocultable dada la unanimidad alcanzada, sólo entre sus funcionarios dependientes, frente al rechazo, también unánime, de los cuatro consejeros regionales que integraban la Corema. Pero el Gobierno no sospechaba lo que se le vendría encima.

Se desató el vendaval ciudadano. La gente no aceptó que se mintiera tan abiertamente respecto de las promesas de campaña. Especialmente la juventud, copó las calles de las principales ciudades del país en forma pacífica, masiva y espontánea. El Gobierno opta en un primer momento por reprimir y los guanacos, los gases lacrimógenos y las detenciones tratan de contener la avalancha. Paralelamente, se envía a la Ministra de Medio Ambiente a pasearse por los canales de TV para tratar, muy lastimosamente, de justificar lo injustificable.

Sin embargo, al entender que el huracán no amainaba, se actuó con sentido de realidad y pragmatismo y ahorrándose un largo y desgastante conflicto, el Presidente negoció con la empresa proponente, en los hechos, el retiro del proyecto. Podría haber logrado el mismo resultado, guardando un poco más las apariencias, instruyendo al Director Ejecutivo de Conama para que acogiera las reclamaciones ciudadanas que se plantearían, o finalmente denegando la concesión marítima necesaria, para lo cual existían muy buenos fundamentos técnicos. Pero todo eso requería tiempo y haría pagar mucho costo político. No quería que este conflicto se extendiese y le opacara su buen momento por el caso mineros. Cortó por lo sano, sin mucha anestesia ni formalismo.

Si lo hubiese dejado hasta ahí, el Gobierno habría salido más o menos bien del paso. Pero sin mucha conciencia de la sobriedad requerida para ejercer la Presidencia de la República, el Jefe de Estado quiso transformar la derrota en victoria y sobreactuándose, efectuó una parafernálica visita a Punta de Choros. Una lancha embanderada transportaba al Presidente, la Ministra de Medio Ambiente, el Intendente y uno de los Gobernadores. Los mismos que habían operado días antes para viabilizar la destrucción de la zona, pero que ahora recuperaban súbitamente todo su amor por la Pacha Mama. No hubo buceo solamente porque el mar, seguramente molesto con el espectáculo, se puso bravo. Sólo faltó que las ahora ecológicas autoridades dieran besos a la tierra salvada, en señal de profunda comunión con la biósfera.

Donde sin embargo el Presidente termina de menospreciar a la opinión pública, es al declarar que no volverá a intervenir en estas materias sobre proyectos específicos. ¿Alguien puede creer que el Presidente, cualquiera que este sea, se abstendrá en el futuro de tomar el teléfono, directamente o por interpósita autoridad, y ?orientar? a sus funcionarios, absolutos subordinados como son seremis e intendentes, para que aprueben o rechacen los proyectos según le interese?

Bueno, pero por el lado de la oposición, la reacción no ha sido mucho más presentable. Parlamentarios concertados rasgaron sus senatoriales vestiduras, condenando el ?quebrantamiento de la institucionalidad?. Cual damisela pudorosa, el senador Lagos Weber declaró su estupor. El senador, claro, no recordó que su papá, también bajo una fuerte campaña nacional e internacional, optó en el año 2003 por pedirle a Noranda, empresa impulsora del proyecto ?Alumysa? en Aysén, en plena evaluación ambiental, que también lo ?relocalizara?. La ?nueva forma de gobernar?, en realidad, no está inventando nada nuevo.

Pero la violencia política sobre la institucionalidad ambiental en época concertada fue ejercida más frecuentemente para lograr la aprobación de proyectos contra la opinión técnica de los servicios públicos y para castigar a seremis díscolos, que votaban en contra de emprendimientos bien apadrinados en el poder central. Al mismo progenitor del hoy espantado Lagos Weber, por ejemplo, no le temblaba la mano para destituir al Seremi de Bienes Nacionales de Valparaíso, que en el 2003 votaba en contra de un horno cementero que quería quemar petcoke en Calera. Y podríamos seguir contabilizando víctimas de la violencia concertada al interior de la institucionalidad ambiental, entre las cuales estuvieron incluso dos directoras ejecutivas de Conama? pero vamos a lo medular.

Lo que ha dejado en evidencia este caso, es la crisis total de la institucionalidad ambiental chilena. Nadie da un peso por ella. En un programa de debate televisivo, ligeramente un periodista afirmaba que estos eran los estertores de una institucionalidad que afortunadamente va quedando en el pasado. Nos reconfortaba diciendo que por ventura, luego entrará en vigencia una gran reforma a la Ley de Bases del Medio Ambiente, la que solucionará estos problemas. En la misma línea apareció en las pantallas de este diario un artículo de uno de los operadores de dicha reforma. Pero en realidad, la reforma a la ley impulsada por Bachelet lo que hace es agudizar el centralismo de la institucionalidad y por tanto, la posibilidad de que esta sea manipulada autoritariamente desde Santiago, tal como lo ha sido en la última década y media y tal como ocurrió caricaturescamente en el caso Barrancones. En efecto, del nuevo Servicio de Evaluación Ambiental, que reemplazará a las Coremas, fueron extirpados los consejeros regionales, los únicos representantes de la ciudadanía regional. Los políticos que decidirán los necesarios aspectos discrecionales que se generan en las evaluaciones ambientales serán, de ahora en adelante, todos funcionarios de confianza del Presidente de la República. Es decir, funcionarios susceptibles de ser ?orientados?, como lo fueron las marionetas que aprobaron la termoeléctrica que arrasaría con Punta de Choros.

El problema entonces sigue siendo el viejo problema del poder. La cuestión es quién decide si se hacen o no se hacen los proyectos que impactarán el territorio de nuestras regiones. Sostengo que para avanzar en la sustentabilidad de nuestras formas de vida y producción, es fundamental que los decisores no sigan siendo funcionarios menores ?telefoneables? como sucede hoy y como será más crudamente cuando entre en vigencia la reforma centralizadora de Bachelet. Pienso que, sobre la base de los mínimos establecidos en normativas nacionales, deben ser representantes de la ciudadanía regional, esa que va a sentir más cercanamente los efectos de los proyectos, los que decidan, de cara a esa ciudadanía, sobre los inevitables aspectos discrecionales que se presentan en la valoración de los impactos ambientales de una gran actividad. Esos representantes hoy existen: son los consejeros regionales, miembros del órgano normativo, resolutivo y fiscalizador de los Gobiernos Regionales. Esos mismos consejeros que en el breve plazo, si el Congreso se decide a despertar el respectivo proyecto de ley, deberían ser elegidos directamente por la ciudadanía. El desafío para Chile, en materia de sustentabilidad como en otros muchos ámbitos, es entonces mayor participación ciudadana, mayor poder a las regiones, en definitiva, más democracia.

Luis Mariano Rendón

Abogado. Coordinador de la Agrupación Acción Ecológica. Profesor de Derecho y Ética Ambiental en la U. de Chile, UNAB y UTEM

Muchos al iguál que la mayoría de quienes participamos en estos espacios de opinión parece ser persona mayor pero sin embargo su raciocinio de la realidad y de lo contingente esta muy deteriorado.

No es propio de gente con amplia experiencia de la vida

y una visión objetiva de los acontecimientos que vulneraron a nuestra patria colocarse del lado de los antichilenos que han entregado nuestro territorio a las transnacionales con tál de que se creén empleos para cumplir con sus compromisos politiqueros.

El Estado chileno a estado en malas manos en cuatro periodos Administrativos que nunca fueron capaces de sacarnos el yugo que imprimió la dictadura ni en lo Legislativo, ni en lo Social ni en lo Cultural, es más, el gobierno militar fué capaz de terminar con la droga y la delincuencia por mas de una década pero nuevamente este flagelo social se apoderó de nuestras nuevas generaciones bajo la mirada soslayada, permisiva y hasta patrocinadora de estos zánganos del Estado llamados concertación.

A pesar de lo feliz que me hizo el anuncio de que el proyecto de la termoelectrica ya no se construira y espero que las que estan en carpetas a lo largo de todo Chile tampoco se construyan, no puedo dejar de mencionar lo que la decisión del Presidente daña nuestra intitucionalidad, el tener una legislación ambiental, buena o mala, ha costado mucho tiempo en nuestro país. El Sr. Piñera hoy tiene el cargo de Presidente de un país llamado CHILE y no el de Gerente de una Empresa llamada Chile, por lo tanto debe respetar la legislación vigente, la desición de parar el proyecto debio darse en la COREMA y si no en el Consejo de Ministros que es lo que indica la Ley.

Lamentando la situación de las autoridades regionales por la "quitada de piso", no es menos cierto que la aprobación fue politica y no técnica y cuando se tiene un cargo de confianza se debe asumir las consecuencias de las decisiones tomadas o tomar la decisión de dar un paso al lado.

Quizas la experiencia vivida se deba tomar como una oportunidad para que todos los entes involucrados gobierno, oposición, ambientalistas, etc, se sienten a revisar y discutir con profesionalismo, con una visión de país que se desarrolla pero en forma sustentable la matriz energetica que necesitamos para desarrollarnos y crecer pero en equilibrio con nuestra naturaleza y territorio, que es patrimonio de las nuevas generaciones.

Si algunos SEREMIS se sintieron incomodos y expresaron su deseo de renunciar por la decison de su Presidente, debieron hacerlo mucho antes, cuando comenzaron a recibir las presiones de La Moneda, en ese momento debieron renunciar.

Héctor Romero:

No solo Mallat, sino que también el Gobernador de Elqui, por razones obvias, el Seremi de Educación, la Seremi de Mineria, la del Trabajo, Directora del Injuv, y otros que se verán más adelante....

Con respecto al Intendente, se dice que la Senadora Evelyn M., le habria pedido al Presidente Piñera, otra oportunidad, ya que don Sergio solo llegaría hasta diciembre en su cargo....

Compleja la situacion, por decirl lo menos, pero existen oscuros espacios en todo esto que deben ser esclarecidos. Primero: fueron presionados por la Moneda para votar en bloque a favor de la termoelectrica?. Si fue así que cuenten la firme. Las presiones de la Moneda constituye una irregularidad ya que indica una vez mas que la COREMA siempre ha sido un tongo. Segundo: se debe investigar y explicar a la ciudadania esos repentinos cambios de opinion de CONAF y Gobernacion Maritima. Se debe contrastar al Director de CONAF con sus funcionarios y al Gobernador Maritimo con los profesionales que evaluaron el proyecto.

Si la Contraloria investiga les aseguro que encontraremos respuestas muy graves y que deben ser sancionadas, encontraremos presiones indebidas de jefes de servicio o simplemente colución de un gobierno regional para favorecer a un privado.

Y hablo de colucion ya que los informes de los profesionales de los servicios evaluadores fueron en contra de la votacion de la COREMA.