Desde la supuesta presencia en los lavaderos de Andacollo de Pedro de Valdivia en el año 1544, donde habría estado por varios días antes de navidad (reformadores de la crónica de Mariño de Lobera) y los registros que establecen a esta comarca como posible zona tributaria de sus riquezas al imperio Incaico.
Desde aquellos inicios hasta el día de hoy, después de siglos de extracción de la enorme riqueza de nuestros suelos, cientos de millones de dólares después, nos preguntamos por qué seguimos siendo una de las comunas más pobres de nuestro país.
Fértiles lavaderos de oro en el pasado siglo, que derivaron en la extracción de sus minerales subterra, trabajos de piques, socavones, siguiendo las tan anheladas vetas y vetillas, la minería en Andacollo con todos sus altos y bajos jamás se ha detenido.
Hoy en día los recursos “sociales” que invierten en la comunidad no alcanzan el 0.5%, que es mucho decir, del total de las utilidades que usufructúan del suelo minero andacollino. Que ha jugado permanentemente en contra de los habitantes locales, acaso siglos de vacíos de leyes y el aprovechamiento de la ignorancia en temas legales al vender los propietarios locales sus tierras.
Estos últimos jamás imaginarían el inmenso valor que llegarían a tener estos terrenos donde hoy se erigen sendos yacimientos mineros. Churrumata, el Churque, solo dos ejemplos a la vista. Pero las autoridades de la época que emitieron los permisos de exploración si lo sabían, al igual como hoy ocurre con las más de 250 concesiones de exploración que tiene la empresa minera australiana Hampton Mining, para llevar a cabo sus operaciones cerca de la Ruta Antakari, habría que preguntarle a José Domingo Gómez A. Director Regional de SERNAGEOMIN, cual es el criterio que prima, por que debe haber algún criterio.
Si a todo esto agregamos a autoridades regionales y locales, históricamente inexpertos en factores técnicos para negociar los permisos, en donde privilegian por sobre todo inflar estadísticas surreales de crecimiento de la economía regional. Y como no va a crecer la economía en sus estadísticas, si le inyectan cientos de millones de dólares, por proyectos que en la práctica no llegan a beneficiar realmente al poblado local donde se invierten estos dineros.
Con el anuncio presidencial de eliminar la Corema por un organismo técnico, sin duda estamos corrigiendo siglos de inoperancia política al respecto, un claro ejemplo de ello ocurrió en Andacollo, con el cambio del plano regulador en bajo la administración del ex – Intendente Renán Fuentealba, para que luego de un fallo a favor de los vecinos de Chepiquilla donde se establecía que las pilas de lixiviación de Minera Carmen se encontraban en una zona residencial, se modificase en un mes, favoreciendo a la empresa minera y condenando los intereses y la salud de los ciudadanos que pagan sus sueldos públicos.
Cuando hablamos de la profesionalización de los cargos públicos, lo hacemos con la profunda convicción que esto debe ir unido inalienablemente a un profundo sentido social y de bien público. Hoy un servidor público que pretenda fiscalizar la labor de un alcalde o de sus parlamentarios, debe sin lugar a dudas tener amplios conocimientos técnicos respecto al SNI (Sistema Nacional de Inversiones), sino jamás podrá prever con anticipación los posibles errores que se están cometiendo.
Si además no posee sólidos conocimientos informáticos no podrá fiscalizar los proyectos FNDR que se elaboran on line y menos los proyectos y programas sectoriales, por que siempre estarán condenados a la parcialidad de la información que un tercero le entregue. Es por esto que no progresamos, porque no existe un buen control de lo que se hace y de lo que no se hace en materia de gestión local y regional. Toda la información que llega a manos de quienes tienen la labor de fiscalizar ya viene pasada por cedazo.
No pretendemos ser el ágora de la verdad en estos párrafos escuetos, pero si establecer puntos claros que se deben mejorar de una vez por todas, no podemos permitirnos seguir marcando el paso. Para esto las organizaciones sociales, territoriales y funcionales, deben ser fortalecidas con planes claros de inversión en su autogestión y abandonar el ASISTENCIALISMO que solo condena y corrompe a las autoridades locales.
¿Cómo los corrompe?, por que a sabiendas que no existe la autogestión de las organizaciones comunitarias locales, estos en vez de promover su fortalecimiento, destinan los recursos a aquellas que les son de “su confianza” o “partidarias de sus ideas”. Un claro ejemplo es el Fondo de Desarrollo de la Sociedad Civil, donde en Andacollo y en muchas comunas de país, las organizaciones que se presentan a la solicitud de fondos, son elegidas por el propio municipio, hasta el punto de formular el proyecto desde el municipio y luego hacer participe a las organizaciones comunitarias, una vez ya “cocinado” todo.
Es por esto que hoy el gobierno ciudadano de la Presidenta Michelle Bachelet, debe hacerse cargo de fomentar real y directamente a las organizaciones comunitarias, corrigiendo el modelo, otorgándole un valor real a sus dirigentes locales, contribuyendo a su formación y a mejorar su calidad de vida, estos dirigentes son la clave para movilizar a la ciudadanía en pos de que se respeten sus derechos y en pos de aunar esfuerzos conjuntos y asociados de la comunidad local, para que coordinados emprendan los esfuerzos necesarios para mejorar su calidad de vida.
El capitalismo individualista nos ha cegado, manteniendo nuestra preocupación permanente en el materialismo, en quien tiene el mejor vehiculo o la casa más grande y lujosa, mientras vemos desfilar década tras década el enriquecimiento foráneo sobre nuestros recursos no renovables y preferimos maldecirnos en silencio por nuestra mala suerte, cuando esta misma suerte, ese mismo destino colectivo esta en nuestras manos, ha estado siempre en nuestras manos.
Fotografía de Carolina Pérez.