Opinión: Minería, de actividad de daño a industria de riesgo

09 Julio 2014
El modelo imperante en Latinoamérica para los procesos industriales de extracción de recursos naturales predispone al conflicto entre el empresariado y la sociedad civil, donde los Estados, por no comprender la profundidad del problema, ceden a la posición maniquea de inclinar la balanza.
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Los bienes públicos naturales -entendidos como aquellos bienes preexistentes que necesariamente son de todos porque solo pueden disfrutarse si son compartidos (como el aire limpio o el agua potable)- son fuente de bienestar y dignidad para las personas y las comunidades que éstas conforman.

Al mismo tiempo, los bienes públicos institucionales -los que se generan a partir de la expresión de la voluntad de los ciudadanos organizados (como la seguridad, la educación, el acceso a justicia o la asistencia en salud)- no son viables sin un nivel de desarrollo que sostenga y asegure dichos bienes públicos.

Tanto un tipo de bienes públicos como el otro son indispensables para el bienestar. Sin embargo, la generación de riqueza que producen las actividades mineras, en muchos casos, atenta contra la supervivencia de los bienes públicos naturales y de las comunidades y los ecosistemas que los rodean. Es fácil, por lo tanto, diabolizar a las industrias extractivas (y a sus defensores) como un elemento disruptivo del balance ambiental, cuyo objetivo es el lucro sin importar las consecuencias. Desde esta hipótesis no puede haber otra solución que la confrontación directa.

Esto es exactamente lo que sucede en muchos casos. La mineración de metales en la cordillera andina limita el acceso a agua potable por parte de las comunidades adyacentes. La explotación de petróleo de la selva amazónica afecta la biodiversidad de las zonas donde se produce el desmonte para construir la infraestructura que permite la extracción. Como analizamos en el InContext 43, cuando las empresas mineras no toman en cuenta el impacto social y ambiental de sus acciones, el resultado suele ser un conflicto con alto costo social.

Pero no toda la industria extractiva actúa irresponsablemente. De la misma manera, no toda la acción ambientalista ayuda a crear mejores condiciones ambientales. Es por lo tanto necesario encontrar un modelo económico de extracción de recursos naturales que contemple el bienestar y la dignidad humana, que supere la limitada caricatura maniquea de “los buenos contra los malos”, y que genere nuevos ecosistemas donde todos los actores por igual se beneficien de la presencia y el actuar de los demás.

Pero para ello primero debemos revisar la lógica con la que se aborda la industria minera, dejando de pensarla como una fuente de daños irreversibles, para encararla como una fuente de riesgos gestionables técnica, social y políticamente.

La palabra construye mundos

El primer paso para re-entender el impacto de las industrias extractivas es comprender el alcance de las palabras que usamos para definir sus efectos. En este sentido, hay cuatro definiciones que debemos tener en mente:

  • El Conflicto se define como la coexistencia de aspiraciones, intereses y visiones del mundo que no pueden ser alcanzadas simultáneamente, o que -en la percepción de las partes implicadas- no se pueden satisfacer al mismo tiempo.
  • El Daño, en este contexto, es la pérdida más o menos irreparable del valor o la integridad de algo.
  • El Riesgo es un hecho o situación que puede disminuir o anular el estado de bienestar de un individuo o grupo de seres vivos.
  • La Vulnerabilidad es la mayor o menor exposición a recibir un daño.

El conflicto se constituye entonces cuando un segmento de la población percibe al sector empresarial de las industrias extractivas como la causa -con o sin la connivencia activa o pasiva del Estado, que otorga la licencia para operar a los empresarios- de un daño irreversible a un bien público natural esencial, vulnerando de esta manera su bienestar y dignidad.

Si bien la extracción de recursos consume un bien público natural -que de otra manera permanecería como parte del ambiente- esta acción debe generar contraprestaciones económicas, sociales y ambientales que equiparen el usufructo realizado. En el mismo sentido, el impacto de la actividad extractiva no necesariamente debe comprometer otras actividades económicas presentes o futuras, la integridad del ecosistema que lo rodea, o el bienestar de las comunidades adyacentes. Podemos percibir entonces al acto de extracción ya no como un daño hecho, sino como un riesgo que puede ser gestionado y cuyo impacto puede ser minimizado.

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