Realizan inspección ocular en cementerio Las Compañías de La Serena por caso de DDHH

Un recorrido por las inmediaciones del cementerio de Las Compañías de la comuna de La Serena,  realizó hoy –martes 5 de julio- el ministro en visita extraordinaria para casos de derechos humanos de la Corte de Apelaciones de La Serena, Vicente Hormazábal, diligencia que forma parte de la investigación del homicidio calificado de Francisco Javier Santoni Díaz,  perpetrado el 27 de noviembre de 1973,  en la ciudad.

En la oportunidad, el ministro Hormazábal estuvo acompañado de uno de los procesados en la causa, el suboficial en retiro Luis Fernández Monjes, funcionarios de la Brigada de Derechos Humanos y peritos del Laboratorio de Criminalística de la Policía de Investigaciones. A principios de junio, se realizaron excavaciones a un costado del cementerio para dar con los restos de Santoni Díaz, sin que se obtuvieran resultados positivos.

“El procesado ahora señala que siempre manifestó que fue en la parte trasera del cementerio, donde se excavó la vez pasada fue en un costado. Ahora vamos a hacer los esfuerzos, solicitar los fondos que se necesitan y la intervención del Servicio Médico Legal para buscar en el lugar donde se está indicando”, manifestó el ministro.

En la investigación, continúa en curso además la exhumación de restos en el cementerio La Foresta de la ciudad realizada en enero de 2016, destinada a determinar científicamente si corresponden a la víctima Santoni Díaz.

De acuerdo a los antecedentes recopilados en la etapa de investigación, el ministro en visita dio por establecido que en la noche del 26 de noviembre de 1973, una patrulla militar trasladó a Santoni Díaz, desde la cárcel de La Serena, donde permanecía preso por un delito común, “presumiblemente al regimiento Arica de la ciudad o a alguna de sus dependencias, procediendo a dispararle, causándole la muerte alrededor de las 00.30 horas del 27 de noviembre de 1973”.

En la causa, se encuentra procesados el brigadier en retiro Fernando Polanco Gallardo, el suboficial Luis Fernández Monjes y otros cuatro funcionarios, todos como autores del delito de homicidio calificado.