"No se deben investigar sólo los delitos tributarios, sino que también lo más dañino para nuestra democracia: el cohecho"

13 Julio 2017

Además que de no existir querellas del SII en contra de los senadores Rossi y Pizarro, las formalizaciones no llegarían a juicios orales en los que la ciudadanía pueda conocer de forma pública y transparente los argumentos de cada parte.

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A más de dos años de haberse querellado contra Jorge Pizarro y Fulvio Rossi, la Fundación Ciudadano Inteligente valora que la Fiscalía haya decidido solicitar la formalización de los senadores en el caso SQM. Sin embargo, desde la organización aclaran que si ésta sólo se solicita por delitos tributarios, se deja fuera de la indagatoria conocer la verdad respecto al delito de cohecho.

“Sólo formalizar por delitos tributarios pone el foco en las boletas, no en el verdadero problema de nuestra democracia, que es la oscura relación entre dinero y política. Investigar el delito de cohecho permitiría saber si los senadores traicionaron la confianza que depositó la ciudadanía al elegirlos. Llegar a la verdad y determinar responsabilidades en esta materia permitiría empezar a reconstruir la maltratada confianza ciudadana en las instituciones políticas”, señaló Pablo Collada, director ejecutivo de Ciudadano Inteligente.

Desde la organización, recuerdan además que de no existir querellas del SII en contra de los senadores Rossi y Pizarro, las formalizaciones no llegarían a juicios orales en los que la ciudadanía pueda conocer de forma pública y transparente los argumentos de cada parte.

“Es fundamental que el SII retome el criterio inicial respecto a los casos de financiamiento ilegal y presente querellas que permitan al Ministerio Público realizar las investigaciones pertinentes en todas las causas. Si los casos investigados sólo se sancionan administrativamente, se impide alcanzar una solución satisfactoria y de fondo respecto a ellos”, añadió Collada.

Ciudadano Inteligente es parte querellante en los casos Penta, SQM y Corpesca desde 2015, con el objetivo de representar a la sociedad civil en las causas de financiamiento ilegal de la política.