Corte de Apelaciones mantuvo condena a ex alcalde de Andacollo por fraude al fisco

La segunda sala de la Corte de Apelaciones de La Serena decidió rechazar los recursos de nulidad de los defensores Roberto Vega y Carlo Silva, quienes representaban al profesional arquitecto Máximo Brauchi y al ex alcalde de Andacollo, Jorge Órdenes y mantuvo las condenas por el delito de estafa y fraude al fisco, respectivamente.

Con esta decisión se mantuvo a firme la pena de 300 días con el beneficio de la remisión condicional, la inhabilidad perpetua para ejercer el cargo de alcalde, inhabilidad por el tiempo que dure la condena para cargos u oficios públicos más una multa fue sentenciado el ex alcalde de Andacollo, Jorge Órdenes.

El arquitecto Máximo Brauchi fue sentenciado a la pena de 541 días de presidio por estafa más la inhabilidad para ejercer cargos u oficios públicos por el tiempo que dure la condena, que también quedó a firme.

El pasado 30 de diciembre, el Tribunal Oral de La Serena acogió la prueba de la Fiscalía para condenar por dichos ilícitos al ex edil andacollino y al arquitecto, por los trabajos en la llamada ruta del peregrino, en la cual se cancelaron montos por sobre los 48 millones de pesos, cuando en realidad sólo costaban cerca de 3 millones de pesos.

La Corte de Apelaciones razonó que el antecedente fáctico sobre el cual fue construida la condena consta del considerando 21, del cual los jueces del tribunal oral en los considerandos siguientes, con entera libertad, razonaron, reflexionaron y dieron por sentado el engaño.

"Malamente pudieron endilgar la responsabilidad a otra administración. El valor afectado es una cantidad no menor para una comuna donde escasean los recursos", dijo el fiscal Claudio Correa, al ser consultado por los intentos de atribuir la cancelación de los montos por parte de la defensa a otra administración municipal.

"Se acreditaron los hechos con documentos, testimonios y peritos, el ex alcalde órdenes acepta con una factura por trabajos que no tenían ese valor. Lo que resulta importante es que esta aceptación de la factura que compromete el patrimonio municipal o fiscal no tuvo autorización alguna", dijo el fiscal.