Formalizan a 2 gendarmes por cohecho reiterado en cárcel de La Serena

En el Juzgado de Garantía de La Serena fueron formalizados dos funcionarios de Gendarmería de Chile por delito de cohecho reiterado al interior del Complejo Penitenciario de La Serena. Los uniformados, el Sargento Primero M.Q.F. y el Suboficial A.V.A., fueron formalizados por haber otorgado diversos beneficios a internos de la unidad penal más grande de la región, a cambio de dinero.

“Este procedimiento se pudo concretar gracias a un exhaustivo trabajo por parte de la Oficina de Seguridad Interna, orientada precisamente, a detectar y denunciar hechos que involucren al personal uniformado en actos ilícitos. Es mandato de nuestro Director Nacional, así como también de esta autoridad regional, el no tolerar bajo ninguna circunstancia, comportamientos que ensucien el trabajo penitenciario, y en ese sentido, no dudaremos en aplicar sanciones ejemplificadoras a los funcionarios que no representen de manera íntegra, los valores fundamentales de nuestra Institución”, dijo el director regional de Gendarmería, coronel Francisco Alarcón Aravena.

El coronel además dispuso de manera inmediata la realización de un sumario interno que permita establecer la responsabilidad de los funcionarios, además de la investigación paralela que desarrolla el Ministerio Público.

De acuerdo a este proceso, los hechos denunciados habrían ocurrido en 2014 al interior del Complejo Penitenciario de La Serena, fecha en la cual M.Q.F. habría ofrecido a los internos de cuatro módulos de población de mediana peligrosidad, protección al interior del recinto carcelario y facilitación de medios para el ingreso de teléfonos y chips, destinados a coordinar el tráfico de drogas, a cambio de diversas sumas de dinero.

Por su parte, A.V.A. habría ofrecido asesorías a los internos, con la idea de obtener movimientos de módulos y traslados de unidad, a  cambio de dinero.

Ambos funcionarios formalizados quedaron con arraigo nacional mientras dure la investigación, periodo para el cual se extendió un plazo de 90 días, a solicitud del Ministerio Público.