La muerte de Felipe: nuestra tarea pendiente frente al trabajo adolescente

El viernes pasado, la vida de Felipe, un adolescente de 15 años, termina a causa de un accidente laboral en Coquimbo. Muere bajo la irresponsabilidad de adultos que le permitieron subir a una estructura de 10 metros de alto, sin ningún elemento de seguridad, pagándole 15 mil pesos por dicho servicio. Pero también muere bajo la negligencia de todo un aparato estatal y bajo la indiferencia de nuestra sociedad.

En Chile, según datos de la única Encuesta Nacional de Actividades de Niños y Adolescentes realizada en el año 2003, más de 196 mil niños, niñas y adolescentes se encontraban trabajando, de los cuales 107 mil lo hacían en condiciones inaceptables.

Nuestra legislación prohíbe que niños y niñas menores de 15 años trabajen, mientras que permite a adolescentes mayores de 15 años ejecutar trabajo liviano, diurno, autorizado por sus padres o tutores y que no obstaculice sus estudios. En ese sentido, ningún menor de 18 años puede realizar trabajos que requieran fuerza excesiva y que constituyan un peligro para su integridad física, psicológica y/o moral.

Como Coordinadora de la OPD de La Serena, instancia municipal que se dedica a proteger y promover los derechos de los niños, niñas y adolescentes a nivel local, creo en la necesidad urgente e ineludible de contar con un nuevo marco regulador que instale un escenario óptimo para el ejercicio pleno de los derechos de todos los niños, niñas y adolescentes, de manera de prevenir situaciones tan trágicas como el fallecimiento de Felipe y la vulneración de derechos de muchos otros adolescentes trabajadores.

Me pregunto quiénes serán los imputados de la muerte de Felipe, pues sabemos que detrás de este accidente laboral existe la figura de subcontratación, él se encontraba entregando servicios a una empresa de publicidad, la cual debía reinstalar una gigantografía de la constructora Pocuro, ¿cuál es la responsabilidad de la constructora?, ¿la constructora debió haberse informado acerca de las malas prácticas de su proveedor?, ¿cuál es la responsabilidad de la empresa de publicidad?, ¿cuál será la nuestra como sociedad?

Así como espero que las empresas asuman sus responsabilidades, también siento que los ciudadanos y ciudadanas debemos hacernos parte de esa corresponsabilización. Por lo que los y las invito a denunciar cualquier situación de vulneración de derechos, pues tenemos la obligación legal y ética de hacerlo. Necesitamos hacer visibles estas situaciones. Denunciar puede cambiar una realidad de maltrato, abuso o explotación a fin de evitar muertes como la de Felipe.

Paola Maluenda Barraza, coordinadora de la Oficina de Protección de Derechos Infanto-juveniles (OPD) de La Serena.