Bajo el título “Un liberal en la cultura” la revista Paula acaba de publicar una entrevista al nuevo Ministro de Cultura, el actor y Magister en Comunicación Política Luciano Cruz-Coke. De todos los temas abordados, hay dos que me parecen particularmente interesantes y a la vez tremendamente problemáticos: el énfasis que el nuevo ministro pretende darle a “medir el impacto” de una obra artística y, por otra parte, la condenación que plantea a que los gestores culturales ganen unos pesos (lucren, si se quiere) con su saber-hacer.
Según el Ministro, su “enfoque ahora está en medir qué impacto tiene un producto cultural que financiamos” (con los fondos concursables de cultura). Independientemente que a una obra de arte le corresponda o no la noción de “producto” (cuestión que no es para nada evidente), la pregunta por el “impacto” del arte y de la creación cultural en general es relevante para todos quienes aplaudimos la puesta en marcha de una política e institucionalidad cultural en los primeros gobiernos democráticos post-transición. Y sobre todo porque Luciano Cruz-Coke no avanza ningún concepto o criterio para entender lo que llama “impacto”. ¿Cuál es el impacto de un poema o de una composición musical? ¿El número de personas que lo leen o la escuchan? ¿La calidad de la lectura o de la audición? ¿Y en qué plazo se mide eso? ¿Cuántas décadas han pasado para que la obra de Gabriela Mistral comience a “impactar” en la cultura nacional, para el caso de que efectivamente esté “impactando”....? ¿O cómo cuantificar “el impacto” de una obra pictórica”? ¿Por el número de ojos que la han visto en determinado período de tiempo (¿meses?, ¿años?) o por su valor en el mercado del arte? Me temo que la preocupación legítima por los resultados de una cierta política pública (en este caso, cultural), bajo la obsesión por el “impacto”, si no se tiene cautela y dos dedos de frente, puede terminar en un callejón sin salida no sólo para el nuevo Ministro.
Por otra parte, Luciano Cruz-Coke, que revista Paula califica de “liberal”, parece contradecir este calificativo al condenar, y además con escándolo de índole ética, a los gestores culturales que cobran por su quehacer. Los actores pueden cobrar por actuar en teleseries. Los cantantes pueden cobrar por una presentación. Pero los gestores culturales, a los cuales acuden jóvenes creadores en busca de apoyo a la formulación y gestión de sus proyectos culturales, cometen una falta grave si cobran por su trabajo profesional. Incluso, y precisamente, si el gestor cultural los ayuda a sortear lo que el mismo Ministro Cruz-Coke califica como “procedimientos jurídicos tremendamente engorrosos y difíciles” a la hora de postular a fondos públicos concursables. Con todo respeto: el planteamiento del Ministro de Cultura es la antítesis de una postura liberal. El liberal genuino afirma la libertad por sobre las normas y los deberes-seres, y afirma la responsabilidad para responder a los llamados y requerimientos de otros. Por lo demás, mientras sigan habiendo “procedimientos jurídicos tremendamente engorrosos y difíciles” en las convocatorias públicas, el apoyo de los gestores culturales — ad honorem o no, poco importa — para muchos jóvenes y no tan jóvenes que se inician en el camino del arte seguirá siendo vital.