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Los diputados Miguel Ángel Alvarado (PPD) y Juan Luis Castro (PS) presentaron este miércoles un proyecto de ley que obliga a los operadores de Casinos a tomar todas las medidas necesarias para proteger eficazmente la vida y salud de los trabajadores, informando de los posibles riesgos y manteniendo las condiciones adecuadas de higiene y seguridad.

Los legisladores comentaron que resolvieron presentar esta moción, luego de que el fin de semana pasado un cliente del Casino Monticello disparó contra funcionarios de dicho establecimiento.

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Al respecto, el diputado  Alvarado comentó que "este proyecto pretende impulsar modificaciones a la Ley 19.995 de Casinos, porque lo que ha ocurrido en los últimos días no es algo fortuito, sino que prácticamente se veía venir, dados los antecedentes previos. Por ello, queremos subir las exigencias de seguridad al rango de ley, y no que sean aplicadas mediante un decreto".

El parlamentario PPD agregó que estos recintos deberán contar con "un protocolo de seguridad para detectar armas de fuego o cortopunzantes, el que deberá comprender el porte e instalación en todos los ingresos o accesos de detectores de metales".

En tanto, diputado Juan Luis Castro, dijo que “ha llegado el momento de tomar medidas concretas, ya que el caso que vimos en el Monticello no es fortuito”.

“No nos hagamos los lesos, porque sabemos que los casinos permiten muchas conductas agresivas de los clientes, porque solo les interesa que estas personas gasten su dinero. En ese sentido, creemos urgente que se instalen medidas de seguridad y controles similares a las que se aplican en los eventos masivos”, explicó Castro.

Además, la iniciativa autoriza a los operadores de Casinos a requerir a la Dirección Nacional de Movilización el registro de personas con armas inscritas, con la finalidad de crear un registro especial, y la entrega de antecedentes de personas condenadas por crimen o simple delito, como condición para su autorización de ingreso a las salas de juego.

El proyecto presentado por los diputados Castro y Alvarado también tipifica como delito la omisión de los empleadores de medidas que permitan mitigar accidentes de trabajo u otras exigencias establecidas por la ley, para la seguridad del trabajador las que serán sancionadas con penas privativas de libertad y multas.