Ante el Juzgado de Garantía de Coquimbo, la Intendenta Lucía Pinto, presentó el viernes una querella contra todos quienes resulten responsables por el delito de juego ilegal y explotación de máquinas y casa de juego de azar.

La acción penal fue ingresada 24 horas después del dictamen de la Contraloría General de la República, que estableció que los municipios no deben renovar las patentes de aquellos locales que mantienen máquinas tragamonedas y juegos de azar fuera de norma.
 
De acuerdo al libelo, existen 465 máquinas tragamonedas que funcionan fuera de la ley, distribuidas en 7 locales comerciales ubicados las calles Aldunate, Portales, Aníbal Pinto y Alcalde.
 
“En el interior de estos establecimientos, existen máquinas del tipo tragamonedas, o también denominadas ‘chumbeque’, las cuales están para uso público en general y sin restricción de edad, que permiten realizar apuestas a cambio del pago de un precio”, se detalla en la querella, mencionando que “en un simple recorrido por las calles de la ciudad es posible verificar que, en la práctica, se trata de verdaderos mini-casinos, en donde es posible encontrar máquinas que cumplen la misma función y que poseen las mismas características que tienen las máquinas tragamonedas explotados en los casinos autorizados, pero sin las restricciones que por resguardo se aplican a aquellos amparados por la ley 19.995”, dice el escrito patrocinado por el abogado Claudio Olavarría.
 
La acción penal impulsada por la gobernación regional fue valorada por los operadores legales de Casinos de Juegos que, y así el abogado Juan Carlos Manríquez, enfatizó que “es muy relevante ver como la Intendencia de la IV Región, basada en una decisión técnica y con firmeza, ha entablado una primera acción que puede marcar una ruta a nivel país contra el juego ilegal, contra el juego de azar clandestino y contra todos aquellos que defraudan las patentes municipales de entretenimientos electrónicos y otros afines, para ocultar bajo ellas juego ilegal directo u organizado”.
 
“Esta es una conducta que, a nuestro juicio, debe ser seguida por todas las Intendencias regionales y convertirse en una política nacional, más aún cuando la Contraloría General de la República, la Corte Suprema y la Superintendencia de Casinos, han dejado extremadamente claro que no es posible otorgar ni renovar patentes para este tipo de comercios”, agregó Manríquez.
 
Y puntualizó “en este escenario, se confirma que la expresión ‘juegos de destreza’ es absolutamente engañosa cuando pagan apuestas, así como las denominadas ‘máquinas de juego programado’, puesto que estas lo único que programan, es el monto del premio, siendo el azar el que determina el evento de ganancia o pérdida y en consecuencia son todas ilegales”.
 
El jueves recién pasado, la Contraloría General de la República estableció que los municipios, previo a la renovación de permisos, deberán verificar que las máquinas tragamonedas y similares, sean de destreza y no de azar.
 
La orden ocurre, además, en el marco de la discusión que se tramita en el Senado respecto al proyecto de ley que busca la prohibición del uso de máquinas tragamonedas fuera de los casinos legales.
 
Según ha establecido la ley, todos los operadores, administradores y explotadores de casas de juego de azar ilegal incurren en ilícitos, pues no se puede recibir ni pagar apuestas en dinero, o representativas de éste, fuera de los casinos legales.