Serviu presenta 17 demandas ante la justicia por mal uso de viviendas sociales en Tongoy

03 Agosto 2012

Director Osvaldo Pacheco entregó los antecedentes en el Segundo Juzgado de Letras de Coquimbo con la intención de que aquellas personas que incurrieron en este vicio devuelvan los dineros de los subsidios.

felipepardoo >
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El director regional del Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu), Osvaldo Pacheco Pla, en compañía de la jefe del Departamento Jurídico, Verónica Ibacache, y la abogada de la entidad, Gladys Nayem, presentaron 17 demandas contra personas que han usado indebidamente las viviendas entregadas con dineros fiscales. 

Esto, se comprobó después de que Serviu reforzara la fiscalización en diversas comunas de la región y donde sólo en el conjunto “Tongoy Naciente” del balneario coquimbano se detectaron 17 casas abandonadas, lo que contraviene lo estipulado en las escrituras entregadas en 2009 y que dan cuenta de la imposibilidad de no habitar la propiedad. 

Ante ello, el servicio dependiente del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu), hizo los descargos legales con la intención de que la justicia acoja los recursos y conmine a los infractores a retribuir los recursos mal habidos al Fisco. “Lo que buscamos es que se restituyan los recursos públicos mal utilizados, pues ese dinero es de todos los chilenos y no vamos a aceptar que personas inescrupulosas hagan un uso inadecuado”, aseveró el director de Serviu, Osvaldo Pacheco. 

En caso de que la justicia acoja esta solicitud de Serviu, los 17 involucrados en el mal uso de viviendas de Tongoy devolverían 373 UF cada uno, o sea, más de 8,5 millones de pesos. En total, el Estado por estas acciones recibiría más de $145 millones. “Cuando el Estado ayuda a salir de una condición de vulnerabilidad a familias carenciadas, éstas tienen derechos como utilizar apropiadamente el bien que se les entregó y eso impide abandonar o arrendar la vivienda a terceros”, indicó el seremi de Vivienda y Urbanismo, Fernando Herman. 

25% DE INFRACCIÓN

En lo que va del año se han catastrado alrededor de 1.000 viviendas, de las que más de 240 presentan irregularidades en su habitabilidad. “El compromiso que asumimos como Gobierno fue preocuparnos de reducir la brecha habitacional, pero también evitar que se siguiesen ocupando erradamente los recursos públicos, cuya tasa alcanza un 25%. Por ello creamos una Unidad de Fiscalización en Serviu, de manera que encienda las luces de alerta cuando se detecten casos como los que hoy estamos denunciando”, acotó Pacheco. 

Durante las próximas semanas se presentarán nuevas acciones legales contra quienes se compruebe un uso inadecuado de las propiedades adquiridas con fondos públicos en el resto de las comunas de la región.

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