Dimes y diretes en la Región de Coquimbo por acusación constitucional contra Piñera

El miércoles 13 de octubre, la oposición ingresó la acusación constitucional contra el presidente Sebastián Piñera, en el marco de los Pandora Papers, polémico caso donde se denuncia la compraventa de minera Dominga en Islas Vírgenes, viéndose también involucrado Carlos Alberto Délano.

El texto contiene 2 capítulos: El primero, acusa que el mandatario incurrió en faltas graves a la probidad; mientras que el segundo, sostiene que puso en tela de juicio el honor de la nación, detalla nuestro medio asociado Guayacán FM.

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DIMES Y DIRETES

Esto ha generado diversas opiniones en los parlamentarios de la Región de Coquimbo. El diputado Daniel Núñez (PC) fue uno de los 15 parlamentarios firmantes del libelo, donde espera que el presidente en esta oportunidad sea destituido de su cargo.

“Piñera pasará a la historia como el peor presidente electo de la historia de Chile, él debió ser destituido por las brutales violaciones a los Derechos Humanos que él amparo y ordenó como presidente en el marco del estallido social y ahora, debe ser destituido su involucración en este caso de corrupción que rodea a Minera Dominga y por los intereses familiares y amigos íntimos con este proyecto minero”, expresó Núñez, destacando lo importante de combatir la corrupción en el país.

Por su parte, el parlamentario Raúl Saldívar (PS) sostiene que el libelo ingresado esta jornada es bastante contundente en representar el actuar del presidente. “Esta acusación concentra elementos propios de la actuación del presidente de la República en el ámbito de su relación con los negocios, la multiplicidad de transacciones comerciales con los que ha tenido relación y el desempeño de su cargo, el que no ha podido separar, pese a que se constituye una incompatibilidad entre ambos campos y que desgraciadamente ha traído problemas al país, a su persona y a la democracia”, señaló.

En tanto, el diputado oficialista Francisco Eguiguren (RN), indicó que la acusación presentada por la oposición tiene un fin netamente político. “La verdad tiene que buscarse siempre, duela lo que duela, pero cuando existe una motivación más bien política electoral de buscar la verdad me genera un conflicto enorme, la Acusación Constitucional no va a buscar la verdad o resolver el problema, va a buscar tener un resultado electoral que permita a la izquierda lograr un objetivo en las próximas elecciones del 21 de noviembre”, sostiene.

Opinión que es compartida por el parlamentario Juan Manuel Fuenzalida (UDI). “Sin duda es una acusación netamente política, desde el punto de vista legal no tiene ningún sustento, la acusación solo procede por actos o hechos ocurridos dentro del periodo de su mandato, cosa que acá no ocurre”, indicó.

Los parlamentarios que conformarán la comisión revisora serán los diputados Florcita Alarcón (PH), Maya Fernández (PS), Pepe Auth (Ind.), Paulina Núñez (RN) y Virginia Troncoso (Ind.-RN). Según se indicó, la instancia sesionará de manera presencial.