Diputado Fuenzalida propone retorno de órden público y penas "ejemplares"

14 Enero 2020

Iniciativa busca el restablecimiento de medios disuasivos para las policías, como el aumento de penas a quienes atenten contra Carabineros, PDI y gendarmería e incrementa las sanciones a quienes causen desórdenes públicos.

Equipo El Obser... >
authenticated user Editor

Fueron los ataques a más del 60% de las estaciones del Metro de Santiago, la masiva evasión del transporte público, el vandalismo y saqueo contra el comercio e industria y más de 2.500 Carabineros heridos, sumado a millonarios daños a vehículos policiales y cuarteles atacados, lo que llevó al diputado Juan Manuel Fuenzalida a la elaboración de un proyecto.

Según explica, permitirá, entre otros temas, entregar más medios, tecnología y protección a las policías, como también aplicar duras sanciones a quienes causen desmanes y vandalismos en las calles de nuestro país. 

El escenario escogido fue el Palacio de La Moneda, en el que Fuenzalida en su calidad de vicepresidente de la UDI, acompañado por la presidenta del partido, Jacqueline Van Rysselberghe y un grupo de parlamentarios gremialistas, se reunieron con el Ministro del Interior, Gonzalo Blumel.

En la ocasión, le explicaron la necesidad que existe en el país de recuperar el orden público a la brevedad, cuyos desórdenes han tenido graves consecuencias para miles de familias que no sólo han visto alterada su libertad de trasladarse desde un punto a otro, sino además han perdido su empleo producto de los saqueos y vandalismo de grupos organizados. 

Al respecto Jaqueline Van Rysselberghe, sostuvo que “no es posible que hoy se ataque a un Carabinero verbal y físicamente o a cualquier funcionario que cumpla con la labor de protección y no tenga una sanción como corresponde, por lo tanto, solicitaron al Ministro Blumel que fusionará este proyecto con el que dispone el gobierno, colocándose urgencia y discusión inmediata para poder entregar más herramientas a las policías”. 

En tanto Fuenzalida dijo que, durante estos más de 80 días, desde que se provocó la crisis social, los chilenos han sido testigos de cómo los actos vandálicos y los desórdenes se han tomado las calles del país. “Hemos presentado una propuesta para que el gobierno entienda que estas medidas son urgentes, que se requiere retomar el orden público y la paz social, porque está es la única forma en que podemos salir adelante y poder reactivar económicamente a Chile”, puntualizó el parlamentario. 

LOS DETALLES DE LA PROPUESTA 

1.- Restablecimiento de instrumentos disuasivos para las fuerzas de Orden y Seguridad, que permita a las policías hacer frente a los disturbios callejeros, que han destruido bienes públicos y privadas como también han puesto en riesgo la integridad psíquica y física de muchos chilenos. Fuenzalida señala que su uso no debe depender de las condiciones mediáticas o de las redes sociales.

2.- Proyecto de Ley que aumente las penas de delitos que se comenten en contra de Carabineros, PDI y Gendarmería, así como también de sus familias. En este punto se indica que deben ser objeto de sanción, aquellos que profirieran insultos, lanzamiento de objetos contundentes, agresiones grupales y lanzamiento de bombas incendiarias a Carabineros, como también aquella persona que, a través de medios de comunicación, redes sociales u otro mecanismo de información o publicidad, instaré la agresión a un carabinero o su familia. Las sanciones pueden ir desde las 6 UTM hasta presidio mayor en su grado medio a máximo. 

3.- Proyecto de Ley que aumente las penas para delitos cometidos contra el Orden Público, considerando que aquella persona que portará armas cortantes en espectáculos públicos, en establecimientos de enseñanza o en vías o espacios públicos en áreas urbanas podrá ser sancionado con presidio menor en su grado mínimo (61 a 541 días) y multa de 1 a 4 UTM. Al mismo tiempo tendrá reclusión menor en su grado mínimo, aquella persona que diera una falsa alarma de incendio, emergencia o calamidad pública a los Cuerpos de Bomberos u otros servicios de utilidad pública. 

4.- Adquisición de nuevas tecnologías para las policías que permitan hacer frente a estos hechos de violencia, mediante la modificación de una serie de normativas legales que hoy rigen el tema de los drones como las cámaras de reconocimiento facial, las cuales constituyen elementos importantísimos para probar los actos delictuales.