En La Serena analizan Ley de Transparencia y Probidad para combatir la corrupción

12 Abril 2016

Erradicar las malas prácticas y recuperar la confianza de la ciudadanía en sus instituciones.

Equipo El Obser... >
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La Agenda de Probidad y Transparencia que impulsa el Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet es una clara señal para sancionar y condenar las malas prácticas en el ejercicio de los cargos políticos. Cambiaron las reglas del juego con un conjunto de 14 medidas administrativas y otras 16 de carácter legal para regular la actividad política, el funcionamiento de los servicios públicos  y los distintos procesos electorales que se desarrollarán en el país desde ahora.

Entre sus normativas incluye la Ley de Probidad en la función Pública y Prevención de Conflictos de Interés. En este escenario, autoridades regionales, encabezadas por el Intendente de Coquimbo, Claudio Ibáñez, junto a los Gobernadores Provinciales, Seremis y Directores de Servicio participaron de una jornada de información para conocer los principales aspectos de esta reglamentación, la que fue impartida por la Comisión de Probidad y Transparencia del Ministerio Secretaría General de la Presidencia  y el Servicio Civil.

El Intendente de Coquimbo Claudio Ibáñez remarcó que, “Chile está cambiando, hoy estamos en un nuevo escenario. Desde el retorno de la democracia hemos dado avances significativos en la probidad y transparencia. Con esta agenda que impulsa nuestra Presidenta Michelle Bachelet, vamos avanzando hacia un Gobierno más transparente e íntegro”.

Esta legislación es una de las iniciativas medulares de la Agenda de Probidad y Transparencia que la Presidenta Bachelet comprometió al país en abril de 2015, para combatir la corrupción, erradicar las malas prácticas y recuperar la confianza de la ciudadanía en sus instituciones, medidas que son analizadas en todo el país.

Al respecto, Rodrigo Mora, Presidente de la Comisión de Probidad y Transparencia del Ministerio Secretaría General de la Presidencia explicó que esta Ley obligará a unas 26 mil personas a que declaren su patrimonio e intereses durante marzo, tanto para aquellas autoridades que asuman o dejen los cargos públicos. “Están todas las autoridades políticas del país obligados a rendir esa cuenta, esto incluye a aquellos funcionarios que realicen labores de fiscalización y funcionarios a honorarios que reciban remuneraciones mayores y a los jefes de departamentos. Para nosotros es muy importante que las instituciones den una muestra de claridad de cara a la ciudadanía”, indicó Mora.

La Ley de Probidad también considera un proceso participativo junto a los funcionarios, con quienes se va a desarrollar un Código de Ética de los Servicios Públicos.

En este ámbito, Claudia Fuenzalida, Asesora del Servicio Civil, acotó que “tenemos hasta fin de año para tener un Código de Ética en todos los servicios. Será un proceso donde los funcionarios participarán activamente y serán incluidos los rasgos de cada institución. Serán ellos los que van a sistematizar y relevar lo importante para trabajar en esa institución”.

La Ley de Probidad en la Función Pública es uno de los siete compromisos de la Agenda de Probidad que han sido tramitados en su totalidad por el Congreso, además de esta iniciativa, destaca la Ley sobre Fortalecimiento y Transparencia de la Democracia; la Ley  sobre Pérdida del Escaño; la reforma constitucional que otorga la autonomía al SERVEL; la indicación que regulaba la organización y las facultades dicho organismo; y la Ley de Educación Cívica en establecimientos públicos.