Informarnos será la clave para que el proceso constituyente sea legítimo

Nos encontramos en la antesala de uno de los momentos históricos más importantes de Chile. Los días 15 y 16 de mayo se elegirán a alcaldes, concejales, gobernadores regionales (por primera vez) y constituyentes en todos los distritos del país.

A diferencia de otros procesos democráticos, en estas elecciones sí hay una sensación de que se pueda hacer un cambio al participar. ¿A quién no le motiva la idea de ser partícipe activo de un capítulo importante de la historia chilena?

En especial en el caso de los constituyentes. Según una encuesta llevada a cabo a mediados de abril por la Asociación de Investigadores de Mercado y Opinión Pública, 75% de los encuestados considera importante o muy importante la elección de constituyentes.

Sin embargo, existe el miedo de que estas elecciones muestren resultados similares a los procesos anteriores. Si bien se espera que la participación sea alta, las posibilidades de que el proceso constituyente sea deslegitimado existen y son una realidad.

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Fuentes de información

Para lograr una legitimidad del proceso, van a ser clave varios factores, donde la información de la gente va a ser fundamental. Es cierto que hay algunas fuentes brindadas por el Gobierno y el SERVEL, pero también es verdad que distan bastante de lo esperado.

La administración liderada por el presidente Piñera no ha sido capaz de realizar una bajada de información transversal a la población. El uso de las redes sociales y plataformas virtuales han sido sus mecanismos más utilizados. Pero ¿Qué pasa con ese porcentaje de adultos mayores, personas de localidades rurales con escasa señal de internet, entre otros grupos sociales que no usan esta fuente de información?

Los medios de comunicación pasan a ser otro actor relevante, sobre todo la televisión. Aunque también hay estudios (CIPER: Chile cambio, pero ¿Y los medios?) que demuestran cómo se les da más luces a algunos (Por ejemplo: candidatos de distritos acomodados y de Evopoli) y se margina a otros (candidatos indígenas y sectores de independientes).

Desconocimiento de los candidatos

Pareciera entonces que la entrega de información sobre el proceso constituyente está dirigido a un sector específico de la sociedad. ¿En qué se traduce esto? En que gran parte de la ciudadanía sabe la importancia del proceso, pero no cómo se lleva a cabo. A lo mejor sabrán buscar el local donde tienen que ir a votar, pero al preguntarles si saben cuáles son los candidatos de su distrito y cuál es el programa de ellos, la cosa cambia.

Se falla entonces en el primer objetivo para alcanzar la legitimidad del proceso: los electores no suelen conocer a los candidatos de su distrito. Pero también es importante que, una vez electos, los constituyentes puedan ser capaces de generar un debate amplio, plural y vinculante que vaya más allá de la Convención.

Vinculación entre electos y electores

El abogado Fernando Atria ha planteado en diversos medios que habrá dos discusiones paralelas dentro del proceso: 1-) La institucional, que será dentro de la Convención y llevada a cabo por los constituyentes electos; y 2-) La social, llevada a cabo generalmente por gente que participó de las manifestaciones de 2019 y que se organizaron en asambleas, cabildos, sindicatos, juntas de vecinos, entre otros movimientos.

A través de la vinculación de ambas discusiones, se podrá lograr una legitimidad del proceso, donde los constituyentes, por más que no tengan la obligación, puedan rendir cuentas a los electores de su distrito.

Sin embargo, este punto falla desde el inicio del proceso, donde se excluye a la ciudadanía de lo que fue el “Acuerdo por la paz”, una cocina donde cada partido político puso su ingrediente para realizar un proceso constituyente bajo sus términos. Estrategia muy poco legítima, pero bastante ocupada por la clase política cuando ve amenazado su puesto de poder (pasó cuando firmaron la Ley General de Educación después de las manifestaciones estudiantiles, por ejemplo).

La consecuencia de esto es que los ingredientes usados en esta cocina dan sabor a deslegitimidad al proceso. Por ejemplo, el quórum de ⅔, el cual hace que la derecha necesite sólo 52 votos de los 155 para evitar, por ejemplo, que se les entregue menores atribuciones a los presidentes, o darle mayor protagonismo al Estado en seguridad social (pensiones, salud y educación públicas).

Además, al no estipularse mecanismos de rendición de cuentas entre constituyentes y electores, se reduce la participación ciudadana a solamente entregar un voto y delegar a sus representantes para que puedan hacer y deshacer a su gusto dentro de la Convención. Si esto se mantiene así, el proceso se asimilará a la política institucional que conocemos y lleva 40 años sin entregar soluciones reales.

Es por esto que la transparencia de la información será clave. Y no sólo que esté disponible, sino que sea comprensible sin la necesidad de ser abogado o profesional. Es el cómo el constituyente comunica la información y su disposición a hacerlo constantemente con la gente.

Confusión de atribuciones

Otro punto importante, es que existe una confusión de atribuciones entre los cargos públicos a elegir, lo que no hace más que confundir a la ciudadanía. Muchos candidatos a constituyente prometen hacer cosas que corresponden a parlamentarios, también gobernadores ofrecen cambiar aspectos del Estado, y concejales que anuncian cambios constitucionales. Entonces, si los mismos candidatos no conocen los roles del cargo al que postulan, imagínense la gente que vota por ellos.

La decisión de poner la elección de constituyentes junto a las otras desincentiva la participación responsable. Ya es difícil entender la función de cada cargo público, por lo que informarse para votar por 4 de ellos se vuelve una tarea densa y agotadora.

Además, entrega la sensación de normalidad al juntar la elección de estos 4 cargos públicos. Algo que favorece la mantención del status quo, ya que se le da la misma importancia a la elección de constituyentes y gobernadores regionales, que a la de alcaldes y concejales. Elecciones históricamente con una participación más baja que las presidenciales, por ejemplo.

Asumir la responsabilidad histórica del proceso

En síntesis, si el Gobierno no fue capaz de brindar la información necesaria para hacer un proceso legítimo, será tarea de nosotros mismos el conocer bien a los candidatos y el programa que proponen, saber cuáles son sus atribuciones para ver qué pueden cumplir de lo que prometen, y hacer un seguimiento de su trabajo dentro de la convención.

Además, una buena información debe ser acompañada por una participación activa para cerciorarse de que los representantes -justamente- representen los intereses de la gente. Es fundamental exigirles a los candidatos que realicen vinculaciones periódicas con organizaciones de sus distritos.

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Estamos conscientes de la importancia que tiene este proceso, pero también debemos tener responsabilidad histórica y actuar activamente en él para asegurarnos de que tengamos los resultados esperados. La pasividad sólo traerá deslegitimidad al proceso.