120 familias de pueblos originarios acusan discriminación del Gobierno

30 Noviembre 2022
Proyecto habitacional en La Herradura sería el primero de la Región de Coquimbo con pertinencia indígena, sin embargo, acusan que el Seremi de Vivienda les ha negado avanzar con la iniciativa, debido, según ellos, a presiones externas.
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Quieren vivir en La Herradura, pero dicen que nos los dejan.

Pertenecientes a 11 de los pueblos originarios reconocidos por Chile, 120 familias acusan discriminación por parte del Gobierno, ya que indican que se niega avanzar con un proyecto habitacional con pertinencia indígena en La Herradura de Coquimbo. 

Iniciativa que sería la primera en llevarse a cabo a nivel regional, no contaría con el apoyo del Seremi de Vivienda, José Manuel Peralta, el cual, según los afectados, estaría descartando el proyecto debido a presiones externas.

“El Seremi de Vivienda no tiene la voluntad política para poder desarrollar este proyecto. Se nos dijo que el terreno era muy caro, eso no es cierto”, dice Luciano Tori, presidente del comité de vivienda Tiyakuy Wasi.

Agrega que “la verdad, no quieren un proyecto de viviendas con pertinencia indígena acá, están tratando por todos los medios de no juntar a las personas que viven en La Herradura con las personas de escasos recursos. Nosotros vamos a ser un gran aporte aquí, no somos malas personas”.  

En este sentido, el dirigente explicó que dichas presiones vendrían de los mismos vecinos del sector e incluso de “personas conocidas” que se han negado en repetidas ocasiones a que este proyecto habitacional avance en el sector.

“No está de más decir que tenemos varias fuentes que nos han indicado que hay presiones de varias personas que viven aquí que son reconocidas, que están ejerciendo presiones para que este proyecto no sea construido. Hay una persona que vive acá que es un familiar directo de un diputado, que resulta que envió un informe a Contraloría para ver si era posible oponerse a la construcción de viviendas sociales en este sector y resulta que afortunadamente Contraloría contestó que esta no puede inmiscuirse en estos asuntos. A ese nivel han llegado, están haciendo presiones para que nosotros no podamos vivir acá, es una discriminación terrible. Las personas que viven aquí no pueden decidir quienes viven o no viven en este sector”, recalcó Tori.

Asimismo, manifestó la decepción que esta situación ha traído a las 120 familias afectadas, quienes creyeron en las promesas de campaña del Gobierno. “Es pésimo, la verdad uno creyó en su proyecto, nosotros pensamos que cuando dijeron que iban a ser pro-pueblos originarios, íbamos a poder avanzar en este proyecto, sin embargo, nos hemos visto con las trabas de siempre. De hecho, es el mismo Minvu que establece en una circular que este terreno está hábil para poder adquirirlo y ahora resulta que no quieren. Están discriminando a las personas simplemente por pertenecer a un pueblo originario y eso no es correcto, menos para este Gobierno que se llenó la boca con los pueblos indígenas y resulta que ahora que nosotros estamos tratando de tener nuestra propia casa nos están dando la espalda”.

Por otra parte, indicó que el Gobierno les estaría ofreciendo ubicarse dentro de los 2 terrenos que serán adquiridos para el Plan de Emergencia Habitacional, sin embargo, dichos predios no contarían con las condiciones mínimas para poder ser habitados, ya que se encontrarían a las afueras del radio urbano.

Ninguno de estos terrenos cuenta con factibilidad de agua, locomoción colectiva, entre otros. Detalles que hacen que la vivienda propia sea digna. Tampoco sabemos si se van a poder habitar, ya que la sanitaria indicó que, de no construirse la planta desaladora, no podrían abastecer de agua a proyectos habitacionales”, expresó.

¿SEGREGACIÓN?

Esta situación fue vista con preocupación por el subjefe de la bancada del Partido de la Gente e Independientes, Víctor Pino, quien ha seguido el caso de cerca, por lo cual criticó la política habitacional del Gobierno.

“Estamos viendo como están haciendo lo mismo que los anteriores Gobiernos, siguen segregando y discriminando a los más pobres al enviarlos literalmente a la falda de un cerro. En vez de priorizar la compra de terrenos para proyectos habitacionales en lugares consolidados, que tenga cerca algo tan mínimo como lo es la locomoción pública, colegios, conectividad de internet, supermercados. Cuando se construyen viviendas sociales en lugares con estos requisitos mínimos, es ahí donde verdaderamente hablamos de inclusión, es ahí donde recién podemos hablar de vivienda digna. Lo otro simplemente es segregar”, enfatizó el parlamentario.

Añade que solicitó en repetidas ocasiones reunirse con el ministro de Vivienda, Carlos Montes, con el fin de manifestarle estas preocupaciones y las demandas de estas familias, no obstante, estas audiencias fueron aplazadas por el jefe de la cartera, dice.

PERTINENCIA INDÍGENA

En el 2007, durante el Gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, el Minvu suscribió un convenio de colaboración con la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, orientado a propiciar una acción coordinada y conjunta en materia de habitalidad con pertinencia indígena.

Mediante este acuerdo, se permitió impulsar el diseño y construcción de una serie de conjuntos habitacionales para pueblos originarios.

“Se trata de experiencias innovadoras que, en armonía con la cosmovisión, cultura e identidad de los pueblos indígenas, han buscado mejorar sustancialmente las condiciones de habitalidad de esta población, tanto en el ámbito de la vivienda como del barrio”, señala la primera edición de Obras Urbanas y Habitacionales con Pertinencia Indígena del Minvu.