Amnistía Internacional: Romario Veloz iba con las manos en los bolsillos cuando fue asesinado

Amnistía Internacional emitió un informe este jueves 21 de noviembre en lo que respecta a la situación que vive en Chile. En él responsabiliza al “Mando” de una “política deliberada para dañar a manifestantes”.

Al respecto, señalan que “las fuerzas de seguridad bajo el mando del presidente Sebastián Piñera – principalmente el Ejército y Carabineros (la policía nacional) – están cometiendo ataques generalizados, usando la fuerza de manera innecesaria y excesiva con la intención de dañar y castigar a la población que se manifiesta”.

Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional, dice que “la intención de las fuerzas de seguridad chilenas es clara: lesionar a quienes se manifiestan para desincentivar la protesta, incluso llegando al extremo de usar la tortura y violencia sexual en contra de manifestantes”.

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La directora del organismo añade que “en vez de tomar medidas encaminadas a frenar la gravísima crisis de derechos humanos, las autoridades bajo el mando del presidente Sebastián Piñera han sostenido su política de castigo durante más de un mes, generando que más personas se sumen al abrumador número de víctimas que sigue aumentando hasta el día de hoy”.

2.300 LESIONADOS Y 1.100 DENUNCIAS

Según el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), al menos 5 personas han muerto a manos de las fuerzas de seguridad y más de 2.300 han resultado lesionadas, de las cuales más de 1.400 presentan heridas por arma de fuego y 220 trauma ocular severo.

La Fiscalía ha registrado más de 1.100 denuncias por tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes, así como más de 70 delitos de carácter sexual cometidos por funcionarios públicos. Según cifras de Carabineros, ningún funcionario de la institución ha muerto y hay alrededor de 1.600 heridos, 105 de ellos con lesiones graves.

ROMARIO VELOZ IBA CON LAS MANOS EN LOS BOLSILLOS

Amnistía Internacional ha documentado 23 casos de violaciones de DD.HH en las regiones de Valparaíso, Tarapacá, Bío-Bío, Antofagasta, Coquimbo, Maule y Araucanía, así como en 11 comunas de la Región Metropolitana entre el 19 de octubre y el 11 de noviembre.

Asimismo, documentan 5 muertes por agentes de seguridad durante el Estado de Emergencia Constitucional que activó el Presidente Piñera: 4 por funcionarios del Ejército y una a manos de Carabineros. 2 de ellas fueron con armamento militar.

En un caso de Romario Veloz, joven ecuatoriano de 26 años, indican que “murió después de que un militar le disparara en el cuello, mientras participaba en una pequeña marcha en La Serena”.

En ese sentido, detallan que “al llegar a un parque de la localidad, el Ejército comenzó a disparar de forma indiscriminada en contra de los manifestantes congregados. Vídeos del momento demuestran como Romario estaba caminando tranquilamente con las manos en los bolsillos”.

Agregan que “en ese mismo evento, Rolando Robledo de 41 años quedó herido en el tórax por otro disparo de un militar. Pasó varios días en coma con pronóstico grave. De acuerdo con testigos, las autoridades no auxiliaron a ninguno de los 2 y el Ejército volvió a disparar en contra de los manifestantes mientras intentaban socorrer a los heridos”.

LESIONES GRAVES Y ARMAS POTENCIALMENTE LETALES

En Coquimbo murió Kevin Gómez de 24 años tras ser impactado por un militar. Amnistía Internacional informa al respecto que “falleció según el parte médico por una herida torácico pulmonar producto de múltiples proyectiles el 21 de octubre”.

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También indican que “de acuerdo con testigos, un militar disparó a Kevin sin mediar palabra y a corta distancia con una escopeta de perdigones, a pesar de que el joven se encontraba desarmado”.

RECOMENDACIONES DE AMNISTÍA INTERNACIONAL

En base a esta investigación, Amnistía Internacional hace recomendaciones, las cuales se concentran principalmente en 4 puntos, siendo los siguientes:

“Las autoridades deben cesar la represión de manera urgente, dando órdenes precisas a las fuerzas de seguridad para que ejerzan la máxima restricción en el uso de la fuerza que solo debe ser aplicada de manera progresiva, proporcional y diferenciada, en línea con los estándares internacionales que rigen la materia. Las autoridades deben además ser muy enfáticas en el uso excepcional de armas letales y aquellas consideradas como potencialmente letales para que nunca se usen como medio de disuasión y solo se recurra a ellas de manera puntual y ante una amenaza clara y manifiesta para la vida e integridad física de quienes protestan o de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley.

Los órganos de justicia deben investigar la responsabilidad del mando en las violaciones a derechos humanos y crímenes de derecho internacional cometidos en el contexto de esta crisis en manos del Ejército y la policía, de acuerdo con el ordenamiento jurídico chileno y los estándares internacionales.

Las autoridades deben asegurar que las legítimas demandas de la población son atendidas. Se deben llevar a cabo de forma urgente las reformas legislativas y de política pública necesarias para garantizar de forma efectiva los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales para todas las personas, sin discriminación y con especial atención a las personas en mayor situación de desprotección, así como asegurar un proceso participativo e inclusivo hacia una nueva constitución que proteja y promueva todos los derechos humanos.

Las autoridades deben emprender una reforma seria y profunda de la policía. Esto incluye revisar su marco normativo con miras a transformar la institución para que garantice que todas sus actuaciones se realizan apegadas a los derechos humanos y que la institución cuenta con mecanismos estrictos de control y rendición de cuentas”.