Carabineros de Chile: ¿Orden o impunidad?

Hace pocos días la premio nacional de periodismo, Mónica Gonzalez, en el programa Pauta Libre, criticaba duramente el actuar de Carabineros a lo largo de los años, tachándola como una conducta reiterativa. 

Pareciera ser visibilizado a ojos de todos el mal actuar de algunos miembros de Carabineros. Sin embargo, desde la institución y el Ministerio del Interior no condenan los hechos a priori, poniendo en duda la legitimidad de los  relatos de las víctimas y respaldando a  estos carabineros con un “estamos investigando”.

Tanto medios nacionales e internacionales, Gobiernos y organizaciones no gubernamentales; como también la ciudadanía, entregaron el escarmiento a la institución haciendo notar su enfado, producto de las acciones de la institución en las manifestaciones registradas entre Octubre 2019 y Marzo 2020. Enfado manifestado a través de redes sociales y, por su puesto, en la calle.

Ha pasado casi un año de los primeros daños que, en los casos más trágicos, produjeron la muerte de personas, y la respuesta de “estamos investigando” no nos deja conforme a gran parte de los chilenos. Mucho menos a las víctimas directas y sus familias.

La crisis de legitimidad que viven las instituciones es un tema latente en Chile, del cual nadie pareciera hacerse cargo porque, como buen chileno, mejor “hacemos vista gorda” y seguimos como si nada pasara.  

Carabineros ya arrastraba este tipo de antecedentes en épocas de dictadura. Sin embargo, mediante una actitud de encubrimiento desde el General Stange (1985) en adelante, intentaron hacernos un “borrón y cuenta nueva”. Total, los “malos” estaban fuera de la institución o muertos en su mayoría, aseguraban.

Pero el mono aunque se vista de seda, mono se queda. En el 2017 el periodista Mauricio Weibel lanza “Ni orden ni Patria”. En este libro se evidencia un mega fraude cometido por Carabineros, el denominado Paco gate, que asciende a más de $35 mil millones, siendo esta la gota que rebalsó el vaso cuando se trata de credibilidad y confianza en la institución. Entonces, ¿Cómo confiar en quienes se corrompen?

La grieta se comienza a reabrir poco a poco, hasta que el 18 de Octubre nos dimos cuenta que Carabineros actuó como un simio al que liberan de la jaula, dañando sin lógica humana alguna a cualquiera que se interpusiera en su andar. ¿Un amigo en tu camino? 

Mónica González explica en el recientemente mencionado programa Pauta Libre, que “el tema de la impunidad y el tráfico de pruebas es histórico”. Se dió en el caso Degollados  que estremeció a Chile en 1985, llevado a cabo por Agentes de la Dirección de Carabineros; como también después del estallido con Mario Rozas como encubridor, explica la galardonada periodista. 

¿Tenemos el derecho de juzgar a aquellas personas que no pueden confiar en las instituciones como Carabineros, si ellos les mienten en sus caras y sin tapujo alguno? Es esa actitud corrompida la que degrada las instituciones y socava la gobernabilidad, generando un clima de conflicto social de índole insubsanable. 

Este tipo de casos lo vimos también en nuestra región. Sin ir más lejos, el año pasado Giovanni Pino fue mutilado, hecho que se hizo conocido a través de las denuncias realizadas por su tía, Paola Campos, en Redes Sociales. 

Giovanni, un menor de tan sólo 16 años, salió una tarde a manifestarse junto a sus primos en la plaza Las Américas de Coquimbo, una elección que -jamás pensó- terminaría por cambiarle la vida como él la conocía. 

Esa tarde tuvo un desenlace trágico para este joven, quien no tuvo la misma suerte de sus familiares, pues no pudo llegar sano y salvo a su casa.  Todo lo contrario: gracias al descriterio de Carabineros al tratar dispersar la manifestación, Giovanni terminó siendo mutilado, quedando con un ojo menos y, según aseguran testigos a Diario El Día, fue golpeado cobardemente por funcionarios de la institución incluso cuando ya estaba detenido.

Según relata su padre en Facebook, Nelson Pino, su hijo “fue obligado dentro del carro policial a mentir cuando Carabineros lo torturó y golpeó propinándole todo tipo de ensañamiento psicológico,verbal y físico”, todo esto bajo las órdenes del capitán Ricardo Luengo, encargado del procedimiento, afirma.

Estos intentos por encubrir y falsificar pruebas no es algo nuevo dentro del actuar de Carabineros. Basta recordar el caso de Camilo Catrillanca, o los montajes de quemas de camiones que buscan culpar a manifestantes mapuche, y así ensuciar su imagen en vez de preocuparse por limpiar la de ellos de manera correcta.

Lo que vemos entonces es un actuar institucional de miembros de fuerzas del orden que, junto a las deficiencias del Ministerio del Interior para investigar, representa una Violación Sistemática de los Derechos Humanos.

Violaciones a los Derechos Humanos que también se vivieron durante la dictadura. Varios fueron los centros de detención que sirvieron como prisión política y tortura entre los años 1973 y 1989 en la Región de Coquimbo. Uno de los casos más presentes en la memoria colectiva fue la Cárcel de La Serena, donde la Cruz Roja Internacional señalaba un problema serio de hacinamiento  e higiene. 

Cientos fueron las denuncias recibidas por la Comisión Valech, con numerosos presos que fueron incomunicados, violentados e interrogados constantemente por la Fiscalía Militar. Y para qué seguir contando los casos, viejo secreto a voces en las pedregosas calles de la región. 

En este sentido, seguimos siendo testigos de un comportamiento histórico dentro de las fuerzas del orden, el cual obedece nada más y nada menos que a una sensación de impunidad, y de espaldarazo por el Gobierno de turno. 

Según cifras entregadas por Tarcila Piña, Directora Regional del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), de 160 querellas presentadas por hechos ocurridos en las manifestaciones de Octubre y Noviembre, sólo 5 terminaron con miembros de fuerzas del orden imputados. Así mismo, la Corte Suprema también ha hecho su parte al darle beneficios a detenidos por crímenes llevados a cabo durante la dictadura militar. 

Esto vuelve a la interrogante que planteamos anteriormente ¿Cómo se puede confiar en las instituciones de la democracia, si éstas dan privilegios a torturadores y violadores de los Derechos Humanos? Con este tipo de actitudes, es más que  justificado el temor que presentan millones de familias, sobretodo los más longevos del hogar, cuando sus jóvenes generaciones salen a marchar. Así como también lo sintió Mery con su hijo Romario cuando éste salió en su derecho legítimo a manifestarse. 

El miedo no es a que se metan en problemas, sino en que les pueda pasar algo. En nuestro país es normal para una persona como manifestante, sentirse más asustado frente a la presencia abusiva de Carabineros reprimiendo, que toparse frente a frente con capuchas o saqueadores. Al menos estos últimos, sabemos, no nos harán daño directamente. 

Aumenta el miedo, cuando  vemos que se encubren entre ellos, hacen pactos de silencio y además las instituciones públicas se ven en dificultad de esclarecer los hechos producto de la poca voluntad por parte de la institución a entregar los reales antecedentes . Esto sin querer sospechar en los intereses de quienes están a cargo de estas instituciones. Lo que necesitamos entonces es que sean capaces de dar la cara, asumir sus responsabilidades y afrontar la consecuencias de sus actos. Sólo de esta manera podremos tener justicia,  confiar un poco más en esta pintoresca democracia y creernos un poco más el cuento de “un amigo en tu camino”. Para esto es necesario pensar en una refundación formativa de esta deslegitimada institución.