Crimen de Eugenio Berríos: condena de Torres Silva reflota idea de derogar Justicia Militar

Las recientes condenas a 14 militares por el homicidio del ex químico de la DINA, Eugenio Berríos, entre quienes se cuenta al ex auditor general del Ejército, Fernando Torres Silva, reabrió el debate sobre la necesidad de derogar la Justicia Militar, considerando que este sistema penal garantiza la impunidad de delitos contra los derechos humanos cometidos durante la Dictadura, tal como aseguraron parlamentarios y abogados.

Torres Silva es recordado por su labor como Fiscal y Auditor General del Ejército, tanto en los últimos años de la Dictadura como en los primeros años de la Transición. Uno de los casos más bullados que le tocó investigar fue el atentado contra Pinochet, llevado a cabo por miembros del FPMR, el cual culminó con la petición de la pena de muerte para nueve de los detenidos por este hecho.

Además, luego de finalizado el régimen militar, el ex Auditor General del Ejército se abocó a la defensa de los militares que estaban involucrados en violaciones a los derechos humanos, y el 21 de noviembre de 2000 fue procesado por la Tercera Sala de la Corte de Apelaciones como encubridor del homicidio del entonces presidente de la ANEF, Tucapel Jiménez, asesinato perpetrado por miembros de la CNI en febrero de 1982.

Para el diputado del PPD, e hijo homónimo del dirigente sindical, Tucapel Jiménez, el ex Fiscal Torres Silva, cumplía un rol bastante perverso y gracias a él se impidió que se hiciera justicia y se conociera la verdad, a lo que agrega que bajo sus órdenes se establecieron los cuestionados pactos de silencio y la complicidad para no cooperar con la justicia.

Así mismo, recuerda que durante el gobierno de Sebastián Piñera ya existió un preacuerdo para derogar la Justicia Militar, lo que finalmente no se concretó. Por ello, asegura que este es el momento para cumplir con ese tema. Según el parlamentario, sólo bastaría reactivar alguna de las muchas mociones que se encuentran en el Congreso.

“Más que lo que diga el Ministerio de Defensa o el propio ministro, lo importante es lo que diga la Presidenta y el Gobierno. Creo que están todas las condiciones para revisar el tema de la Justicia Militar. Hay varias mociones en el Congreso, descansando, por lo que espero que sea ahora. Tenemos demasiadas deudas en el tema de derechos humanos como para seguir cometiendo más errores”.

El diputado del Partido Comunista Hugo Gutiérrez coincidió con Tucapel Jiménez en relación con la necesidad de derogar la Justicia Militar, e hizo hincapié en que la condena a Torres Silva viene a subsanar uno de los errores cometidos por los gobiernos de la Concertación al permitir que el ex Auditor General del Ejército se mantuviese en su cargo, poniendo cortapisas a la labor de la Corte Suprema.

“Creo que haber mantenido al Auditor General del Ejército por tantos años instalado en la Corte Suprema, como uno de los que dirimía lo que era justo o injusto en este país, dio cuenta del tipo de Transición que tuvimos. Una Transición intervenida por las Fuerzas Armadas, y yo creo que eso ya no se justifica. Más aun cuando sabemos que estos son parte, incluso, de crímenes. Cuando Torres Silva era, justamente, uno de los que cometía crímenes durante la transición democrática, y que recién después de haber pasado 25 años, recién podemos sancionarlo como corresponde. Yo creo que hoy día se hace necesario y urgente terminar con la Justicia Militar”.

Desde el mundo de los Derechos Humanos también cuestionaron que se mantenga un sistema penal paralelo, como es el caso de la Justicia Militar, la que incluso, hasta 2010 aún podía juzgar a civiles en caso que se vieran involucrados en delitos contra personal de las Fuerzas Armadas. En este sentido, el abogado Alberto Espinoza llamó a abolir el Código de Justicia Militar y que tanto civiles como uniformados deban enfrentar los mismos tribunales.

“Correspondería que la sociedad política asumiera esta situación, se hiciera cargo de esto, y derogara en forma integral el Código de Justicia Militar, estableciera cuáles son los delitos militares, los incorporara al Código Penal, y la jurisdicción penal militar despareciera absolutamente y que militares y civiles quedaran sujetos al mismo tipo de procedimiento que está reglado en el Código Procesal Penal, y que responda a los estándares internacionales y nacionales respecto de lo que debe ser un debido proceso”.

La abogada Carmen Hertz, por su parte, se sumó a las voces que exigen terminar con el Código de Justicia Militar, y además recordó que los integrantes de las Fuerzas Armadas aún cuentan con la prerrogativa del fuero militar, que limita aún más la acción de la justicia ordinaria.

“Incluso más, el propio fuero militar es algo muy discutido, porque no hay motivo para que pudieran tenerlo. Distinto es el fuero parlamentario, pero los militares que se supone son sujetos no deliberantes, sujetos obedientes que dependen del poder civil, no deberían tener un fuero especial”.

Tanto parlamentarios como abogados emplazaron a que el Gobierno a que dé los pasos necesario para terminar con la Justicia Militar, y que se cumplan con las recomendaciones realizadas por organismos internacionales en orden a perfeccionar nuestro sistema democrático.