¿De quién es la culpa?: Imputado cumplía ‘condena en libertad’ cuando dio muerte a su pareja

Poco a poco nuevos antecedentes se conocen del crimen que le costó la vida a Yulisa Cerda de 22 años, en un domicilio en Las Compañías, en La Serena. El principal sospechoso, un joven de 24 años que se entregó a la PDI el jueves pasado, fue formalizado por la Justicia y arriesga una pena que fluctúa entre los 15 años y un día y el presidio perpetuo calificado.

Así lo consignó El Día, medio que indicó que fue durante la audiencia de formalización que la Fiscalía entregó antecedentes desconocidos sobre el caso. Y es que, de acuerdo a los antecedentes proporcionados por el Ministerio Público, se conoció que el presunto victimario había sido beneficiado con la sustitución de una pena efectiva de presidio por la reclusión nocturna parcial. Condición que mantenía en los momentos que se produjo el homicidio.  

La publicación detalló que, pese a tener un prontuario de 33 causas y haber salido en agosto de la cárcel, el sujeto presentaba dicho beneficio.

Por otra parte, el texto periodístico sostuvo que son múltiples las voces que continúan cuestionando al Ministerio Público por no haber adoptado con anterioridad medidas de protección para salvaguardar la vida e integridad de la víctima.

NUEVOS ANTECEDENTES

Dentro de los nuevos antecedentes, además se menciona que vecinos manifestaron que dicha relación era “tóxica”, y que el sujeto había abandonado el domicilio luego de que la mujer interpusiera una denuncia en diciembre pasado.  

De hecho, y en este contexto –puntualizó El Centro-, la molestia de la comunidad y de las autoridades se generó porque con este crimen quedó al descubierto serias deficiencias en el sistema de protección hacia las víctimas, ya que la muchacha había denunciado –de manera formal- en tres oportunidades a su agresor ante Carabineros, en el escenario de violencia intrafamiliar, antecedentes que fueron conocidos por la fiscalía.

SEREMI

Incluso la seremi de la Mujer y Equidad de Género, Ivón Guerra, declaró al matutino que “aquí el ente persecutor  no hizo la pega, y no tengo problema en decirlo públicamente porque aquí hubo una negligencia. Aquí la persona fue a hacer la denuncia en diciembre, después en enero, y después en febrero, pero no se hizo nada. Se consideró como algo leve, porque se hizo una mala lectura de la pauta de riesgo y no se tomó en cuenta quién era ni lo peligroso del sujeto agresor, por eso a nosotros no se nos informó nada (…) Yo conversé con el fiscal Regional Adrián Vega, y reconoció el error, pero esto no puede ocurrir nuevamente por eso que vamos a exigir responsabilidades al interior de la institución, porque alguien tiene que asumir”.

La publicación señaló que desde el Ministerio Público fueron consultados al respecto, pero prefirieron no referirse al episodio.