DGA sella pozo de minera china que extraía agua de manera ilegal en Ovalle

La Dirección General de Aguas del Ministerio de Obras Públicas, a través de su Director Regional, Carlos Galleguillos, el Jefe de la Unidad de Fiscalización, Marco Soto, profesionales de dicho servicio, de la dirección de Obras Hidráulicas y la Gobernación del Limarí y el auxilio de la fuerza pública, liderados por el mayor de Carabineros Rodrigo Agraz se dirigieron a la pertenencia de la mina con el objeto de realizar el sellado al pozo P-1 que no cuenta con la autorización pertinente para efectuar extracciones de aguas subterráneas.

Al llegar al terreno para proceder con el sellado, los funcionarios de la DGA se percataron de que el pozo ya había sido deshabilitado por la empresa, dejando sólo el sondaje. De igual forma, Marco Soto, señaló que “se estima que el pozo podía extraer un caudal aproximado de entre 12 y 16 l/s por lo que se procedió a la instalación de una placa de acero galvanizado en la unión de la salida del pozo y así dejarlo imposibilitado de efectuar nuevas sustracciones”.

El hecho que da inicio a este proceso, “comienza con la denuncia realizada por un ciudadano a la Dirección Regional de Aguas, la que fue acogida por el Servicio y razón por la cual se resolvió ordenar que la minera detuviera la extracción no autorizada de aguas subterráneas, lo que no cumplieron de acuerdo a lo constatado por nuestros funcionarios en marzo y por ello, hoy nos encontramos acá”, indicó Carlos Galleguillos.

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De acuerdo a las atribuciones que tiene la DGA, se enviaron los antecedentes al Juzgado Civil para determinar la aplicación de la multa que tiene un máximo de 20 UTM de acuerdo al artículo 173 del Código de Aguas y a su vez, fueron enviados al Ministerio Público para investigar la posible usurpación debido a la  extracción de recursos hídricos sin poseer el título de derechos de aprovechamiento aguas.

Reforzar la capacidad de fiscalización y las atribuciones de la DGA en las materias que le competen, es parte de lo que se discute actualmente en el Senado en el Boletín 8149-09 y que busca aumentar las sanciones, mejorar la especificación del tipo penal de usurpación de aguas, mejorar la protección de cauces y acuíferos, así como también,  tener mejor y mayor información.

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La región de Coquimbo es una zona que se ve afectada por la escasez hídrica, por lo que se hace un llamado a la ciudadanía para que las personas denuncien aquellas infracciones que se establecen en la actual normativa vigente