Dictan nueva orden de detención en contra de ex funcionaria municipal de Ovalle

23 Septiembre 2015

Es investigada por el delito de estafas y otras defraudaciones contra particulares, además del ejercicio ilegal de profesión. Mujer no se presentó a audiencia. 

Equipo El Obser... >
authenticated user Editor

El Juzgado de Garantía de Ovalle emitió ayer –martes 22 de septiembre– una nueva orden de detención en contra de la ex funcionaria municipal de la ciudad Bernardita Carroza Vargas, quien no se presentó, pese a estar notificada, a la audiencia de verificación de acuerdo reparatorio en la causa (rol 3552-2013) que se sigue en su contra  por el delito de estafas y otras defraudaciones contra particulares y ejercicio ilegal de la profesión.

Anteriormente -el 20 de julio-, el tribunal había ordenado su detención por no acudir a la audiencia de preparación de juicio oral, sin embargo, tras presentarse en forma voluntaria se arribó a una salida alternativa (acuerdo reparatorio), consistente en el pago de 9 millones 100 mil pesos, que se cancelaría en cuotas mensuales de $880 mil, acuerdo que debía verificarse ayer, martes 22 de septiembre.

NOTA RELACIONADA: Dictan orden de detención contra ex funcionaria municipal de Ovalle investigada por estafas

Lo orden de detención, dictada por el magistrado Luis Muñoz, fue oficiada tanto a Carabineros como a la Policía de Investigaciones, con el objetivo de que la imputada sea puesta a disposición del tribunal.

Según la fiscalía, entre marzo de 2011 y febrero de 2012, la imputada, en su calidad de funcionaria municipal a honorarios, contactó aproximadamente a 30 personas, “atribuyéndose influencias y contactos personales con la Municipalidad de Ovalle, induciéndolas a error y engañándolas, con ánimo de lucro, les indicó que por una suma variable que iba entre los $320.000 y $1.000.000, les gestionaría la obtención de una vivienda social en la comuna de Ovalle, en las poblaciones Villa Agrícola y Vista Bella, con lo que le hicieron entrega de diversas sumas de dinero, sufriendo un perjuicio económico, sin que existan gestiones para la obtención de viviendas sociales, derivados de los montos entregados”.