Diputada Muñoz acusa al gobierno de persecución política en caso exonerados

03 Noviembre 2011

En el marco de una Sesión Especial destinada a analizar las presuntas irregularidades en el otorgamiento de beneficios a exonerados políticos, los diputados PPD, Adriana Muñoz y Enrique Jaramillo acusaron al gobierno de "persecuciòn política"

Editor El Obser... >
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En el marco de una Sesión Especial destinada a analizar las presuntas irregularidades en el otorgamiento de beneficios a exonerados políticos, los diputados del PPD, Adriana Muñoz y Enrique Jaramillo expresaron su rechazo “a la fiscalización que realiza el gobierno  de los beneficios a exonerados, a través de una campaña política comunicacional que atenta contra de la dignidad de miles de personas y transforman a las víctimas en victimarios”. 

Asimismo, acusaron al Gobierno del Presidente Sebastián Piñera de “una verdadera persecución de las víctimas de violaciones a los derechos humanos, en especial de quienes sufrieron exoneraciones políticas, lo que constituye una muestra más del grave deterioro que está viviendo la situación de los en el país”. 

La diputada PPD, Adriana Muñoz, indicó que “veo con decepción, cómo las nuevas generaciones de políticos de derecha  y el Ministerio del Interior han puesto en tela de juicio el consenso básico esencial que marco dos décadas de actividad legislativa, orientadas a superar la profunda factura del país después del golpe de estado de 1973.  Si logramos estos acuerdos y reparamos a las víctimas fue porque nadie discutió que se privo del empleo a muchos chilenos por sus ideales, que se asesino, que se encarceló, que se exilio, que se torturo”. Nadie lo puso en duda porque esa  es la dramática verdad histórica de nuestro país”. 

La parlamentaria agregó que “no negamos la posibilidad de que personas inescrupulosas pudieran haber hecho mal uso de esta ley, engañando para obtener beneficios que no les correspondía. En esos casos, habrá que iniciar los procesos de fiscalización que correspondan, pero acá lo que hemos visto, es una campaña orquestada, destinada a destruir un proceso del cual debemos sentirnos esencialmente orgullosos como Nación como fue reparar a las víctimas de violaciones a sus derechos humanos”.

Comentarios

Imagen de Gonzalo Plaza Aguirre

. No dejan de sorprender las

.

No dejan de sorprender las declaraciones que  la diputada Sra. Muñoz  acostumbra a ofrecernos de tiempo en tiempo.

En el caso "exonerados", al parecer no le llaman en absoluto la atención las  irregularidades demostradas y las miles por investigarse que no dudo producirán nuevos "afloramientos", .........   no de agua bendita precísa%.

.....y, más encima, se entiende pèrseguida.

Imagen de vivian

Capítulo de Contacto fue

Capítulo de Contacto fue postergado indefinidamente

La investigación sobre falsos exonerados que Canal 13 guarda en el cajón

El programa tiene congelado un
reportaje que revelaría un millonario fraude usando la Ley Valech, que
incluso tocaría a parlamentarios de la Concertación. En el canal de
Andrónico Luksic y la Iglesia Católica dicen que su exhibición fue
suspendida porque no estaba terminado. Pero una de las fuentes usadas
por el programa acusa censura.

 

El jueves 15 de septiembre a
las 15:30 horas, un grupo perteneciente a la Confederación Nacional
Unitaria de Exonerados y ex Presos Políticos, llegó hasta la Confitería
Torres que está instalada en el subsuelo de La Moneda.

Habían sido convocados por la producción del programa Contacto de
Canal 13 para ver el capítulo en el que varios de ellos habían
colaborado y prestado testimonio. Luego de una larga investigación que
partió el año 2008, al fin los asistentes verían el resultado: las
pruebas de que cientos de millones de pesos destinados a reparación de
exonerados, han sido entregadas a personas que no les corresponde
.

Pero los invitados no vieron nada. Según uno de los asistentes “la
producción dijo que el programa no se emitiría por decisión de los
ejecutivos. Ni siquiera nos mostraron el trailer”.

El programa que sería emitido este martes, fue reemplazado por otro,
que indagaba sobre las consecuencias de accidentes de tránsito
provocados por conductores ebrios, una pauta estilo prevención del 18
pero que se transmitió después de Fiestas Patrias.

“Postergado” y no “censurado”

Inmediatamente surgió la palabra “censura”, sobre todo desde los
dichos de Raúl Celpa, presidente de la agrupación de exonerados, y uno
de los consultados por el programa.

El dirigente acusó a René Cortázar,
presidente del directorio de Canal 13 y ex ministro del Trabajo cuando
se promulgaron algunas de las leyes de reparación, supuestamente
vulneradas según los datos del reportaje. “Cortázar censura el programa,
por la responsabilidad que le cabe como autor de estas leyes y de su
procedimiento de aplicación y el alto grado de involucramiento de las
más altas autoridades del país en estos hechos”, dice Celpa.

Cortázar, quien llegó al máximo cargo ejecutivo de Canal 13 de la
mano de Andrónico Luksic cuando el empresario se convirtió en el
accionista mayoritario del canal el año pasado, tiene un historial de
situaciones parecidas.

Los periodistas
de Contacto habrían comprobado la participación de parlamentarios de la
Concertación en las irregularidades a la hora de asignar beneficios
económicos a exonerados políticos, que resultaron ser falsos.

En noviembre del año 2000, cuando Cortázar estaba a cargo de TVN,
también fue acusado de censura y de tratar de tijeretear un capítulo
emblemático de Informe Especial dedicado a las operaciones de la CIA en
Chile durante el gobierno de Salvador Allende.

En dicho programa se dedicaría un bloque completo a la colaboración de la agencia estadounidense con el diario El Mercurio.
Pero Cortázar, a pedido de los directores de derecha de TVN, solicitó
cambios en el capítulo donde según él, Chile quedaba como una
“marioneta” del servicio de inteligencia norteamericano.

Jaime Moreno Laval, director de prensa de entonces, se negó a hacer
los cambios y Cortázar, que lo había nombrado, le pidió la renuncia. El
periodista no aceptó, provocando una crisis política al interior del
directorio que se tradujo en la salida de Cortázar del canal. Luego de 
su renuncia a TVN, el ahora presidente del directorio de Canal 13 se
convirtió en asesor comercial de El Mercurio.

Ahora, aunque extraoficialmente, en el canal de Luksic niegan de
plano las acusaciones de censura del reportaje de Contacto. Aseguran que
el programa fue visto por Jorge Cabezas, jefe de Prensa de la estación,
junto a otras autoridades del canal y su evaluación arrojó que el
reportaje “no estaba terminado”, que “le faltaban fuentes esenciales”,
como las autoridades del gobierno anterior, responsables de las
supuestas irregularidades. “El programa será emitido cuando esté listo,
no es lo mismo una hora de Contacto que una nota de dos carillas”, dice
un ejecutivo del canal, consciente de que la investigación contiene
datos muy delicados.

Coletazos en el Congreso

Según trascendió los periodistas del equipo que encabeza Pilar
Rodríguez habrían comprobado la participación de parlamentarios,
específicamente de la Concertación, en las irregularidades a la hora de
asignar beneficios económicos a exonerados políticos, que resultaron ser
falsos.

Los parlamentarios, entre los que estarían dos senadores PS y un
diputado DC habrían testificado a favor de algunas personas en la
Subsecretaría de Interior, repartición de la que depende el Programa de
Reparación para Exonerados Políticos. Estos testimonios habrían
contribuido a que se otorgaran beneficios a personas a las que no
correspondía.

Los datos de Interior

En  agosto de 2010, la Oficina de Exonerados Políticos del Ministerio
del Interior recibió un requerimiento de la PDI de Temuco. La policía
solicitó asistencia para comprobar la autenticidad de los documentos
hallados en la oficina de Julio Allendes Allendes, de calle Bandera 565.

En el lugar se encontró una nómina con 1.500 nombres de supuestos
beneficiados con la Ley Valech además de oficios, certificados y
resoluciones que decretan la calidad de exonerados para estas personas.

Según
Raúl Celpa, el reportaje ya había sido postergado al final del gobierno
de Bachelet. “El 26 de junio de 2009 una productora nos comunica la
suspensión del programa”, dice.

Desde el pasado 12 de septiembre Allendes, quién se hacía pasar por
abogado, está formalizado y en prisión preventiva por 17 casos
comprobados de estafa reiterada.

“Los antecedentes que nosotros mantenemos hablan en realidad de 40 o
45 casos. Nos ha llegado una denuncia del Ministerio del Interior que
amplía antecedentes sobre personas (supuestas víctimas) que se ubicarían
en la ciudad de Valdivia”, dijo la fiscal a cargo del caso Ximena
Chong.

El fantasma de la suspensión definitiva

Paralelamente, la Subsecretaría de Interior realizó una indagatoria
cuyos resultados fueron conocidos el año pasado, por la comisión
investigadora de la Cámara que se formó el año pasado a raíz de la
denuncia hecha por otro programa periodístico: Esto No Tiene Nombre de
TVN.

En ese reportaje se acreditó que la universidad Uniacc, encabezada por el PPD Daniel Farcas
entregaba cursos con cargo a las becas Valech, que entre otras cosas,
no conducían a ningún grado académico y se ofrecían a personas sin
Enseñanza Media completa y más aún, sin derecho a los beneficios que
otorga la ley 19.992.

En la exposición que hizo la Subsecretaría de Interior, se
consignaron diversas irregularidades. Entre ellas, adulteración de
documentos y nóminas de falsos exonerados, de empresas que no fueron
jamás intervenidas por la dictadura y lo más grave, que Interior recibió
125 denuncias sobre mal uso de los beneficios, que no fueron
debidamente investigadas.

En el informe, emitido por la comisión en diciembre de 2010 y
aprobado por la Cámara, se establece respecto del caso Uniacc, que “las
responsabilidades políticas, por una falta de diligencia grave en el
ejercicio de sus funciones, recaen directamente en las ex ministras de
Educación, señoras Yasna Provoste y Mónica Jiménez de la Jara; en el
jefe de la división jurídica de la división de educación superior del
Ministerio de Educación, señor Julio Castro, y en el jefe de gabinete de
este último, señor Rodrigo Lahsen”. Además de otras universidades
involucradas, como la Bolivariana, La República, propiedad de la
masonería.

Sin embargo, es la querella presentada en agosto del año pasado por
Interior contra Julio Allendes, lo que impulsa nuevamente la
investigación de Contacto. Porque según Raúl Celpa, el reportaje ya
había sido postergado al final del gobierno de Bachelet. “El 26 de junio
de 2009 una productora nos comunica la suspensión del programa”, dice.

Ese mismo año, en agosto  un capítulo de Contacto sobre el
comportamiento de los parlamentarios en el ejercicio de sus funciones,
fue suspendido, sin que hasta ahora haya salido al aire.

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