El Transporte público debe ser un derecho básico garantizado

05 Noviembre 2019

El transporte público como tal no debe ser un fin en sí mismo, sino que más bien son instrumentos que permiten democratizar la sociedad, que generan equidad con aquellos que no tienen los recursos para solventar su propia movilidad particular.

Felipe Barraza Araya >
authenticated user Corresponsal Corresponsal Ciudadano

Estamos viviendo un momento histórico como país, en donde la ciudadanía en su conjunto exige cambios profundos ante las desigualdades que han generado el modelo económico neoliberal y la Constitución Política creada en dictadura. Las instituciones ya no dan el ancho para los cambios que Chile necesita. Tenemos un Estado muy pequeño para grandes necesidades que deben ser abordadas y que el mercado no resolverá, porque no es su finalidad. 

La Región de Coquimbo no es ajena a lo que sucede y sus habitantes solicitan cambios estructurales importantes desde temas nacionales a temas locales, con un carácter ciudadano en busca de justicia para poner fin a los abusos. Se ha solicitado, por ejemplo: Una Nueva Constitución a través de Asamblea Constituyente, un nuevo Código de Aguas, Protección del Medio Ambiente, un sueldo mínimo sobre los 400 mil pesos líquidos, fin a las AFP y pensiones dignas equiparadas al sueldo mínimo, condonación a las deudas universitarias, ley de autismo, fin a los cobros abusivos de los servicios básicos, entre tantos temas que se escuchan en la calle y piden atención urgente. 

¿Dónde queda el Transporte Público en estas demandas ciudadanas? Recordemos que los llamados a evasión de parte de los estudiantes secundarios por el alza de la tarifa del metro en Santiago fue la chispa que encendió la mecha del descontento acumulado por mucho tiempo. Inicialmente se hablaba del alza de 30 pesos, aunque sabemos que son 30 años de injusticias que nadie puede negar. 

Los sistemas de transportes van cambiando, evolucionando, o al menos eso se espera. No obstante, las condiciones de movilidad en las distintas partes de Chile son desiguales. Ciertamente hay diferencias entre las regiones, así como en las distintas ciudades en torno al transporte público, además de una abrumadora diferencia entre lo urbano y lo rural, lo que finalmente repercute en los usuarios.

Cuando se piensa en los derechos básicos de una sociedad, lo primero que se viene a la mente son la salud, la educación, la vivienda y el trabajo. Cada uno de ellos es esencial para los seres humanos, sin embargo, olvidamos el derecho a la movilidad, que también se podría denominar el derecho básico al transporte público. En nuestro país, ese derecho no existe como tal, así como tampoco existe un transporte estatal desde el año 1981 que funcionaba la ETCE (Empresa de Transportes Colectivos del Estado). En nuestros días el transporte publico esta en manos de privados, ya sea en grandes empresas que tienen flotas de buses y se adjudican licitaciones o asociaciones gremiales fuertes de dueños de transporte mayor o menor. Todos ellos se regulan bajo las condiciones del mercado y un decreto supremo (212) del año 1992, que se encuentra obsoleto para como se desarrolla la vida. Además de ser subsidiados por el Estado, sin que se mejore la calidad y el servicio a los usuarios.   

El transporte público como tal no debe ser un fin en sí mismo, sino que más bien son instrumentos que permiten democratizar la sociedad, que generan equidad con aquellos que no tienen los recursos para solventar su propia movilidad particular, que permite justicia social en los sectores que se ven marginados ya sea por condiciones económicas o distancias, permite libertad de desplazamiento y devuelve la dignidad a las personas. Asimismo, debe generar un equilibrio en el desplazamiento de los usuarios del transporte en lo urbano y lo rural. Estos últimos, en condiciones de abandono con locomoción que incluso se da una vez por semana, lo que implica la precarización en su calidad de vida. 

En función de lo anterior, es que debemos plantear el derecho a la movilidad o el derecho básico al transporte público garantizado por el Estado en una Nueva Constitución. Esto contribuirá a reducir las desigualdades que se generan en los territorios. Reducir las tarifas es un tema de justicia y que debe regularse desde el Estado, especialmente para los Adultos Mayores quienes deben tener una rebaja de la tarifa a nivel nacional. Incluso, se necesita de forma urgente modernizar recorridos, incorporar nuevas líneas a las comunas, especialmente en el área rural; avanzar hacia la electromovilidad como parte del desarrollo sustentable que debemos tener en el territorio nacional. Crear nuevamente la empresa de transporte del Estado, para llegar a los lugares donde los privados no llegan por “poca rentabilidad” y que el Estado debe garantizar. Debemos volver a recuperar los trenes a lo largo de Chile y al interior de las distintas regiones, para transporte de carga y pasajeros. Complementar las micros y colectivos con transportes como el metro y tranvía.

Avanzar hacia un país desarrollado requiere de esfuerzo, requiere disminuir las desigualdades y entregar las mismas oportunidades a todos sus habitantes, especialmente en la movilidad que nos permitirá llegar a un destino mejor.