Encuesta PNUD sobre seguridad ciudadana revela falta de eficacia del sistema carcelario chileno

Chile registra una cifra de 48 mil internos, una de las más altas de los países latinoamericanos. De ellos, un cuarto está detenido por robos por montos inferiores a los 200 mil pesos y el 60 por ciento estaba trabajando cuando cometió el delito. Para los expertos, esto se relacionaría con la precariedad en el salario que reciben estos trabajadores.

El Centro de Seguridad Ciudadana de la Universidad de Chile trabajó junto con el PNUD para aplicar la encuesta “Seguridad Ciudadana con rostro humano: diagnóstico y propuestas para América Latina” en nuestro país.

Para Olga Espinoza, Coordinadora del Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana de la Universidad de Chile, “los perfiles no son de personas necesariamente vagas, ociosas, que están andando por la vida, buscando la comisión de delitos per se, sino que personas que están medianamente insertas, digo medianamente porque tenemos que plantearnos si podemos hablar de inserción cuando los salarios que se reciben no les permite tener una calidad de vida básica para ellos y sus familiares. Entonces, el tema de estar laburando es un indicador sumamente relevante”.

El encarcelamiento viene a agravar una situación ya complicada, dado que, según datos de esta misma encuesta, un 60 por ciento de los reclusos no concluyó los nueve años de estudios y un 80 por ciento de ellos no alcanzó los 12 años, lo que aumenta las posibilidades de reincidencia del delito y recuerda que la población penal presenta índices de vulnerabilidad sumamente altos.

Pero hay otras cifras preocupantes. De los internos entrevistados, un 43 por ciento señala haber sido objeto de golpes y maltratos por parte de las policías al momento de su detención y casi un 72 por ciento por parte de gendarmería.

Ante esto, la Directora del centro de Derechos Humanos Universidad Diego portales, Judith Schönsteiner, afirmó que es responsabilidad del Estado proteger a los internos de la violencia.

No obstante, afirmó que el uso de la misma por parte de sus operarios no está totalmente prohibido, pero se autoriza bajo estrictas condiciones.

“Si uno lo analiza desde el punto de vista de los derechos humanos, el uso de la fuerza no está cien por ciento prohibido en las cárceles, sino que se debe restringir a lo absolutamente necesario para permitir la integridad física y síquica de las personas en las cárceles y para mantener la seguridad. Entonces, la intervención por parte de gendarmería debe ser de tal manera que siempre se afectan en la menor podida posible los derechos de la persona”, advirtió.

La especialista sostuvo que se debe respetar el principio de proporcionalidad de la intervención y que si no se respetan estas reglas hay una violación de los derechos humanos de los internos.
Además, hay otros temas relevantes como analizar los procesos de formación de los gendarmes y si existen mecanismos para plantear denuncias. Lamentablemente estos no están definidos, pese a que nuestro país firmó hace casi seis años el Protocolo Facultativo de la Convención Contra la Tortura y aún no se puede habilitar.

Analizando todo este escenario, la socióloga y experta en materias de Seguridad, Lucía Dammert, indicó que estos temas no son nuevos y han sido tratados por diversas organizaciones.

Esto demuestra que la solución para la crisis del sistema no está siendo el encarcelamiento, afirmó, y añadió que se debe repensar el modelo, destinar recursos y aplicar una política clara, lo que, afirma, no se ha visto durante esta administración.

“El gobierno tenía dos armas, por un lado el arma del Ministerio de Justicia, que ha tratado de avanzar en las medidas alternativas, en la consolidación de mecanismos que no necesariamente sean el encarcelamiento, pero por otro lado tiene el arma del Ministerio del Interior, que ha avanzado en decir que hay que meter a todos presos, que hay que asegurarse que todos aquellos que cometan delitos paguen con cárcel y todas esas narrativas que hemos escuchado. En lo que habría que avanzar es en tener una sola narrativa, el que comete delitos tiene que pagarlo pero el pago no siempre es carcelario”, afirmó.

“Estamos mandando a la cárcel a población que no necesariamente mejora, sino que tal vez empeora y que requiere de intervenciones mucho más variadas que solamente el castigo”, sentenció la especialista.

Con este panorama es que Chile se inserta entre los datos regionales que presenta las Naciones Unidas, que muestran un continente que, en los últimos años, ha sido el escenario de dos grandes expansiones: la económica y también la delictiva.

Chile tiene una situación muy distinta en términos de violencia a otros países afectados, por ejemplo, por las maras, el narcotráfico, los secuestros habituales y homicidios.

Aun así, el escenario de sobrepoblación penal es alarmante y las fórmulas que se han aplicado en los últimos años no están dando los resultados esperados. Por eso los especialistas plantean que debe abordarse el asunto desde una perspectiva multidisciplinaria, que pueda dar un giro significativo a nuestro sistema carcelario.