La cotizada palta ¿Por qué se ha transformado en un privilegio para pocos?

Esta semana pudimos ver cómo el precio de la palta superaba los 5000 mil pesos el kilo, transformándose en un lujo al que pocos pueden acceder. Para una persona con ingreso promedio, esto representa al menos 1⁄5 del trabajo de un día. Además, nos enteramos que los productores la venden más barato en el extranjero (cerca de $2200 aproximadamente) que acá en Chile (cerca de $3500). Irónico, puesto que este preciado fruto se produce a gran escala acá en nuestro país. 

Sin embargo esto no es casualidad, ya que nuestra conocida y cuestionada Constitución ha puesto todos los elementos para que se de este escenario. 

Empezando por lo obvio, los grandes productores de la palta siguen una lógica empresarial, por lo que se van a inclinar hacia el negocio que les sea más rentable. En este caso, los países extranjeros compran más palta que nuestro pequeño mercado nacional, logrando así un precio más barato. Comprendamos que Chile es uno de los 10 mayores exportadores de palta en el mundo, representando un 70% del total de su producción. El otro 30% se reparte entre feriantes, supermercados y otros que también deben hacer su negocio al respecto. 

Las explicaciones que hace el rubro debido a su aumentado precio, se relacionan con la sequía. Algo contradictorio si pensamos que la producción de palta es la principal causante de la escasez hídrica en varios territorios del país. Para producir un kilo de palta se necesitan 1000 litros de agua, cifra bastante mayor a la que necesita la papa, el tomate o la uva. Productos que van acorde a las condiciones climáticas del país, no como la palta que se adapta más a ambientes tropicales. 

¿Y qué culpa tiene la Constitución en todo esto? Resulta que lo único que están haciendo las empresas exportadoras de palta es sacar provecho de las facilidades que ésta junto al Código de Aguas les brindan. 

Primero porque le quita responsabilidad al Estado, así que entrega los derechos de aprovechamiento de agua a privados, dejando su suerte al mejor postor. Y como en Chile abunda la desigualdad, hay quienes podrán acaparar este preciado bien para fines empresariales, mientras otros tienen que esperar camiones que les dan lo mínimo para sobrevivir. 

Para colmo, en Chile no existe la figura legal de delito ambiental, lo que produce un aún mayor acaparamiento de aguas. Esto debido a que muchas empresas prefieren pagar los 20 UTM que cuesta la “falta administrativa” de llevarse agua no permitida. Es así que el uso de drenes (una ingeniería bajo tierra que capta aguas subterráneas) se transforma en una práctica común para estos empresarios. Total, están acorde a la norma ¿No? 

Estas condiciones se han traducido en un negocio jugoso para unas pocas familias, y un infierno para otras. La piedra angular de la Constitución está en su protección a fé ciega de la propiedad privada. Este elemento ha permitido a muchos empresarios hacer lo que quieran con los recursos naturales del país, y también con sus trabajadores. Así, a través de leyes impuestas en dictadura y profundizadas en democracia, es que se genera la cuestionada desigualdad en Chile, donde el 80% de los recursos hídricos están en manos privadas. 

Casos como este se pueden ver en Petorca, hay documentales hechos por medios internacionales reconocidos que lo demuestran: BBC (¿Agua o aguacates? El conflicto por la palta, el “oro verde”de Chile) y Deutsche Welle (El lado oscuro del superalimento). 

Pero nuestra región no se aleja tanto de esa realidad. De hecho, según datos de la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (ODEPA), en 2005 la provincia del Choapa contaba con 602 hectáreas de paltos, mientras que 10 años más tarde, la cantidad subió a 1902. La región en total poseía una cantidad de 3.983 el año 2018, pese a que tengamos plena conciencia de la escasez hídrica que atravesamos actualmente. Para peor, la exportación representa un 49,2%, superando al mercado interno (45%). Por lo tanto, los beneficios de este producto apenas se verían dentro de nuestro territorio. 

Si la ley ha permitido todas estas condiciones, el problema pasa a ser un tema evidentemente político, sobre todo para cambiar la lógica mercantil de nuestra Constitución que defiende a la propiedad privada antes que a las personas. 

Sin embargo, la voluntad política lo hace bastante difícil. Tenemos gran parte de la cámara del Senado y Diputados que está a favor del TPP-11, tratado internacional que favorece la exportación (como sucede con la palta), disminuye el rol del Estado, y además protege a las multinacionales y la propiedad privada. 

Pero esto tampoco debería impresionar, si han existido varios políticos con conflictos de intereses al respecto. Un claro ejemplo -y aunque lo niegue- es el del anterior Ministro de Agricultura, Antonio Walker (ahora candidato a constituyente). La polémica se abrió justamente cuando en Petorca había gente sin agua, mientras este personaje icónico de la política criolla ostentaba más de 29.000 litros de agua, los cuales podrían servir para suministrar a un total de 14,7 millones de personas. Por si fuera poco, la Comisión Nacional de Riego le entregó más de 350 millones de pesos para producir. 

Como conclusión, en esta columna se critica la poca interferencia del Estado en el mercado, todo esto estipulado por la Constitución impuesta por el régimen dictatorial. Por lo mismo, es éste quien debe poner prioridades en el asunto. Si queremos mantener la producción, o que la gente tenga agua para satisfacer sus necesidades. 

También tiene que regular la forma en que se concentra la propiedad del agua, otorgando una redistribución del recurso no en pocas grandes empresas, sino en muchas medianas o pequeñas. Y ojalá sean comunitarias, es decir, cooperativas y pertenecientes al territorio de donde salen las paltas. Por último está la pregunta ¿Cuánto producimos? Ya sabemos que este “oro verde” no es nativo de este territorio, por lo que podrían priorizarse otros productos que no afecten de sobremanera el medioambiente. 

Por último, resulta que la gente quiere comer palta. Está el argumento de que si producimos menos de este producto, será más caro. Pero hay una alternativa para acceder a ella de forma más barata. El problema es que los beneficiados de este sistema son únicamente los mercados extranjeros y las grandes empresas exportadoras. Si re-dirigimos la producción, dándole prioridad al mercado nacional, y redistribuimos la propiedad de la palta, podremos acceder a precios más baratos, los beneficiarios serán más y de las mismas comunidades. Por ejemplo, de Petorca o el Valle del Choapa.