La responsabilidad del Estado en la crisis del Hospital Clínico

Cuarenta y tres mil millones de pesos en deuda arrastra el Hospital Clínico de la Universidad de Chile. La delicada situación financiera de la institución propició que las autoridades pensaran en una solución radical, un leaseback del inmueble a una entidad financiera a la cual se le arrendaría el espacio para seguir funcionando, según lo votado por el Consejo Universitario el pasado 10 de diciembre.

El capítulo actual, sobre el futuro del establecimiento de la comuna de Independencia, se definirá el próximo jueves, siendo los senadores universitarios quienes deban definir el apoyo o negativa a la propuesta impulsada desde la Vicerrectoría de Asuntos Económicos y Gestión Institucional. Sin embargo, el problema no es reciente: sobre los cimientos del recordado J.J. Aguirre se acumulan años de deuda no atribuible a alguna de las actuales autoridades.

Fue en la década de los ’80, con la reforma al Servicio Nacional de Salud, cuando el J.J. Aguirre dejó de ser un hospital público para convertirse en privado universitario. Desde ahí hasta 1994 las cosas se mantuvieron gracias a un convenio (DFL 36), que sostenía con el ministerio de Salud, mediante el cual seguían recibiendo ingresos desde Fonasa.

El vínculo con el Estado se acabó ese ’94. Desde entonces y sin apoyo financiero público, el hospital ha debido auto sostenerse, debiendo intentar competir con otros centros asistenciales públicos e instituciones privadas de salud para mantenerse.

El Estado no sólo no contribuye monetariamente, sino que adeuda dinero a la institución, que de pagarse podría ayudar a mitigar su oscuro escenario financiero. Convenios con Isapres y venta de servicios han sido parte de la estrategia para recuperar en algo las arcas, pero todo ha sido insuficiente. En los últimos años, mientras disminuía el aporte de la Universidad con el Hospital (que pasó de un 30% a un 4% de su presupuesto anual en 15 años), crecía el número de préstamos solicitados para poder pagar los insumos que año a año adquiría para funcionar, así empezó a engrosar la deuda que hoy asciende a los 43 mil millones de pesos.

Consultado por nuestra emisora, el director del Hospital, Dr. Carlo Paolinelli, declinó referirse al tema. Sin embargo, en declaraciones anteriores a la prensa, la autoridad explicó que en el plazo de un año se debían cancelar 35 mil millones de lo adeudado, lo que hacía necesario pensar en una solución a corto plazo.

En esa lógica se enmarca la licitación presentada por Francisco Martínez, vicerrector de Asuntos Económicos y Gestión Institucional de la Universidad, y apoyada por el rector Víctor Pérez. La propuesta que consiste vender el inmueble a una institución bancaria en 53 mil millones de pesos, firmando un contrato de arrendamiento por 15 o 20 años plazo, lo que rebajaría los 750 millones mensuales que el hospital paga en deuda, según explicó el vicerrector a Radio Universidad de Chile.

“El ordenamiento de la deuda en base a leaseback permite llevar a largo plazo una deuda, pagar una cuota muchísimo más baja, tener recursos muchísimo mayores para que el hospital pueda ordenar su deuda, pagarle a la Universidad de Chile y además tener recursos que le permitan la acreditación, proceso que está pendiente para 2014”, apuntó Martínez haciendo referencia al proceso de acreditación de la superintendencia de Salud, que le permite a la universidad atender pacientes AUGE”, afirmó.

Pagar 440 o 370 millones mensuales sería un alivio para el hospital, según explicó Martínez, quien aclaró que el proceso sólo involucra la infraestructura, por lo que todo el resto de su funcionamiento permanecería siendo de la Universidad. De esta manera, descartó cualquier modificación en la relación laboral o la función académica que hoy desempeña.

Es que la deuda no sólo es con instituciones privadas, desde fines de 2011 también se le debe a la Universidad, quien ha desembolsado alrededor de 15 mil millones. Eso, sumado al proceso de  acreditación que debe afrontar a mitad de año, lo que hace necesaria una inyección de recursos, agregó la autoridad universitaria.

Diversas animosidades se han generado en torno al tema, la división de opiniones se ha podido constatar en los últimos días, donde distintas personalidades de la casa de Bello han respaldado o cuestionado la iniciativa.

Los profesores se muestran contrarios, así lo aseguró a nuestra emisora Héctor Díaz, académico de la facultad de Medicina y presidente de la Asociación Nacional de Académicos de la Universidad. El principal temor, es que el Hospital no sea capaz de generar los activos necesarios para pagar el arriendo, lo que les haría perder la institución.

“El riesgo que se corre es que no se puedan asegurar los flujos necesarios para cubrir la deuda. En el sistema bancario, cuando no cumples con los pagos correspondientes el camino es bien claro: la quiebra y el posicionamiento efectivo y total del bien que se ha dejado en prenda”, señaló el académico.

La formación de especialistas es otra de sus grandes preocupaciones. El académico recordó la importante labor de la Universidad de Chile en el proceso, siendo el principal formador de especialistas médicos del país.

Para él, el riesgo de perder la institución y además la principal escuela de especialidades en el país, son motivos suficientes para que el próximo gobierno tome cartas en el asunto.

Por ello, las voces disidentes plantean analizarlo con tiempo, definirlo cuando el próximo gobierno esté en marcha, ya que al menos, la actual administración dirigida por el ministro Jaime Mañalich, descartó cualquier intervención estatal: “No tenemos ningún quehacer respecto al Hospital Clínico de la Universidad de Chile, que para efectos del ministerio de Salud está adscrito como una institución privada. Es un modelo que no nos gusta, que hemos tratado de corregir, y es un tema mayúsculo que requiere una ley”, explicó en los pasados días.

Justamente aquello es criticado por los estudiantes. Sebastián Aylwin, vicepresidente de la Fech se mostró en desacuerdo con el leaseback  porque en nada resolvería el problema de fondo que a su juicio es la relación entre el Estado y la salud pública.

“Esta operación no se hace cargo del problema político que es obligar al Estado que se haga cargo de un hospital que en definitiva es de su propiedad, porque la Universidad es de propiedad del Estado. Además es un hospital que está cumpliendo un rol fundamental en las áreas de investigación en medicina y salud, que no es susceptible de financiar mediante el mercado”, señaló.

El vicerrector comparte la importancia de un apoyo estatal para la futura gestión, sin embargo, es categórico en señalar que la discusión debe darse en la inmediatez y, luego, en caso de tener recepción por parte del nuevo gobierno, revocar la operación financiera.

Todos estos antecedentes deberán ser evaluados por los senadores de la Universidad, quienes deberán decidir si apoyan la medida basándose en las rentabilidades económicas del proceso, rechazarla definitivamente atendiendo las dudas de funcionarios, académicos y estudiantes de la propia facultad,  o bien solicitar su revisión más adelante, pensando en los diálogos que se puedan dar con la administración futura.