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La Serena: Convocan a apoderados de colegios que pasarán a ser particulares pagados
Muchos de ellos se encuentran molestos, dado que los colegios al que pertenecen sus hijos duplicarán o triplicarán sus valores.
Equipo El Obser... >
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El movimiento Elqui Despierta, conformado por padres y apoderados de colegios particulares subvencionados de La Serena y Coquimbo, realizará mañana jueves 27 de julio, a las 18:30 horas, una asamblea ampliada y debate ciudadano sobre la aplicación de la Ley Nº 20.845, conocida como Ley de Inclusión Escolar.
El evento se efectuará en el salón auditórium del Colegio Andrés Bello Centro (calle Brasil 255, La Serena), con la idea de reunir a padres y apoderados que a consecuencia de la señalada ley, se convertirán en particulares pagados a partir del 2018, provocando que los costos de escolaridad se dupliquen o hasta tripliquen.
La Ley 20.845 definió una serie de modificaciones al sistema de educación particular subvencionado. Entre otras, el término gradual del cofinanciamiento por parte de los padres y la obligatoriedad para todos los sostenedores de constituirse legalmente como fundaciones o corporaciones de giro único, como condición indispensable para seguir recibiendo subvenciones del Estado.
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En la Región de Coquimbo 13 establecimientos particulares subvencionados de La Serena, Coquimbo y Ovalle formalizaron ante el Ministerio de Educación su decisión de operar como particulares pagados desde el próximo año, sumando una matrícula de unos 10 mil estudiantes (de acuerdo con datos del propio ministerio).
Se estima que al menos la mitad de esta población estudiantil deberá emigrar de estos colegios, dado que al perderse la subvención estatal, sus familias no podrán pagar los nuevos montos de cobro.
Esta realidad ha desatado honda preocupación entre las familias afectadas, las cuales temen que las vacantes disponibles en la enseñanza preescolar, básica y media no sean suficientes para recibir a sus hijos, motivo por el cual, en alianza con movimientos ciudadanos surgidos en diversas regiones del país, están solicitando al Gobierno una flexibilización de la norma o un retraso en la entrada en vigencia de las nuevas condiciones.
