Madres castigadas

El pasado 03 de junio el Senado aprobó la ley de Extensión del postnatal de emergencia, que establece que, durante la vigencia del estado de excepción constitucional y en el tiempo que fuere prorrogado, los trabajadores que hayan hecho uso de una o más licencias médicas preventivas parentales podrán suspender los efectos de sus contratos de trabajo, en cuyo caso, excepcionalmente, tendrán derecho a percibir, hasta por los tres primeros meses de vigencia de dicha suspensión, una prestación mensual equivalente al 100% del subsidio por incapacidad laboral, con un tope de un millón de pesos.

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Los funcionarios del sector público que se encuentren en la misma circunstancia que la señalada, excepcionalmente, tendrán derecho a un permiso sin goce de remuneración, por un periodo máximo de hasta tres meses, durante el cual percibirán un bono mensual de cargo de la respectiva institución empleadora, cuyo monto será equivalente al 100% del subsidio por incapacidad laboral derivado de la licencia médica preventiva parental en aquellos casos en que estos funcionarios hubieran percibido por concepto de dicha licencia mensual una suma líquida mensual igual o inferior a un millón de pesos, y de un 70% o un millón de pesos, cualquiera que resulte mayor, en aquellos casos en que estos funcionarios hubieran percibido por concepto de dicha licencia mensual una suma líquida mensual superior a un millón de pesos.

Lo anterior es parte de la norma cuyo “sentido” es la protección de la maternidad, resulta difícil entender como se puede considerar protección una normativa que obliga a las mujeres a pedir permiso sin goce de sueldo y postular a un subsidio cuyo limite es un millón de pesos, castigando a las mujeres profesionales que son quienes han podido acceder después de estudiar y perfeccionarse a rentas superiores a ese monto.

Se castiga y discrimina a las y los hijos de mujeres profesionales, empoderadas, que deberán solventar sus gastos de vida con cifras inferiores a su renta habitual.

Difícil entender el que aun, en una sociedad que se dice civilizada se actúe en contra de la maternidad, haciendo de esta una carga para las mujeres que decidieron tener hijos o hijas, se las obliga a elegir entre brindar a sus hijos e hijas los cuidados necesarios y su trayectoria profesional.

En este país, hoy, ahora, además se celebra un acuerdo que discrimina, castiga y obliga a las mujeres que han osado tener una carrera profesional que les ha permitido acceder a un nivel de renta, que para el gobierno y las y los legisladores es demasiada y con un millón tienen de sobra, mostrando el mas absoluto desprecio por las trayectorias profesionales, por los esfuerzos de vida que les han permitido llegar a cierta etapa en su desarrollo laboral.

Habría sido mas simple continuar con el sistema de licencias parentales, pero ello habría significado perjudicar las arcas de las Isapres y en palabras del Ministro Melero “… los esfuerzos en beneficio de las mujeres chilenas en el marco de la pandemia no han sido menores".

Resulta aún más insultante que la ministra del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, Mónica Zalaquett, diga "Las madres no tendrán que estar en la disyuntiva de trabajar en estas circunstancias especiales dejando de lado a sus hijos, o renunciar a su empleo para cuidarlos", cuando es justamente a eso a lo que las están obligando.

A todo lo anterior se suma que las mujeres que desarrollan sus actividades profesionales en el sector privado deberán financiar “el beneficio” con los fondos de sus seguros de cesantía y por supuesto con la misma limitación a las desconsideradas mujeres profesionales que se han atrevido a ganar mas de lo que el gobierno y el Congreso consideran apropiado.

Los niños primero ha sido uno de los slogans que hemos escuchado latamente, y una vez mas ha sido un slogan vacío; porque en los hechos las madres se verán obligadas a dejar a sus guaguas sin cuidados o renunciar a sus rentas y ya muchas han debido renunciar a sus trabajos ante la falta de protección por parte del gobierno a la maternidad.

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