Muerte de trabajadoras Serviu revela grave indefensión de funcionarios a honorarios

El accidente en que perdieron la vida María Loreto Araya y Anyela Salinas, trabajadoras del Serviu Coquimbo, no sólo golpeó a la región, sino también al país, con condolencias de la propia presidenta Michelle Bachelet, debido a que viajaban a Atacama en un cometido funcionario a trabajar en un catastro de casas para los damnificados de Alto del Carmen.

Pero ello, también reveló una grave situación de indefensión laboral y social en que viven los trabajadores del Estado que están prestando servicios a honorarios. Así es el caso de una de las funcionarias fallecidas y de uno de los dos sobrevivientes aquella fatídica mañana. 

Lea también: Mueren en accidente funcionarias de Serviu Coquimbo que iban en ayuda del norte

Esto, porque legalmente, no tienen ninguna protección de seguros o indemnizaciones que otorgue el Estado frente a este tipo de accidentes, ya que no se les reconoce su condicion de trabajador permanente. 

Así lo confirma la ANEF Región de Coquimbo, a través de su presidenta Clara Olivares. "Una estaba bajo la modalidad de a contrata y la otra un contrato a honorarios. De los sobrevivientes, uno de ellos un contrato a honorarios y el otro a contrata. Es decir, en un vehículo fiscal iban cuatro funcionarios a hacer una misma labor, sin embargo dos de ellos tenían todas las protecciones de seguridad social y otros dos solo por el hecho de su contrato no tenían ninguna seguridad social".

En el caso de este accidente en particular, y debido a la alta conmoción pública, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo se ha hecho cargo de todos los gastos. Pero esto no remedia la situación legal en que los funcionarios a honorarios viajaban en ese vehículo, ni la de otros trabajadores que lo hacen de la misma manera en el resto del país.

Honorarios: con deberes, pero sin derechos

Es la triste realidad de miles de trabajadores del Estado, que cumplen órdenes, que marcan asistencia, que cumplen horarios, que ayudan al resto de sus compañeros a cumplir metas, pero que finalmente no tienen derecho a bonos por metas, ni previsión social de salud, ni menos seguros, pese a que realizan muchas veces las mismas tareas y comparten los mismos insumos e instalaciones estatales que quienes si tienen la suerte de tener contrato.

"En el caso de los honorarios, el estado reconoce una relación laboral a través de correos institucionales, el trabajador tiene que marcar asistencia, obedece órdenes, sale en cometidos funcionarios. Sin embargo el estado le dice ¿sabes que? el tema de la seguridad social es problema tuyo, por lo tanto no me hago cargo de tus accidentes laborales, no me hago cargo de tu indemnización, no me hago cargo de tu previsión social, no me hago cargo de tu salud, eso es prblema tuyo" recalca Olivares.

Así las cosas, los honorarios deberían contratarse por cuenta propia seguros en caso de accidente. Pero si no quieren contratarlos, tampoco se podrían negar eventualmente a realizar una actividad en terreno, con el riesgo que corre su integridad física, como lo fue en este caso, costándole la vida a María Loreto y Anyela.

Así lo explica Olivares. "Lo que pasa es que su contrato de prestación de servicios establece que deben obedecer las órdenes del director. Es decir, el Estado dice que están sujetos a una relación de dependencia. ningún funcionario puede desobedecer las órdenes del jefe...en resumen, el Estado los manda en cometidos funcionarios, pero no se hace cargo de su seguridad social".

"Con esto queda en evidencia de forma brutal la desprotección, la precariedad de parte de los trabajadores del Estado que son los contratos a honorarios. Hemos estado insistiendo desde hace mucho tiempo al Estado que termine con esta figura, que es injusta y que además es mentirosa, ya que nosotros tenemos muchos trabajadores a honorarios que llevan 15, 20 años, en lo que se supone que es una figura creada para trabajos transitorios y externos, al punto que tenemos honorarios permanentes y honorarios transitorios, y esa sola distinción es una aberración, ya que el solo hecho de reconocerlo como permanente debería darle otra condición jurídica a su contrato".

Esta situación es una bomba de tiempo latente para 500 o 600 trabajadores que laboran en la modalidad honorarios en la Región de Coquimbo, ya que la mitad de ellos debe cumplir labores en terreno, según estima ANEF.

Para que esto cambie, es necesario que el Estado termine con esta figura y reconozca a estos trabajadores como tales, y no como simples "prestadores de servicios", para lo cual probablemente deba haber una instancia legislativa que permita que tras determinado tiempo de servicios puedan pasar a contrata al menos. Por eso el emplazamiento que realiza la ANEF es al Estado, pero también a los parlamentarios, con tal que se legisle. De lo contrario, todos seremos cómplices de que la historia de este accidente, vuelva a repetirse", culminó Olivares.