Nueva constitución, un sueño necesario

En nuestro país en las últimas décadas se desarrolló un modelo de Sociedad,  en que desde la constitución se consagra el principio de la subsidiariedad del Estado, estableciéndose así, que el Estado, solo puede actuar cuando los privados son ineficientes o cuando no les interesa, porque no hay incentivos de ganancia o lucro para ello.

Se fue limitando al Estado en la formulación de políticas públicas con el fin de cautelar los intereses del capital por sobre los de la población chilena, incentivando el consumo al nivel de necesidad básica para el bienestar de las personas; promoviendo la competencia y no la cooperación.

 La evidencia nos ha demostrado que la reducción de la influencia del Estado y de los Servicios Públicos en materias de regulación y fiscalización en sectores en donde empresarios privados han demandado y obtenido roles determinantes, ha generado recurrentemente situaciones de abuso y desprotección que afectan a importantes segmentos de la población, impidiendo el ejercicio de sus derechos más esenciales, ejemplos claros de ello ha sido la educación, la salud, trabajo, las pensiones, la vivienda. 

Tenemos un estado que garantiza el acceso a la educación, pero debes tener los recursos económicos que te permitirían ejercer ese derecho.

Un estado que garantiza el acceso a la salud, pero nuevamente debes tener dinero para ejercer tu derecho, no existe limitación, por ejemplo, a las utilidades en la comercialización de medicamentos, de hecho, una iniciativa del congreso en esta línea, fue declarada inconstitucional.

Tenemos derecho a un sistema de previsión social, el que se materializa a través del sistema de AFP, constituyéndose creo yo el mejor ejemplo de la privatización de un derecho social, privatización fracasada, si analizamos su promesa central, que era el entregar pensiones iguales o cercanas a los sueldos por los que se impone.

Los ciudadanos y las ciudadanas tienen derecho a acceder a la vivienda, y por ello el estado garantiza la libertad de comprar.

Este modelo de sociedad, generó y aún provoca abusos, ejercicio de privilegios, angustia. A partir del 18 de octubre de 2019, una gran parte de este país se movilizó,  hastiados, cansados de sufrir las consecuencias de un sistema, no solo económico; sino también político, de una democracia limitada al espacio electoral, de actores políticos con escasa voluntad de abrir canales que permitieran compartir con la ciudadanía el quehacer público.

Y en forma espontánea, surgió la demanda por una nueva constitución. Quizás las tantas veces que se recurrió al tribunal constitucional para impedir que se materializaran leyes que favorecían a las personas, como la gratuidad en educación, la fijación de precios de medicamentos, el poder de decisión de las mujeres sobre su cuerpo, entre muchos ejemplos, permitió tomar conciencia que el problema era la constitución.

Hoy tenemos la oportunidad, como fruto de esa enorme movilización social, de crear una nueva constitución, una que nos permita idear un modelo de sociedad humanista, libertaria, democrática, incluyente, integradora, innovativa, justa y solidaria, en el que todos y todas tienen cabida, en el que todos y todas tienen derecho a la salud, a la educación, a pensiones dignas, a vivienda, al agua, una sociedad en la que el trabajo sea justamente recompensado, una sociedad en definitiva,  en la que nuestros derechos no estén limitados por la cantidad de dinero que poseemos.