Opinión: "La importancia de saber velar por el bien común"

“La semana pasada el ministro del interior Jorge Burgos se llevó un caluroso aplauso por parte de los grandes empresarios, al garantizarles en el el encuentro Icare realizado en los salones de Casa de Piedra en Santiago,“que la propiedad privada no sería tocada por este gobierno bajo ningún pretexto, que podían estar tranquilos”.

Para el ciudadano medio los dichos del ministro podría parecer una ingenuidad, poco entendible que los empresarios hayan aplaudido tanto al ministro por decir algo lógico, que por lo demás sustenta nuestra sociedad. Mucha gente se preguntó a que se debía tanta euforia, cuando todos entendemos que la propiedad privada es el pilar fundamental de lo que somos,a sabiendas que sin la propiedad privada nuestra sociedad no sería sustentable en los términos en cómo nos manejamos actualmente y que por lo demás ha sido así desde siempre.

Pero si desmenuzamos los dichos del ministro y los adaptamos a los tiempos que corren, de grandes cambios en los paradigmas sociales y estructurales,lo que realmente expresó el ministro, fue simplemente garantizarles a los empresarios que no les serían  expropiadas las empresas que fueron privatizadas al fin de la dictadura militar al Estado, que es lo que representa en la actualidad el gran miedo de la elite empresarial chilena; entendiendo como buenos economistas que son, que las privatizaciones no fueron legales y que el hecho en sí mismo le provocaron al Estado una pérdida patrimonial de más de 6 mil millones de dolares de la época y que el proceder marcó el destino de muchos de los personajes que en la actualidad detentan estas empresas y los transformó con el pasar de los años en millonarios y que el riesgo de perderlo es real, si de verdad se concretara la idea de una asamblea constituyente, que indudablemente cambiará los parámetros de la legalidad institucional y que lógicamente entiende que la nacionalización de esas empresas y de los recursos naturales, sería uno de los objetivos primordiales al concretarse un nuevo marco constitucional.

Cuando analizamos el porqué ciertas empresas tuvieron que empezar a financiar políticos, es facil advertir que el objetivo era no permitir la reestatización de las empresas que les habían sido concedidas por medio de la privatización y que la única manera de asegurarse que continuarán en esa condición, era tener a los parlamentarios a su servicio, impidiendo por medio de la financiación cualquier intención en el congreso y tener acceso a información clasificada para luego manipularla y acallarla en caso de ser necesario; que en el fondo es lo que ha sucedido en la actualidad con el gobierno de la NM y su ministro Burgos.

Si hacemos un poco de investigación histórica sobre la privatización y el traspaso de capitales que se hizo a finales de la dictadura militar; constatamos que Endesa que en la actualidad es propiedad de ENEL Italia, (comprada hace un par de años a los españoles por los italianos) fue traspasada en esos años a ENDESA España, por la paupérrima suma de 500 millones de dolares, una empresa que tenía como patrimonio más de 10 mil millones de dolares. En ese mismo periodo se privatizó EMOS, ESSBIO, Aceros del Pacífico, la conocida Soquimich (SQM), Copesa, AFPs, Empresa de Seguros del Estado y la semi privatización de Ferrocarriles del Estado (FFEE), la mayoría de las carreteras y cárceles del país. Además se entregó en forma directa a privados ideológicamente afines,11.000 inmuebles propiedad de Bienes Nacionales. El impacto de esos malos manejos para las arcas del Estado chileno fue tremendo y con ello asentaron las bases las elites que acompañaron a la dictadura militar, para seguir controlando el país y tomaron el poder en forma económica y administrativa, con un marco constitucional de protección total de sus intereses.

En la actualidad hemos perdido la noción de lo que representa para el desarrollo de un país el bien común y su perspectiva social, de cómo por medio de estos bienes que son de todos y no solo de algunos, se puede proyectar un modelo de desarrollo responsable y una calidad de vida con proyección de futuro para la ciudadanía y hacerla más sustentable. Las países desarrollados entendieron hace muchas décadas atrás la importancia de ese bien común, que su cuidado es esencial como garante intransable en el cual debe sustentarse la proyección social.

La concepción filosófica del bien común, representa en sí mismo el valor moral desde el punto de vista económico de una sociedad; como la casa propia lo es para una familia,reconocemos en los recursos naturales y las empresas del Estado un bien común que debe estar bajo la tutela del bien común para su adecuada administración, mantención, protección y posterior producción.

En la antigua grecia se denominan a los bienes comunes a todos los medios que servían  para mejorar el bienestar de los hombres libres y se dictaminó que debía cuidarse de esos bienes y ponerlo al servicio del conjunto social en sus relaciones y posteriores posesiones; aplicable a nuestros tiempos bajo una institucionalidad administrativa y constitucional, para que el conjunto de libertades de los bienes y servicios que hacen posible la proyección de una sociedad, estén bajo el alero del Estado con competencia, como garante de esos bienes comunes.

La conceptualización y el entendimiento de la importancia del bien común ha sido trascendental para el desarrollo humano en el último siglo, especialmente entendido en los países desarrollados, que siempre solemos utilizar como ejemplo. Entendieron que es necesario para que una sociedad logre desarrollo y sustentabilidad y que su posesión marca el destino de un país y permite la distribución equitativa de la producción de esos bienes que componen lo común, sustentando las libertades, que a fin de cuentas es la esencia y la proyección de sus sociedades, entendiéndose  que los ciudadanos y sus organizaciones tienen el derecho de usufructuar de de los beneficios que otorgan tales bienes; con la obligación de mantenerlos, acrecentarlos, proyectarlos y cuidarlos.

Para ejercer esos derechos y deberes,deben crearse las condiciones para tener un orden público adecuado, donde se puedan ejercer libertades cívicas con amplitud, garantizando la paz social y el justo desarrollo de todos como un bien social. La sociedades tienden a descomponerse cuando no tienen claridad sobre estos conceptos y si analizamos los sucesos actuales ocurridos en nuestra sociedad, ante el deterioro de nuestra institucionalidad y representación parlamentaria, es precisamente lo que ha estado sucediendo en Chile en los últimos 20 años, por ello necesitamos un ordenamiento jurídico institucional, que defienda y proteja los bienes comunes de los recursos naturales y los espacios públicos, con un ordenamiento territorial y económico de las regiones y que además tenga como base sustentación el bien común, combinando la iniciativa privada con función natural protectora del Estado, con equilibrio entre los principios de libertad, autoridad y protección de ese bien común.

La ciudadanía debe tener la capacidad de intervenir según sus posibilidades con sus representaciones organizadas y tener una justa representación, cuando el bien común este en peligro. Cuando las organizaciones olvidan este deber básico de sustentabilidad social, surge el desinterés y la apatía, el abstencionismo electoral, el fraude fiscal, la mala política, la crítica estéril,la defensa egoísta de los privilegios de la élite a costa del interés general,la corrupción del congreso y el individualismo social, encapsulando la sociedad en sí misma con deseos de venganza, desentendiendose de los objetivos que significan proteger el bien común y proyectarlo para todos.

El bien común es la suma de las estructuras que satisfacen las necesidades de logro de una sociedad y debe contar con un diseño estructural que vaya de acuerdo con su cultura y forma social del hacer, sin el paternalismo intrascendente y agobiante de las elites como ha estado ocurriendo en los últimos años en Chile. Los regímenes políticos y los políticos, solo pueden ser admisibles, reconocidos y respetados por sus semejantes,si promuevan el bien legítimo bajo el alero de una moralidad y una ética del hacer,que este de acuerdo con los requerimientos sociales y culturales de lo que se dice representar. Cuando los regímenes son contrarios a los derechos fundamentales de las personas, pierden su legitimidad, al no poder cuidar el bien común como corresponde, que a fin de cuentas debe ser el objetivo primordial de un gobierno ante una sociedad.