Prisión preventiva o prisión política

En estos días se ha presentado en el congreso una iniciativa que busca entregar amnistía a los llamados “presos de la revuelta” que según un informe del Instituto Nacional de Derechos Humanos alcanzan los 2500 entre octubre de 2019 y marzo de 2020. La mayoría de ellos y ellas jóvenes, algunos y algunas menores de edad, recluidos y recluidas en hogares del Sename. 

No están cumpliendo sentencia, están en “prisión preventiva” y no deja de llamar la atención, que algunos casos, cuando finalmente llegan a juicio son liberados después de pasar mas de un año en la cárcel, por ejemplo, el 3 de noviembre,  el 7° Tribunal Oral en lo Penal de Santiago absolvió a dos personas que estaban siendo acusadas de incendiar la estación Pedrero del Metro de Santiago en el marco del estallido social, quedaron libres de culpas tras la investigación efectuada, pero estuvieron un año encarcelados. 

En muchos de estos casos la principal prueba en su contra es el testimonio de un policía, que actúa como ministro de fe, por otra parte, vemos videos en redes sociales que dan cuenta el cómo “las pruebas”, son instaladas en las mochilas de las y los detenidos. 

Buscando información sobre el tema, me conmovió la historia de Felipe Santana, joven de 20 años, de Puerto Montt, quien fue sentenciado a siete años de prisión por sacar una banca de una iglesia. Felipe fue detenido 10 días después de la quema de la banca, prueba de hidrocarburos por el tiempo transcurrido no se pudo realizar, Felipe sufre un daño cognitivo tiene en realidad una edad mental equivalente a 13 años, pero aquello no fue impedimento para que la Iglesia, la fiscalía se empecinaran en ponerlo de ejemplo de la “mano dura”; el niega los cargos, el niega haber quemado una banca de la iglesia, pero a muy pocos les importa porque hay que castigar a quienes se atrevieron a protestar. Es la justicia, pero no me parece justo. 

Mientras muchos y muchas se encuentran en prisión preventiva por mas de un año, sin juicio, sin mas pruebas que el testimonio de algún ministro de fe, otros como quienes mutilaron a Fabiola Campillay y a otros cientos están libres, ni siquiera han sido identificados, ningún ministro de fe ha dado cuenta, de ser testigo de esos crímenes. 

Las leyes de nuestro país consideran la prisión preventiva como un elemento para proteger a la sociedad, pero al parecer en el caso de quienes participaron en las movilizaciones sociales estaría siendo utilizada como una herramienta política, de represión, utilizada para intimidar. 

La movilización social, la protesta es un derecho, la justicia no puede repetir su actuar de los años mas oscuros de este país y debe asegurar lo que conocemos como el debido proceso, no es posible que miles de jóvenes estén encarcelados por mas de un año, cuando el castigo por desórdenes públicos no excede los 61 días.

Para otros que han robado a todo un país, coludiéndose clases de ética son suficientes, para quienes han robado patrimonio, se les califica de coleccionistas y están libres, para ellos no es necesaria la prisión preventiva, no representan un peligro para la sociedad, solo se comprobó que robaron a todo un país, ellos no sacaron una banca de una iglesia.