¿Qué significa el derecho a la vivienda en Chile?. Acá te lo explicamos

29 Noviembre 2016
A pesar del reconocimiento internacional que existe sobre el derecho a la vivienda, en nuestro país no existe un nombramiento como tal en la Constitución.
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Desde 1985, la ONU decidió que cada primer lunes de octubre sería  el Día Mundial del Hábitat, un año después se celebró por primera vez bajo el lema “la vivienda es mi derecho”, 31 años más tarde, un 25 de octubre del 2016, en La Serena, un grupo de personas se toma una casa ubicada en el centro de la ciudad con el concepto “Ni casa sin gente, ni gente sin casa”.

Según la ONU, “alrededor de una cuarta parte de la población urbana del mundo sigue viviendo en asentamientos precarios e informales”, en Chile el año 2011 se realiza un catastro, en 161 comunas de las 364 del país, que concluye que hay 12.255 personas en situación de calle, mientras que el mercado inmobiliario tuvo su boom el año pasado liderando la actividad económica. Esta es sólo una representación del contraste que se vive actualmente en Chile con el tema de la vivienda. El mismo vaivén es el que está pasando en La Serena, en donde dos grupos se ven enfrentados; uno por  ocupación y otro por  herencia.

Claudio Carvajal, hace aproximadamente un año y medio atrás puso una casa en venta a través de Ricardo González, corredor de propiedades, la vivienda consta de un terreno de 400 mtrs2 y  se ubica en el sector céntrico de la ciudad.

“Es una casa habitable, estaba desocupada porque está en venta obviamente”, expresa su dueño, quién a través de un vecino se entera que la vivienda se encuentra en toma. Mientras que el corredor de propiedades agrega, “Yo pasé por la casa y me extraño que no estaban los letreros que yo había puesto de publicidad de venta, y hay un vecino que siempre me informa de lo que pasa en la casa. Justo este vecino me llamó al rato y me dijo que vio entrando una persona con mochila y yo me pregunté, ¿quizás vendieron la casa y no me avisaron?, vine a ver a Claudio, sorprendido él nos fuimos a la casa, mientras se llamó a Carabineros, una vez que llegamos allá, golpeamos y todo, salieron estas personas y nos dijeron ¡esto es una toma!”.

Cristian, tiene 26 años de los cuales más de 10 lo ha pasado en centros hospitalarios por tener un diagnóstico de difícil recuperación que lo ha llevado a someterse a diferentes tratamientos y operaciones. El sistema de salud no lo ha beneficiado del todo y hoy se encuentra en una situación precaria económicamente que le impide pagar un arriendo. Él es uno de los integrantes que ocupó la casa de Claudio, “La ocupación se produce con  el objetivo de hacerle un frente a la situación difícil de la vida que tiene que ver con la parte económica específicamente, debido a que los ocupantes desempeñamos distintas labores; hay trabajadores, estudiantes, y la verdad es que cada día enfrentamos una situación de precariedad frente a la vivienda” explica.  “Una casa ocupa es un modo de organización social, donde se hace política desde las bases y sin privilegios ni lucro, esa forma de hacer política acá en Chile, no está muy normalizada, porque todos creen que hacer  política es hacer un negocio. Nosotros hacemos política desde nuestro frente de lucha y gratis porque a nosotros nos nace del corazón, porque tenemos convicción y creemos en un mundo nuevo” agrega.

¿QUIÉN SE HACE CARGO DE ESTA SITUACIÓN EN EL PAÍS?

Casos como este están ocurriendo en diferentes lugares de Chile, las fuerzas de orden y seguridad no tienen las facultades para realizar un desalojo ya que debe existir un proceso judicial para ello.

A pesar del reconocimiento internacional que existe sobre el derecho a la vivienda, en nuestro país no existe un nombramiento como tal en la Constitución. Margarita Durán, abogada del Estudio Jurídico Fonseca y Miranda, explica  “Todas las normas se ordenan en una pirámide jerárquica, la Constitución está en  la cima  de en la cima de esta pirámide. Si existe algo que reconoce la Constitución, se entiende que es un derecho constitucional. Y en ella en el artículo 19, tiene una numeración taxativa de los derechos fundamentales y ahí no está considerado el derecho a la vivienda”. Mientras que paradójicamente en el mismo art. 19 inciso 24, si está estipulado en la Carta Suprema el Derecho a la propiedad, el cual expresa “El derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales o incorporales. Sólo la ley puede establecer el modo de adquirir la propiedad, de usar, gozar y disponer de ella y las limitaciones y obligaciones que deriven de su función social”.  Es decir, al existir un reconocimiento del derecho a la propiedad y no así del derecho a la vivienda se está violando el derecho humano que todos tenemos y es el de tener un lugar dónde vivir.

A nivel Internacional desde el año 1948, en la Declaración Universal de Derechos Humanos en el párrafo 1art. 25 se estipula que "Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios". De la misma forma en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, escrito en 1966 en su  art. 11 dice que los "Los Estados en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados, y una mejora continua de las condiciones de existencia".

En este sentido, la abogada de Estudio Jurídico Fonseca y Miranda agrega; “sin perjuicio de que el derecho a la vivienda no está reconocido expresamente, por vía de remisión al artículo 5 inciso 2, dice que los órganos del Estado están obligados a respetar los derechos fundamentales garantizados en tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes”.

¿CUÁL ES LA SITUACIÓN EN CHILE CON RESPECTO A ESTE DERECHO HUMANO?

El concepto de la vivienda siempre ha sido un tema de interés y preocupación para todos los gobernantes del país. En el gobierno de Jorge Alessandri, entre los años 1958 al 1964,  se construyeron más de 150.000 viviendas, así un número importante de familias se despedían de las llamadas poblaciones callampas, apodadas de esa forma ya que por la gran migración que hubo de lo rural a lo urbano, muchas personas comenzaron a construir sus casas con materiales de desecho y en lugares periféricos. Luego, en el gobierno de Eduardo Frei Montalva se crea el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, MINVU, con el objetivo de mejorar el déficit de viviendas en el país, para ello, además, se construyen escuelas, centros asistenciales, deportivos entre otros. Para Frei Montalva la vivienda significaba  “un bien de 1° necesidad el cual toda familia debe tener acceso, sin importar su nivel socioeconómico”. Años más tarde bajo el mandato de Salvador Allende se trabajaba para  construir y arreglar  las casas que estaban  en mal estado y además mejorar los entornos sociales de los lugares más pobres. Allende decía que “La vivienda es un derecho irrenunciable del pueblo, (por lo que) el Estado tiene el deber de proporcionarlo”. Estos objetivos  cambian de manera abrupta con la Dictadura de Augusto Pinochet, cuando se comienza con reestructurar completamente el MINVU, desligándolo de  la producción directa de casas para así hacer efectivo su concepto que la vivienda es “Un bien que debe ser adquirido por las familias a través del esfuerzo y el ahorro”.  De 80 mtrs2 de construcción de las viviendas estatales, en este periodo  se reduce inmediatamente a  25 mtrs2 con las viviendas sociales, un cambio radical que significó en muchas ocasiones el colapso de las políticas estatales relacionadas con el tema.

A partir de 1976, se produce una privatización del derecho a la vivienda y actualmente, a pesar de los esfuerzos por mejorar las condiciones, se continúan creando casas que son inhabilitadas para vivir y que no proporcionan requisitos básicos para su desarrollo adecuado.

¿CUÁL ES EL ROL DEL ESTADO?

La vivienda es concebida como un bien obligatorio que permite la satisfacción de otros derechos fundamentales como la salud, la educación, el trabajo, la convivencia, entre otros. Por lo tanto, si no existen las condiciones necesarias para su real funcionamiento el problema se va incrementa cada vez más. Pamela Silva sicóloga social y comunitaria explica, “en términos de pensamiento lógico y lineal, la adquisición de una vivienda tiene una relación directa con la superación de la pobreza, dado que se satisface una necesidad básica del ser humano como especie, que es la necesidad de un techo y un espacio seguro en el cual refugiarse y desenvolverse”. Actualmente las ciudades se ordenan de acuerdo a los niveles socioeconómicos de las personas, las viviendas “sociales” se construyen en la periferia, muchas veces sobre basurales o plantas de tratamiento de aguas,  creando un aislamiento considerable con el resto de la ciudad,  la inseguridad y el hacinamiento son los “leitmotiv” de las poblaciones en Chile. La sicóloga social y comunitaria Pamela Silva agrega, “Vivir en la periferia significa en lo cotidiano que si te quieres mover, ya sea por motivos laborales, estudiantiles o de recreación, tengas que invertir un gran esfuerzo en tiempo y dinero, lo cual por regla general escasea. A la larga, este esfuerzo pocas veces puede sostenerse en el tiempo, lo que va limitando las actividades y circunscribiéndolas cada vez más al espacio físico propio de la población.”

Ejemplos de la mala construcción que han tenido las viviendas entregadas por el Estado  a través del subsidio, hay muchos, innumerables creaciones de guetos que sólo incrementan la brecha económica existente en el país se repiten en varios lugares de nuestra franja larga y angosta. Por ejemplo los departamentos de “Bajos de Mena” en Puente Alto, Santiago, en donde la edificación de viviendas sociales en un terreno de aproximadamente 600 hectáreas, sin comisaria, escuelas y  centros de salud cercanos hacen dudar del real interés del Estado con respecto al tema. Otro caso emblemático se produjo en 1997, en el mandato de Eduardo Frei Ruíz-Tagle cuando las lluvias hicieron que las casas entregadas por el SERVIU se inundaran, existiera filtración de agua por las paredes y quedara en evidencia la mala calidad con la que fueron construidas las llamadas casas “Copeva” edificadas por los hermanos Pérez Yoma que sigue construyendo en la actualidad bajo el nombre de PY.

El acceso a la vivienda está determinado por la capacidad económica de las personas, ya que si no tienes dinero estás expuesto a una mala construcción, hecha con los materiales más baratos del mercado y un deterioro rapidísimo de la propiedad adquirida. Para las personas de estratos económicos más bajos el sueño de la vivienda propia está a su alcance sólo en la medida que el Estado tenga  un real compromiso  con este derecho para que así se pueda erradicar, además, todos los otros problemas sociales que se desencadenan al no poseer una vivienda digna donde vivir.