Senadora Muñoz envío oficio de fiscalización por intervención en el Río Cogotí

10 Diciembre 2014

La parlamentaria solicitó que se investigue la intervención del mencionado cauce, con la intención presunta de instalar una tubería o geomembrana.

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La senadora Adriana Muñoz manifestó que recibió información en torno a la intervención del Rio Cogotí, que abarca las localidades de Chineo, Barranca y Fraguita “el presidente del agua potable rural de la zona, me informó que durante el fin de semana largo se registró una intervención del rio con una máquina que aún no se ha podido identificar su origen. Al parecer esta máquina ha trabajado en el cauce del rio con el propósito de instalar una tubería o geomembrana”. 

Razón por la cual la presidenta de la comisión de Recursos Hídricos del Senado, consultó a las autoridades regionales de la Dirección General de Aguas y al ministerio de Obras Públicas en torno a este caso y dijo que “me confirmaron que nadie puede intervenir el cauce de un rio, a menos que tengan una orden o disposición provenientes de los servicios pertinentes”. 

A reglón seguido señaló que fue enviado desde la referida instancia parlamentaria un oficio de fiscalización a la DGA a nivel nacional “ en primero lugar, se solicita  una fiscalización en terreno y en profundidad  para constatar estos hechos que han sido denunciados y en segundo lugar, una vez que la DGA haya recabado información in situ, que haya hecho un diagnóstico, puedan intervenir no solamente enviando este caso a los tribunales, sino que también  tomando medidas inmediatas, informando al Gobernador sobre esta situación que es ilegal”. 

Agregó que “con esta última acción podría intervenir la fuerza pública para  detener esta situación. Quiero recordar que estos hechos se repitieron anteriormente en el Rio Mostazal, Rio Huatulame. Tenemos situaciones preocupantes”. 

Dentro de este contexto la  congresista enfatizó que “la DGA debe tomar medidas que se condigan con la zona de catástrofe. Aquí claramente existe un fuerte conflicto entre el agua para la bebida humana y la demanda productiva, motivo por el cual requerimos un ordenamiento en terreno a cargo de los organismos públicos estatales pertinentes, dado a que aún tenemos el debate legislativo en curso para modificar el Código de Aguas y reformar la Constitución”, concluyó.