Seremi de Justicia: “No basta sólo con el trabajo de Gendarmería en reinserción social"

Con la firma de la Presidenta Michelle Bachelet se despachó el proyecto de Ley que pretende revertir la tendencia al alza de la victimización, reducir los delitos violentos en la vía pública y aumentar las detenciones, además, contempla el endurecimiento de las penas para quienes cometan delitos contra las personas, como hurtos, robos y asaltos, en particular para los reincidentes.

Este proyecto refuerza también las atribuciones de las policías para investigar y entregar pruebas a los tribunales y de los fiscales para perseverar en las causas hasta encontrar y condenar a los culpables de estos actos ilícitos.

En relación a lo anterior, el Seremi de Justicia Carlos Galleguillos indicó que “hoy el 45% de las personas cumplen condenas por robos y hurtos igual o menor a 1 año, es decir, entran y salen de la cárcel. Con esta ley se modifica el código penal, en orden a establecer mínimos de cumplimientos efectivos de penas privativas de libertad, en caso de delitos que afecten comúnmente a las personas. De esta manera, al igual como se estableció con la ley Emilia, se dejaría fuera de estos delitos el juego de las agravantes y las atenuantes, estableciendo un mínimo efectivo de privación de libertad”.

En este sentido, las personas que sean reincidentes no tendrán derecho a beneficios penitenciarios que le permitan salir en libertad antes del cumplimiento de las penas y en el caso que sean condenados nuevamente, las penas comenzarían desde los 5 años y un día.

¿Y los primerizos?

En el caso de los primerizos que cometan delitos como robo con violencia o robo en lugar habitado, tendrán que cumplir una pena efectiva de privación de libertad. De ser delitos simples, podrán optar al derecho a una oportunidad.

“Estamos hablando de una mirada global del tema delincuencia y no de una agenda pequeña o de una ley en particular, ya que tenemos un plan que considera el aumento de la dotación de Carabineros y de la PDI; una ley de control de armas que castiga con mayor dureza los delitos de tenencia y porte de armas prohibidas y no inscritas; el fortalecimiento del Ministerio Público; un plan que aumenta la infraestructura, dotación y programas de Gendarmería de Chile; el fortalecimiento del Servicio Médico Legal; el Banco Unificado de Datos (BUD); un nuevo sistema de reinserción social con mayor capacidad profesional y técnica y la ampliación de los tribunales de tratamiento de drogas a todas las regiones del país”, enfatizó Galleguillos.

La implementación de los distintos  planes o programas se proyecta en un plazo no superior a los 4 años y consideran una inversión de más de $253 millones, además de un gasto permanente de $227 millones. En tanto, la dotación de personal de Gendarmería, PDI y Carabineros aumentará con las distintas iniciativas en 12.797 personas a lo largo del país.

Reinserción Social

Al proceso de reinserción social es asumido por Gendarmería de Chile a través de sus unidades o centros de reinserción local, también existen trabajos realizados por los concesionarios de las cárceles que van en ayuda de los internos en temas de reinserción, programas de capacitación laboral entre otros, sin embargo para el Seremi es un tema donde aún se debe trabajar.

"No basta sólo con el trabajo que realiza Gendarmería en el tema de la reinserción social, se necesita el apoyo de todos ante este tema. Existen diversos factores que afectan y dificultan el tema de la reinserción, estos son la sobrepoblación penal, la falta de recursos y la falta de personal capacitado para este trabajo, con el envío de este proyecto de ley mejoraremos esta área que es de vital importancia para generar un cambio y entregar nuevas oportunidades a las personas privadas de libertad", declaró.

A través de un proyecto de ley se quiere crear una nueva institucionalidad especializada en reinserción social,  un servicio con personal profesional capacitado en la implementación de programas de intervención y seguimiento de los casos, es así como se aumentará la dotación de psicólogos, asistentes sociales y el personal técnico necesario.

"Entendemos que la única manera para lograr la convivencia social y evitar la reincidencia es trabajar con esas personas y contar con personal capacitado para lograr su socialización", finalizó la autoridad.