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El artículo hace énfasis en la discriminación por motivos raciales, ideológicos, de orientación sexual, identidad de género, estado civil o discapacidad. Para los 35 parlamentarios gremialistas y nueve de RN que firmaron el escrito, esto atenta contra la igualdad ante la ley, al dar una connotación especial a esos tipos de discriminación. 

Arenas incluso señaló que el proyecto intenta “cambiar aspectos esenciales del derecho en familia, entre gallos y medianoche, a través de una simple reforma, algo que consideramos inaceptable. Se está tratando de imponer un consenso que no existe, sobre todo en materias de orientación sexual”. 

Por su parte, el jefe de bancada de la UDI, Felipe Ward, señaló que “la presentación intenta que no se vulnere la Constitución. Hay una convicción por parte de quienes estamos firmando de que se estarían vulnerando ciertas garantías fundamentales”. 

El requerimiento fue apoyado también por los diputados DC Jorge Sabag, Fuad Chahín y René Saffirio. Sin embargo, los dos últimos retiraron su respaldo, argumentando que habían firmado solo para resolver una cuestión de tipo constitucional, referida a los quórums de votación en el Parlamento. 

“El diputado Arenas le dio un contenido absolutamente distinto al cual habíamos convenido al momento de firmar, razón por la cual, después de que hace gala de una homofobia que no estoy dispuesto a compartir, tomé la decisión de retirar mi firma“, señaló Saffirio. 

“El origen de mi firma tenía que ver con un cuestionamiento de carácter constitucional, pero la UDI ha desnaturalizado absolutamente el sentido de esa presentación, dándole más bien un carácter homofóbico que jurídico”, agregó. 

El parlamentario explicó que “el artículo segundo aprobado por el Senado establecía condiciones adicionales a las establecidas en el artículo 19 número 2 de la Constitución en materia de igualdad ante la ley. Entonces, el artículo segundo del proyecto estaba reformando la Constitución, para lo cual se requiere un quórum especial que no se votó como tal en el Senado y se aprobó como si se tratara de una ley común”. 

“El texto íntegro del requerimiento da cuenta exclusivamente de los cuestionamientos de carácter jurídico. Sin embargo, cuando el diputado Arenas se refiere al requerimiento a través de los medios de comunicación, abunda en argumentos que no tienen nada que ver y que no comparto”, añadió Saffirio.

El proyecto provocó divisiones también entre el oficialismo. Aunque firmaron casi todos los UDI (35 de 39), diputados de Renovación Nacional criticaron la moción ante el TC. 

El diputado Joaquín Godoy, por ejemplo, consideró “de perogrullo” la necesidad de promulgar la ley: “Entiendo que la UDI y otros sectores le han dado una connotación religiosa a todo esto, que a mi entender, no debiera tener, sino que más bien debería demostrar el grado de tolerancia y aceptación hacia la diversidad y finalmente apertura que tiene nuestra sociedad en la actualidad. Entiendo que lo hagan, espero que no les vaya bien y que podamos terminar con un muy buen proyecto”, declaró.

En tanto, organizaciones de minorías sexuales manifestaron su rechazo este viernes con una protesta frente a la sede de la UDI, acusando que es contrario al principio de igualdad que está en la Constitución y a resoluciones internacionales aprobadas por Chile. 

En ese sentido, el presidente del Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh), Rolando Jiménez, enfatizó que es una ley que protege a diversos grupos de la sociedad: “Se han opuesto férreamente a que haya una normativa contra la discriminación que no solo beneficia a los gays y lesbianas. Es una ley que va a proteger de la discriminación por orientación sexual e identidad de género, pero también por discapacidad, origen étnico y lugar de residencia, entre otros aspectos. Por lo tanto, le están negando la ley a la mayoría de los chilenos que han vivido situaciones de discriminación”, indicó. 

“Esta es una campaña odiosa y enfermiza por parte de la UDI, que no quiere entender que Chile es un Estado laico. No podemos permitir que esto siga ocurriendo”, dijo Jiménez. 

Las organizaciones presentarán su propio escrito ante el TC para defender el artículo del proyecto de ley, que ya suma casi siete años de tramitación en el Parlamento, y aseguraron que para eso cuentan con respaldo de parlamentarios opositores y de RN.