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Los pobladores muestran desconfianza ante lo que pueda ocurrir con el suministro de agua, mientras la situación de la comunidad ya fue denunciada ante el Consejo de DD. HH de la ONU, donde se informó de los atropellos que ha implicado la instalación en la zona del relave El Mauro de Minera Los Pelambres.

Para las 18 horas de este viernes está convocada la reunión entre la comunidad de Caimanes y la Seremi de Salud de la Región de Coquimbo, donde se entregarán los resultados de la contra muestra que ordenó realizar este servicio respecto al informe de la Policía de Investigaciónes (PDI) que estableció que el agua de la zona presenta una elevada contaminación por metales pesados.

El estudio de la sección de Ecología y Medio Ambiente de la PDI arrojó presencia en el agua de metales como cadmio, hierro, manganeso, cromo, mercurio y plomo, en cantidades que hacen recomendable evitar su consumo, por lo que se decidió suspender el servicio en el poblado.

Según la presidenta de agua potable de Caimanes, María Vilches, hasta que no se revelen los resultados de la contramuestra la Gobernación solo autorizó el uso de agua para actividades que no impliquen consumo humano.Sin embargo, la dirigenta aseguró que en relación a lo que establezca el estudio de la Seremi, “es difícil que la población vuelva a creer que el agua no está contaminada, pues se reconoce que las napas sí están con altos índices de metales  pesados”, por lo que indicó que dentro de la comunidad “estamos muy confundidos, porque no sabemos qué va a pasar con nosotros y el agua”, dijo.

Pese a que se ha responsabilizado de la contaminación del agua al relave El Mauro de Minera Los Pelambres, Vilches indicó que debido a la presencia de mercurio –elemento con el que no trabaja el yacimiento-, se suma a las sospechas un caliche de oro próximo a la comunidad.

Por otra parte, se informó que la fundación France Libertés, de origen galo, dio a conocer el caso de la comunidad ante el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), respecto al atropello de las garantías que ha sufrido su población luego de la instalación del relave de la minera propiedad del Grupo Luksic, entre los que se cuenta la pérdida del 80 por ciento de las aguas que abastecían a Caimanes.

Uno de los expositores chilenos del caso ante la ONU, Patricio Bustamante, investigador en arqueoastronomía, indicó que en la presentación se hizo énfasis en una serie de derechos que estarían siendo vulnerados con este proyecto, como “la contaminación, porque el derecho a al agua es un derecho fundamental y también la situación de los abogados y dirigentes de Caimanes, que están querellados por la minera por asociación ílicita”.

En relación a este juicio France Libertes, indicó que  la asociación ilícita no procede “cuando una comunidad  aplastada por el poder de una empresa inicia acciones legales para defender su más sagrado derecho, el derecho a la vida”.

“A  través de la criminalización de los defensores del pueblo de Caimanes, la minera está buscando asegurar su impunidad, pero, además está asegurándose que nunca más un abogado se atreva a defender a un pueblo frente al abuso inhumano de una gran empresa”, agregó la organización francesa.

De acuerdo a Bustamante, en la ocasión también se subrayó la influencia que ejerce el Grupo Luksic, uno de los conglomerados económicos más poderosos de Chile, sobre la legítima defensa que ha hecho Caimanes de su comunidad: “Es incuestionable que la familia Luksic es incontrarrestable en el país, es lo que único que explica que hayan pasado tantos ‘errores’ en el proyecto. En los documentos que hemos visto se evidencia una violación sistemática de las normativas ambientales y leyes nacionales. Entonces, cuando la ministra de Medio Ambiente alega porque no se están respetando las leyes, aquí no se respetaron y las instituciones encargadas tampoco hicieron que así fuera”, sostuvo.

“El resultado de todo esto, es que las comunidades están siendo abandonadas por el Estado frente a poderes económicos enormes”, denunció el investigador del caso.

De esta manera, se solicitó a los relatores de la ONU que “dirijan su atención sobre las violaciones y tratados suscritos por Chile efectuadas en el curso del proceso”. Mientras, a nuestro país se le llamó a respetar los derechos humanos de la comunidad, la protección del medio ambiente y la independencia del sistema judicial, entre otras cosas.

Aunque los antecedentes que llegaron hasta la ONU también se entregaron nuevamente en Contraloría y el Consejo de Defensa del Estado para que sean investigados, según María Vilches de Caimanes, la situación concita más interés fuera del país que, por ejemplo, en el mismo Gobierno, quienes no se han pronunciado por el tema más allá de las autoridades regionales. “Somos un pueblo tan pequeño, tan escondido entre los cerros, pero igual somos personas, igual somos chilenos y necesitamos que alguien se haga responsable por lo que está ocurriendo”, declaró.

Conozca la presentación del caso Caimanes ante el Consejo de DD.HH de la ONU [9]