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Básicamente, plantean que la contratación de bloques de energía bajo la fórmula propuesta afectará los criterios comerciales, al introducir ‘mayor nivel de incertidumbre para los inversionistas’.

¿Cuáles son los cambios propuestos?:ampliación del plazo de tres a cinco años en los llamados a licitación; licitar bloques de energía conjuntos de las distribuidoras para  obtener economías de escala (medidas ya propuestas por la Comisión Ciudadana Parlamentaria-CCTP); y establecer un denominado “precio de reserva”, orientado a estimular a las generadoras a realizar ofertas más bajas para lograr adjudicarse bloques de energía determinados.

Ante esta medidas, y sin tapujos, los voceros energéticos anuncian posibles pasos a seguir, pues consideran que la autoridad se excede en sus atribuciones  y evalúan una presentación al Panel de Expertos (instancia que, desde 2004 se pronuncia sobre discrepancias y conflictos en torno a la aplicación de la legislación eléctrica). Alegan, además, que el gobierno está actuando “en una lógica incompatible con los principios de la Ley Eléctrica”.

Esta molestia de las generadoras eléctricas se suma a la expresada hace unas semanas por la interconexión SIC-SING anunciada por el gobierno, la cual fue especialmente criticada por Aes-Gener y Colbún, alegando que  no estaría contemplado en la LGSE y porque además se ha hecho “sin debate, análisis, ni participación alguna de los interesados y usuarios (..) con serios riesgos y consecuencias técnicas y económicas para el sistema".

Estos pronunciamientos son muy ilustrativos para la sociedad chilena, pues evidencian --sin maquillaje--el permanente doble estándar del empresariado eléctrico, que aplaude la intervención y liderazgo del Estado para cambiar la Ley Eléctrica  cuando es para “facilitar” y “entregar privilegios” a su negocio, como es el caso de la ley que acelera las concesiones eléctricas y la ley de carretera eléctrica - dos proyectos que actualmente el gobierno empuja con suma urgencia en el Parlamento, con todo el lobby  de empresas generadoras, trasmisoras y distribuidoras.

Pero al mismo tiempo se oponen a  las propuestas regulatorias para reducir las distorsiones del mercado eléctrico  para racionalizar sus (exorbitantes) ganancias, y posibilitar el ingreso de nuevos actores al  sector eléctrico.

Así, el problema medular que enfrenta Chile es la concentración del desarrollo eléctrico por parte de un pequeño grupo de empresas cuyo único objeto es maximizar sus ganancias; en un contexto donde los problemas de seguridad, costos y suciedad de la matriz no son sostenibles y tampoco responden a los cambios en el desarrollo eléctrico que demanda la sociedad chilena.

Es claro que la energía es un factor estratégico que debe ser abordado por los  gobiernos, con políticas de Estado, por sus efectos sociales, ambientales y económicos. Ya no hay espacio en la sociedad chilena para mantener una regulación, que desde 1981 hasta hoy, entregó todas las decisiones  sobre el desarrollo eléctrico a las mismas empresas que lucran con la generación, transmisión y distribución de la energía.  

Hace más de un año, la Comisión Ciudadana Técnico-Parlamentaria entregó al presidente Piñera y su ministro de energía una propuesta detallada  para la transición hacia un desarrollo eléctrico limpio, seguro, sustentable y justo, que prioriza la implementación del Plan de Acción de Eficiencia Energética, que permitirá al país un ahorro de $972 mil millones de dólares.

También propone incrementar a 20% la meta de Energías Renovables No Convencionales (ERNC) al año 2020, ya que los proyectos en construcción y aprobados ambientalmente concuerdan con la capacidad para cumplir con dicha meta.

Además recalca la necesidad de realizar reformas sustanciales al mercado eléctrico, lo cual incluye cambios en las licitaciones, el sistema de despacho, el costo marginal y de respaldo, la transparencia informativa en el despacho, control y tarificación y la participación ciudadana y de las regiones que permita compatibilizar el emplazamiento de proyectos energéticos, la protección de la salud y el ambiente,  considerando las prioridades de desarrollo local  y regional. 

Ciertamente estas serán también las definiciones que  los chilenos discutirán en la  cercana coyuntura electoral, donde el posicionamientos de los candidatos y candidatas presidenciales será un factor clave para su éxito en las elecciones para ocupar  el lugar central en la conducción del desarrollo nacional.

POR SARA LARRAÍN, Directora Ejecutiva Fund. Chile Sustentable