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Por Francisca Casas Cordero*

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El modelo económico y su aparato comunicacional y educativo han sido eficaces en formar nuestra cultura y pensamiento, de modo tal que muchas veces naturalizamos el hecho de pagar muy alto por derechos básicos como la salud y la educación. De la misma manera nos ha hecho invisibilizar las violaciones a los derechos humanos que sufrimos en materia ambiental.

En febrero pasado se presentaron prolongados cortes de agua en más de 20 comunas de Santiago. Pese a que en alguna medida esto sirvió para cuestionar el modelo de gestión y propiedad del agua en Chile, quedé con la impresión de que la mayoría de las intervenciones que se dieron al respecto en los medios, se hicieron desde el punto de vista de un consumidor más que del de un ciudadano, es decir, considerando el agua como un producto, más que como un derecho.

A pesar de que en los últimos años se ha hecho más visible el tema del agua en los medios de comunicación principalmente por los conflictos sociambientales como Hidroaysén y Pascua Lama, me atrevería a decir que nuestro nivel de indignación aún no está a la altura de la importancia de este derecho, y que la cantidad de personas indignadas y movilizadas es aún insuficiente. Esto no es raro si pensamos que por ejemplo, para un citadino cualquiera, el máximo acto de gestión del agua, consiste en girar la llave, y pagar la cuenta una vez al mes; y que por lo tanto, a veces es difícil tener conciencia y una perspectiva más completa de las diferentes dimensiones y la magnitud del problema del agua en Chile.

Dada esta situación y dado que la lucha por el agua recién comienza, es imperativo generar estrategias educativas que hagan más sostenible esta lucha, es decir, informar y sensibilizar a las nuevas generaciones en relación al derecho humano al agua.

En primer lugar, es imprescindible comenzar a utilizar el lenguaje de los DDHH cuando nos refiramos al agua, además de explicar por qué se trata de un derecho humano y cuáles son las violaciones más frecuentes en nuestro país. Es importante destacar también la interdependencia con otros derechos como salud y alimentación, entre otros.

Por otra parte, es necesario dar a conocer las bases legales que implican que en Chile el agua sea un bien de mercado, informar sobre el contenido que presenta la constitución del ‘80 y el código de aguas del ‘81, que separa la propiedad de la tierra, de la del agua, y que deja al agua con un estatus no muy diferente al de cualquier producto transable.

Con respecto a la responsabilidad individual, deberíamos ir más allá de la campaña “cerrar la llave” o de la “ducha corta” y darle un poco más de relevancia al tema del consumo responsable, de modo que podamos y decidamos diferenciar qué bienes, en su proceso de producción, utilizan más o menos agua.

Por último y sin agotar las alternativas, es imprescindible incluir una reflexión crítica que muestre las causas económicas y las complicidades de la política con esta crisis, que permita ver el problema del agua mas allá de lo que afecta de manera inmediata y directa a cada persona.

En fin, seguramente nada de esto es novedad para algunos docentes que ya están generando innovadoras iniciativas en sus aulas o talleres; lo mismo para educadores populares o líderes juveniles que trabajan el tema del medio ambiente a nivel local. ¡Héroes anónimos de la formación ciudadana, enemigos de la “ecología light”, multiplíquense…!

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*Socióloga de la Universidad Católica.