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Por Ricardo J. Godoy S.

La participación electoral observada en las últimas elecciones 2012 y 2013 hicieron evidente que nuestra democracia vive una crisis de representatividad, y  si bien en estos años se han hecho los esfuerzos para su superación, como el  aumentar el padrón electoral para que nuevas generaciones se hicieran partícipe del sistema político (pasar de una inscripción voluntaria y voto obligatorio a uno de inscripción automática y voto voluntario), lo cierto es que dicho esfuerzo es insuficiente si no logramos un cambio cultural en la forma de hacer política. Si no cambiamos la percepción de la política difícilmente podemos pensar en aumentar la participación.

La confianza rota entre la ciudadanía y representantes tiene su fundamento en la dimensión ética respecto al hacer política,  la idea de que quienes solicitan el voto lo hacen meramente por interés personal y no por unavisión respecto a hacer mejor lo que es de todos.

  La idea del desvinculamiento con lo público y con la calle ha calado hondo en nuestra sociedad.  El abuso constante, que no hay sintonía con las demandas sociales, que el representante piensa en vivir de la política y no para la política es forma y fondo del problema a la vez. Y lo que es peor. diariamente dicha sensación se ve reforzada a través de los medios de comunicación con las denuncias  de corrupción, de abusos de dineros públicos, de mal uso de información privilegiada, construcciones a medias…un largo listados etcéteras de abusos y más abusos que sólo hacen acrecentar la desconfianza y la caída de la participación.

Por eso es tan grande el desafío de quienes decidimos traducir ese malestar en una alternativa dentro del sistema, el devolverle a la política su dimensión ética con lo público y su vínculo con los problemas de la gente.La confianza, como en toda relación rota, se recupera con tiempo, con actos, con consecuencia entre el discurso y la praxis.

Pero la participación en democracia no descansa sólo en el mero acto de votar ni en los nuevos referentes. La ley de trasparencia del estado dotó a la sociedad de la mejor herramienta de defensa de lo público: hoy una comunidad activa, fiscalizadora y comprometida con el bien común es capaz de romper los círculos viciosos enquistados en la dimensión de lo público.

Por todo lo anterior es que creo que la denuncia presentada por Lorena Arellano ante la Contraloría General de la República, además de la querella criminal interpuesta por abogados en el Ministerio Público, por los gastos observados en los concejales del municipio de Curicó, vienen a ser una expresión más de aquella sensación de abuso que hay que erradicar de nuestro sistema de representación.

Sin duda que es una mala noticia para la democracia, para los partidos representados y para la comunidad que se llegase a encontrar irregularidades en los gastos justificados por los concejales, pero peor noticia para los curicanos sería que esto jamás se hubiese sabido. Que no fuese tema. Que todo siguiese tal como estaba. Dicho estatus quo significaría que nadie dentro de la comunidad expresó preocupación alguna por lo que es de todos y que los nuevos referentes políticos serían solo frascos nuevos para mismas prácticas y mismos silencios.

 Pero por suerte no es el caso. Y si bien es innegable la desconfianza  con la política y sus representantes, la denuncia presentada da cuenta que no todos los actores expresan el mismo sentimiento ético respecto al bien común y al servicio público. Que no nos equivocamos quienes decidimos instalar un nuevo referente que diera la pelea desde el sistema. Por eso esta auditoría que desarrollará Contraloría Nacional, independiente del resultado que se obtenga, de las sanciones o no sanciones que haya, le hace bien a las coaliciones partidarias (que luchan constantemente por mejorar su vínculo con la ciudadanía), bien a la democracia y bien a Curicó. 

*Ricardo J. Godoy S. es Cientista Político de la Universidad Diego Portales, estudiante de Magister en Opinión Pública y Vicepresidente Nacional del Partido Progresista