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La firma, controlada por Enersis, sostuvo que no hay certeza sobre la recuperabilidad de la inversión y que ésta depende de decisiones judiciales y de materias de la agenda energética “que hoy no están en condiciones de prever”, reiterando con esto sus críticas a las indefiniciones del gobierno.

El ministro de Energía Máximo Pacheco, se refirió a la detención de estos proyectos y adelantó que se espera reducir el precio de la energía en un 25 por ciento para 2021.

Además, afirmó que ha aumentado la construcción de centrales en este periodo: “Cuando asumimos el Gobierno, en Chile habían 28 centrales eléctricas en construcción (…) hoy día hay 45 centrales… hemos comenzado el despertar en el sector”, indicó a la prensa.

Con esto el Ministro reforzó la política esbozada por la Presidenta Michelle Bachelet de potenciar la hidroelectricidad. Sin embargo, expertos y ambientalistas afirman que no hay una decisión acertada de política eléctrica porque se excluyen una de las principales ventajas comparativas del país: las Energías Renovables No Convencionales (ENERC).

Para el Director ejecutivo de la organización Energía Inteligente, Miguel Márquez, ex asesor en la materia del ex candidato presidencial Marco Enríquez Ominami, la decisión de Endesa era “más que obvia”, considerando los obstáculos que fueron sufriendo ambas iniciativas en el tiempo. El especialista añadió que, durante todos estos años, los distintos gobiernos han desarrollado una política confusa.

“Yo tengo la impresión de que la política de Estado no solamente fue zigzagueante sino que durante décadas se mostró favorable a cualquier tipo de proyecto, sin importar las consecuencias, incluso si en algunos casos se trataba de hipotecar el futuro”.  También agregó que el Gobierno actual “no está haciendo más que corroborar decisiones que ya estaban tomadas, en el caso de HidroAysén y leerle la cartilla a un proyecto que no tenía ninguna viabilidad, y que en el caso de Punta Alcalde era algo similar”.

Vale señalar que tanto el caso de HidroAysén como Punta Alcalde tuvieron una larguísima tramitación, la que presentó irregularidades que desataron investigaciones y llegaron incluso a la Justicia.

Para Lucio Cuenca, Director del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA), los dos proyectos tienen en común la sostenida oposición de las comunidades locales, un elemento que, afirmó, debe incidir en las decisiones políticas del gobierno y las empresas.

Lo que, índico, es uno de los principales puntos que requieren un trabajo a nivel institucional; los plebiscitos, las consultas ciudadanas y a los pueblos indígenas.

Sobre esto se refirió el presidente de la Comisión de Medioambiente de la Cámara Baja, el diputado socialista Daniel Melo, quien reconoció que se requieren cambios de orden institucional.

“Chile cuenta con una institucionalidad ambiental relativamente nueva. Uno podría decir que esta institucionalidad, sin duda, debe ser perfeccionada, debe ser mejorada. En eso creo que tenemos pendiente una reforma que consolide el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEA) sobre todo en materia de participación ciudadana y Consulta Indígena. Por este tipo de conflictos muchos casos han ido a los tribunales y, por ende, tenemos un desafío allí como país de perfeccionar la normativa”, afirmó.

El diputado admitió que están a la espera de la reforma del Sistema de Evaluación Ambiental y también a la de la Comisión Asesora en la materia, la que esperan de forme este año para poder avanzar en este tema durante esta administración.