toalla-nova-678x330.jpg [16]

El subsecretario de Hacienda, Alejandro Micco, informó que el portal ChileCompra remitió información a la FNE y al Consejo de Defensa del Estado (CDE), sobre las adquisiciones realizadas por el Estado en productos de papel tissue a las empresas Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones (CMPC) y la compañía de capitales suecos SCA (ex PISA), detallando que sólo en compras de papel higiénico, el Fisco ha gastado 41 millones de dólares.

“En términos de papel higiénico el Estado había comprado desde 2007 a la fecha del orden de 41 millones de dólares”, señaló el subsecretario de Hacienda, mientras que el oficio enviado al CDE solicita “evaluar el mérito de tales hechos en cuanto su posible impacto en la economía nacional u algún otro perjuicio en contra del interés fiscal que pudiese surgir del estudio solicitado”.

A la espera de los resultados de estos análisis, la subsecretaría se reserva las acciones a seguir en contra de las empresas CMPC y SCA, por los sobreprecios pagados.

En tanto, diputados de la Comisión de Constitución de la Cámara, manifestaron su conformidad con la suma urgencia que el Ejecutivo le impuso al proyecto de ley que penaliza con cárcel los casos de colusión –es decir, tendrán quince días para que la Cámara discuta y vote el proyecto-, con penas que van desde los cinco años y un día hasta diez años de presidio, esto en el marco de las investigaciones sobre la colusión entre CMPC (Papelera) y SCA.

Asimismo, se busca que las sanciones económicas impliquen el doble del beneficio económico obtenido a través del ilícito o como máximo el 30 por ciento de las ventas durante el tiempo que se verificó el comportamiento ilegal de las compañías.

René Saffirio, diputado de la DC, sostuvo que “es prioritario resolver los abusos que se producen como consecuencia de colusiones”, las cuales, señala el parlamentario, son sancionadas hasta ahora con multas económicas que “representan una mínima parte de lo defraudado”, no obstante llamó a fortalecer los mecanismos de fiscalización estatales para evitar que sucedan nuevos casos.

“Hoy día las superintendencias, en general, y el Tribunal de la Libre Competencia, en esta materia tienen muchísimo que aportar para dar a los chilenos mayores seguridades de que estos mecanismos fraudulentos y mafiosos de colusión no se sigan reproduciendo. Nadie nos puede asegurar que respecto de otras actividades económicas, no tengamos novedades durante los próximos días, o meses, porque sería muy ingenuo pensar que la mafia sólo se construye para defraudar con el papel confort”.

Frente a la consulta sobre la rebaja de las sanciones para este tipo de casos durante la administración de Ricardo Lagos, el parlamentario de la Falange fue enfático: “Ahora le encuentro sentido a la frase de los empresarios, en su encuentro con el ex Presidente Ricardo Lagos cuando sostuvieron que los empresarios aman a Lagos”.

Arturo Squella, diputado de la UDI calificó como “un buen proyecto de ley” al que actualmente se tramita en la Comisión de Constitución de la Cámara, y acotó que la gran cantidad de proyectos sobre probidad y transparencia que se están tratando al interior de la Comisión habían obstaculizado que se analizara esta iniciativa.

El diputado gremialista señaló que es necesario “fortalecer la libre competencia, y todo atentado contra la misma tiene que ser sancionado severamente para bien de la sociedad”, al mismo tiempo que pronosticó una “fluida tramitación” de esta norma en la Cámara.

“Es un proyecto que está, más bien, en el ADN, me da la impresión, de la centro-derecha por la importancia que se le da, precisamente, al fortalecimiento de la libre competencia, y es impulsado, precisamente, por un gobierno de centro-izquierda, entonces eso nos da para pensar de que va a tener un tratamiento bastante fluido, y vamos a contar con una aprobación rápida en la Cámara, y ojalá también en el Senado”.

Squella prefirió enfatizar en la creación de la institucionalidad hace diez años, como es la Fiscalía Nacional Económica, y cuestionó a quienes han criticado mecanismos como la delación compensada “porque es precisamente la herramienta que ha permitido desbaratar estos carteles que tanto daño hacen”

La diputada Marisol Turres de la UDI, expresó que, si bien comparte el análisis sobre la necesidad de actualizar la legislación en esta materia, considera que aplicar la suma urgencia “no siempre es la mejor medida”, ya que puede atentar contra “la calidad del proyecto” por la premura de los plazos impuestos.

En cuanto a las sanciones que involucra este proyecto para los casos de colusión, la parlamentaria gremialista se manifestó a favor de endurecer las multas económicas por sobre las penales, dadas las atenuantes que, en general, confluyen en las condenas de este tipo que, a la larga, terminan reduciéndolas a penas alternativas.

“Yo soy más partidaria de aumentar, siempre, las penas pecuniarias, que de verdad duela el bolsillo. Y, por ejemplo, con lo que pasó ahora en la baja que ha tenido el valor de la CMPC, ahí tienes un castigo más que suficiente, porque esta baja correspondería a más de las utilidades obtenidas en el último año”.

El ministro de Economía, Luis Felipe Céspedes, por el contrario, defendió que el proyecto incluya penas de cárcel para los directivos y ejecutivos que estén involucrados en este tipo de delitos, y de esta manera, agregó, que la normativa chilena se estaría nivelando con la de países desarrollados, en este caso.

“Estamos aumentando las multas al nivel que lo hacen los países desarrollados, son lo suficientemente altas para disuadir acciones de este tipo, hemos logrado un buen acuerdo en el Congreso, las penas de cárcel son para las personas, para los ejecutivos que se han visto involucrados en este tipo de situaciones, tiene que haber una sanción muy clara respecto de las personas que participaron de la colusión”

En cambio, el diputado del PPD, Guillermo Ceroni puntualizó que las sanciones que se deben contemplar para este tipo de delitos tienen que ser tanto económicas como penales, ya que las primeras afectarían al patrimonio de la empresa, mientras que la segunda a las personas, en este caso ejecutivos que hayan estructurado la colusión.

“Creo que las dos sanciones tienen que ser, porque una sanción, la multa, afecta a la empresa, pero resulta que tenemos que aplicar también sanciones a los ejecutivos que estaban haciendo la maniobra, y haciendo todos los planes y gestiones para poder lograr esta colusión. Las empresas de por sí lo hacen en la medida que tienen directivos y ejecutivos que planifican toda esta colusión, entonces ellos tienen que tener sanciones penales”.

En esta materia, el fiscal de Puente Alto, Cristián Galdames, y quien está encargado de la investigación que involucra a CMPC y SCA, confirmó que sus primeras diligencias fueron pedir los antecedentes a la Fiscalía Nacional Económica (FNE) y al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC), para determinar los pasos a seguir en el proceso

Se suman críticas a la colusión de las papeleras

En tanto, desde otras áreas del quehacer nacional también expresaron su repudio a la colusión entre CMPC y SCA, como fue el caso del presidente del Banco Central, Rodrigo Vergara: “Rechazo enfáticamente este tipo de conducta, las sanciones deben ser ejemplificadoras (…) Las noticias sobre colusión que tuvimos la semana pasada y que todavía están profundamente en la prensa, ciertamente son negativas para la confianza. Ese tipo de práctica destruye la confianza”.

El presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC), Alberto Salas, si bien valoró las disculpas entregadas por Eliodoro Matte en una entrevista, sostuvo que esta situación demuestra que existen fallas en los “controles internos” de las empresas: “Tenemos algunas falencias en nuestras empresas y vamos a impulsar una mirada interna de revisar nuestros gobiernos corporativos (…) veamos cómo con ética y transparencia podemos seguir aportando al desarrollo del país”.

Salas agregó que las empresas deberán evaluar el daño ocasionado y la autoridad económica pertinente tendrá que determinar la manera de hacer la restitución apropiada.

El ex presidente de AFP Habitat, José Antonio Guzmán calificó de “vergonzoso, decepcionante y desalentador” el caso de colusión de las papeleras, ya que perjudica a toda la sociedad de manera transversal, y predispone a la ciudadanía aún más contra la empresa privada, según Guzmán.

El empresario agregó que la situación es “decepcionante porque proviene de una empresa que gozaba de una reputación intachable y ha sido tirada por la borda y porque revela la existencia de un pobre gobierno corporativo, de un enorme descontrol de la gestión, de un claro déficit ético de la formación profesional y de una política de activos muy mal puesta”.