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Las políticas ambientales deben estar destinadas a lograr un desarrollo sustentable y con proyección de futuro y ser el conjunto de objetivos, principios, criterios y orientaciones que se dictaminan para proteger el medio ambiente y las comunidades, implementados por instrumentos y planes de desarrollo, como consecuencia natural del estudio de los aspectos analíticos y prescriptivos de la problemática ambiental ante el proceso de desarrollo.

Según mi humilde experiencia adquirida en la cuenca del Baker en la región de Aysén, enfrentando el tema de las salmoneras, represas y la mediana minería desde 1994; podría decir sin temor a equivocarme, que la problemática actual en la formulación de proyectos energéticos, mineros y salmoneros, esta, al no existir formulaciones de operabilidad en la pre formulación de los proyectos, que considere todos los aspectos de la intervención, bajo una mirada social, cultural, productiva y económica, que vaya de acuerdo con las ventajas comparativas de los territorios y que este de acuerdo con su propia proyección de desarrollo.

Quienes trabajan por la protección ambiental de Arica a Tierra del Fuego bajo la actual Ley, no cuentan con una mirada global bajo la proyección de un modelo de desarrollo ambiental, ante la problemática que representa lograr regulaciones adaptadas a la propia realidad, que desarrollen planes operacionales detallados en las evaluaciones que realizan a los diferentes proyectos y reúnan las condiciones necesarias para ser desarrollados y que posteriormente en caso de ser aprobados bajo normas estrictas, cuenten con un diagnóstico de los pros y contras y con el financiamiento, para descontaminar y preservar la biodiversidad intervenida en caso de producirse problemas.

En estas formas poco claras en la cual opera la deficiente institucionalidad ambiental, es donde encontramos las debilidades en las deducciones y respuestas, que en teoría deberían entregarse bajo el sustento de los Estudios de Impacto Ambiental (EIA) que en la actualidad son meros saludos a la bandera y diseñados por los cuerpos legislativos, que no necesariamente responden a los cánones establecidos por las agencias ambientales internacionales y que cuentan con la capacidad de prever los posibles daños ambientales, conservar los aún intocados y restaurar los ecosistemas intervenidos de mala manera, por medio de un plan previamente establecido y aceptado por las partes.

Para conseguir respuestas a estos problemas de manera fidedigna, es necesario saber lidiar directamente con el medio, agua, bosques, aire, suelo, para aportar soluciones integradas en los planes transectoriales, que enfrenten los problemas ambientales con sustento social en las soluciones políticas que se imponen, con planes acción, estrategias, programas y proyectos, que permitan soluciones rápidas y adecuadas y no sólo reactivas como ocurre en la actualidad. Entendiendo que en estas denominaciones encontramos la definición de los instrumentos y los planes ambientales, que pueden entregar y proyectar sustentabilidad en los territorios intervenidos.

Lamentablemente desde hace rato que discurrimos sobre el tema ambiental y nos hemos suscritos a diversos tratados internacionales y participado de todas las cumbres mundiales de Clima y Medio Ambiente realizadas en el último tiempo, pero a pesar de todo, no hemos tenido la capacidad de desarrollar una política estratégica medioambiental que este integrada eficientemente al modelo económico y cuente con una visión global y estructural de la problemática, proyectando sustentabilidad social y proyección de futuro a las comunidades.

Es fácil apreciar como la proyección del Ministerio de Energía para desarrollar la matriz energética, esta sustentada bajo el trasfondo de una serie de proyectos de ERNC, encubriendo la verdadera intención de querer intervenir los ríos del sur-austral para generar energía hidroeléctrica, por medio de represas con muros de contención y embalses, para suministrar energía a la mega minería privada y el saldo vendérselo a Argentina. El mundo científico mundial desde hace mucho tiempo sabe y con fundamento, que las represas con muros de contención y embalses como las que pretende el Ministerio de Energía, son tecnología del pasado en el mundo del futuro, no son renovables como dicen, sedimentan los ríos con la intervención. Diferente seria si los proyectos energéticos fueran diseñados como represas de pasada y de esa manera pudiésemos solucionar los grandes niveles de contaminación de las capitales de las regiones de Los Ríos, Lagos y Aysén.

Esta forma de hacer del Ministerio de Energía, bajo ningún aspecto esta involucrado el Ministerio de Medio Ambiente; que por ley de la república es el organismo encargado de orientar y regular el ordenamiento ambiental del territorio nacional, definir las políticas y las diferentes regulaciones, para la conservación, protección y lograr un ordenamiento territorial, con un manejo, uso bajo un aprovechamiento sostenible de los recursos naturales renovables, con el fin de asegurarle al país, un desarrollo sustentable para todos y no solo para algunos.  

Las principales fallas de los proyectos energéticos, mineros y salmoneros, es que suelen ser muy deficientes en la formulación de los objetivos, carentes totalmente de información básica estratégica en los estudios que presentan y sobre todo, evaluados por entes poco preparados, carentes de estructura científica (Consejo de Seremis) que trastocados por los intereses de las empresas interesadas, no les exigen el cumplimiento de estándares técnico financieros, con información fidedigna del diseño estructural del proyecto y sus objetivos.

Es más que necesario que se obligue a todas las empresas interesadas en desarrollar proyectos de intervención territorial, una formulación seria y demostrable de las metas que quieren alcanzar, demostrar sus formas de autoevaluación y cuenten con un plan de seguimiento estructural de la operación y producción, con la estimación real de los costos y defina fehacientemente, las responsabilidades en caso de producirse problemas en la intervención territorial y en la proyección económica y social en las comunidades. Son muchos los proyectos que en la actualidad no cuentan con un adecuado seguimiento y con una evaluación seria, profesional y eficaz.