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Una de las obligaciones de todo municipio, es controlar y evitar la creación y proliferación del comercio clandestino dentro de la comuna. En Ovalle, es una política pública de la alcaldicia, prevenir y perseguir legalmente las actividades comerciales clandestinas. 

Es por ello, que la IM de Ovalle presentó la semana pasada una querella contra los que resulten responsables del juego clandestino, la que fue acogida el 2 de septiembre por el Juez de Garantía de Ovalle, Darío Díaz.

De acuerdo a la acción legal interpuesta por el abogado representante del municipio, Juan Carlos Manríquez, esto implica el “delito consumado de administración y/o explotación de casas de juego ilegal o clandestino; envite o azar y rotura de sellos puestos por la autoridad al violar clausuras legalmente ordenadas”. En el texto, se describen también una serie de hechos que pudieran configurar el delito de evasión tributaria, ya que los acusados han evadido los ingresos provenientes de las máquinas electrónicas de azar que no cuentan con patente. 

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De acuerdo a la legislación vigente, las únicas máquinas tragamonedas que pueden operar en esta comuna, son las que se encuentran en el Casino de Ovalle, “quedando excluida toda otra persona de desarrollar el mismo negocio, dentro de este territorio”.

Según esta misma legislación, todas las comunas donde se emplazan los casinos de juegos autorizados por la Superintendencia de Casinos de Juegos, benefician directamente a los habitantes del territorio en el que se encuentran. Esto, porque la región y la municipalidad de la comuna en la que se emplaza el casino, reciben un 10% cada una de lo recaudado a través del juego legal. 

El abogado querellante, explica que se le ha solicitado a la fiscalía, “que se identifique y formalice a los autores, cómplices y encubridores del juego clandestino, para que luego se proceda a acusarlos y condenarlos al máximo de las penas que la ley prevé para los ilícitos cometidos”. En el caso de que los condenados fueran personas de nacionalidad extranjera, Manríquez solicita que -previa notificación del Ministerio del Interior- “se les aplique además la expulsión del país, antes o después de cumplidas sus condenas, con costas”. 

Cabe recordar que la semana pasada comenzó el juicio en el que el empresario, Chong He, acusó al edil Claudio Rentería por injurias y calumnias. El juez de garantía solicitó a las partes, que el 6 de septiembre próximo presentaran una propuesta de texto de conciliación, el cual de acuerdo al procedimiento, debería ser presentado en principio por la parte querellante, la que aún no lo ha hecho. 

En los hechos descritos por la querella se detallan a nueve personas jurídicas que estarían ejerciendo el comercio clandestino en Ovalle. La mayoría de éstas se encuentran en calle Benavente y Vicuña Mackenna, las que incluso pueden funcionar a puertas cerradas durante toda la noche.